Derecho a emigrar y xenofobia

En los pa¨ªses industrializados, los procesos migratorios actuales -o m¨¢s bien el temor a sus proporciones futuras- est¨¢n teniendo como respuesta reactiva el riguroso cierre de fronteras. Esta determinaci¨®n, en gran parte, es efecto de la insolidaridad, que, a su vez, est¨¢ generando una xenofobia creciente. Se ha impuesto lo que se ha llamado el chovinismo del bienestar, que se amuralla defendiendo sus logros y acentuando unilateralmente como pretexto las propias limitaciones econ¨®micas de los pa¨ªses desarrollados. Como consecuencia, se est¨¢n profundizando m¨¢s intensamente las distancias entre el Norte y el Sur. Pero es una ilusi¨®n en la aldea planetaria, intercomunicada, el intento de regionalizar reservas privilegiadas con garant¨ªas aceptables de los derechos de los ciudadanos, que viven de espaldas a lo que sucede a la mayor parte de los habitantes de nuestro mundo.Son sobre todo los emigrantes por motivos econ¨®micos -no siempre diferenciables de los que lo son por razones pol¨ªticas- los que compondr¨¢n en el futuro inmediato la mayor¨ªa de las corrientes migratorias. Ello es efecto ante todo de los m¨¢s de mil millones de personas que padecen hoy malnutrici¨®n por carecer de lo m¨¢s elemental para la vida y que en sus actuales condiciones est¨¢n expuestos a la enfermedad y a la muerte prematura. Muchos de ellos s¨®lo podr¨¢n sobrevivir si buscan el m¨ªnimo de subsistencia en regiones distintas a las propias.

La atenci¨®n a estos hechos obliga a cambiar en 180 grados la perspectiva que trata de impon¨¦rsenos cuando se afronta el hecho migratorio, hay que hablar m¨¢s bien del derecho a la emigraci¨®n. ?sta es consecuencia del derecho reconocido en las declaraciones y pactos internacionales a la libre circulaci¨®n de las personas. Es tambi¨¦n congruente con la defensa de los derechos econ¨®micos y sociales y el m¨¢s prioritario derecho de todos al trabajo, a la alimentaci¨®n, a la salud y a la vivienda. Est¨¢ expl¨ªcitamente reconocido en la convenci¨®n internacional sobre la protecci¨®n de los derechos de todos los emigrantes y sus familias, aprobado en diciembre de 1990 en la Asamblea General de Naciones Unidas. Uno de sus art¨ªculos proclama que Ios trabajadores emigrantes y sus familias deben tener libertad para abandonar cualquier Estado, incluyendo el Estado de origen". En este contexto hay que recordar que los Estados occidentales, en la antigua confrontaci¨®n Oeste-Este, esgrim¨ªan con fuerza y con raz¨®n frente a los pa¨ªses comunistas, como un derecho inalienable, la reivindicaci¨®n de la libre circulaci¨®n por el mundo de los ciudadanos de estos Estados.

Y es evidente que este derecho es papel mojado s¨ª correspondientemente no se definen pol¨ªticas de recepci¨®n de los emigrantes, especialmente en aquellos Estados de mayor bienestar. De otra manera, la ca¨ªda de muros y barreras no tendr¨ªa efecto para los ciudadanos si sin soluci¨®n de continuidad se alzan adyacentes otros m¨¢s sutiles, pero no menos limitadores, de los derechos proclamados. Y as¨ª se est¨¢ produciendo la brutal paradoja de la construcci¨®n de un mundo libre y universal en el que circulan libremente las ideas, los capitales, las mercanc¨ªas, pero se niega esa libertad a sus ciudadanos.

La pol¨ªtica del Gobierno espa?ol desde 1985, cuando se aprueba la ley de extranjer¨ªa, ha seguido este rumbo de restricci¨®n y represi¨®n del derecho a la emigraci¨®n. Aunque ese flujo hoy entre nosotros, num¨¦rica y comparativamente, no es significativo, se ha elegido poner la venda antes de producirse la herida. Es una ley que pretende hacer pr¨¢cticamente imposible la emigraci¨®n de trabajadores provenientes de los pa¨ªses no desarrollados. Es, evidentemente, una ley discriminatoria de pobres. Su mentalidad delata el imperdonable olvido hist¨®rico de que Espa?a ha sido tradicionalmente un pa¨ªs de emigrantes y que todav¨ªa el n¨²mero de ellos sobrepasa con creces al de los inmigrantes acogidos. El primer resultado pernicioso de esta legislaci¨®n ha sido criminalizar el hecho migratorio. M¨¢s de 200.000 personas se han visto condenadas a la ilegalidad. Y ello no porque en su casi totalidad fueron sujetos de aviesas intenciones: delincuentes, narcotraficantes, sino sencillamente porque no les era posible cumplir unos requisitos insalvables, establecidos por la ley. Recientemente se ha propiciado excepcionalmente una normativa ben¨¦vola que ha permitido legalizar la situaci¨®n de unos 120.000 extranjeros. Otros muchos, explotados por sus empresarios, activos en la econom¨ªa sumergida, precisamente por esa lamentable situaci¨®n, no reun¨ªan los requisitos exigidos en el proceso de reconocimiento. Y si ahora se ha considerado que este n¨²mero considerable pod¨ªa gozar de estatuto legal, la pregunta obvia es por qu¨¦ no se facilit¨® desde el primer momento esa legalidad, evit¨¢ndoles sufrimientos y angustias familiares, dej¨¢ndolos inermes ante los abusos de desaprensivos y expuestos a ser se?alados por el dedo de los nacionales como gentes calculadoras de la ley. Finalizado el periodo de gracia, en una reedici¨®n de la tarea de Pen¨¦lope, se volver¨¢ a tejer la deprimente ilegalidad de nuevos y antiguos emigrantes.

Pero la gravedad de esta pol¨ªtica no s¨®lo est¨¢ en el da?o a los concernidos por la falta de reconocimiento de facto de su derecho a la emigraci¨®n, sino por su contribuci¨®n al deterioro de virtudes esenciales para el sostenimiento de la democracia. La extensi¨®n de la xenofobia y hasta del racismo ataca el coraz¨®n de las bases democr¨¢ticas. De hecho, en Espa?a, antes de la citada ley, eran escasos sus signos. Era f¨¢cilmente asimilable la cifra de extranjeros no pertenecientes a la Comunidad Europa, que entre legales y clandestinos no alcanzaba, ni entonces ni ahora, el medio mill¨®n. Por tanto, a esta ley le es aplicable lo que el Parlamento Europeo, refiri¨¦ndose a los pa¨ªses comunitarios, en su informe sobre emigraci¨®n de 1990, llama "racismo o discriminaci¨®n institucionalizada". Ese mismo documento considera que este tipo de legislaciones intensifica el racismo, incluso hacia minor¨ªas ¨¦tnicas naturalizadas. El caso espa?ol confirma este diagn¨®stico con el sorprendente recrudecimiento, con b¨¢rbaras manifestaciones, de un racismo que estaba dormido en la sociedad con respecto a las personas de etnia gitana. El resultado inesperado en la dimensi¨®n europea es que la pol¨ªtica de la Comunidad se est¨¢ orientando crecientemente seg¨²n la tetralog¨ªa formulada hace a?os por Le Pen y que se impone como ideolog¨ªa dominante. Vinculaba y condicionaba cuatro conceptos: "inmigraci¨®n, inseguridad, delincuencia, desempleo de los franceses". Y lo que al comienzo parec¨ªa un residuo poco sig-

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