Protesta sindical

COMO SABEN muy bien los abogados, toda causa tiene defensa. Naturalmente que existen argumentos contra el decreto sobre reducci¨®n de prestaciones al desempleo convalidado el jueves por el Parlamento. Pero esos argumentos no anulan las razones por las que las medidas contenidas en dicho decreto han sido aprobadas por una amplia mayor¨ªa de los diputados ni, sobre todo, justifican la convocatoria de una huelga general. El decreto responde ante todo a la necesidad de hacer frente a una emergencia: contener el d¨¦ficit desbocado del Instituto Nacional de Empleo (Inem). Adem¨¢s de eso, ciertos efectos indeseables del sistema vigente aconsejaban modificarlo. Se ha aprovechado para racionalizar el sistema, pero los recortes introducidos son consecuencia del agujero presupuestario, y cualquier argumento contra el decreto deber¨¢ responder a la necesidad de hacerle frente.Esos recortes perjudican los intereses de un sector de la poblaci¨®n, y concretamente de uno de los m¨¢s d¨¦biles y desprotegidos: el de las personas sin empleo o con empleo en precario. En la medida en que los sindicatos defienden, entre otros, los intereses de ese sector, es l¨®gico que muestren su desacuerdo. Pero un Gobierno democr¨¢tico representa intereses m¨¢s complejos y heterog¨¦neos que los defendidos por los sindicatos. Por grande que sea su inclinaci¨®n o preocupaci¨®n hacia los parados, no puede arriesgar, en aras de su defensa, los dem¨¢s objetivos que debe perseguir su pol¨ªtica econ¨®mica. Uno de los cuales es, desde luego, evitar la ruina fiscal del Estado.

En ello hay un inter¨¦s pol¨ªtico: los apoyos de los que depende su permanencia en el poder son hoy claramente interclasistas. Pero puede haber tambi¨¦n una motivaci¨®n moral: desentenderse de efectos como el incremento incontrolado del d¨¦ficit (y de sus derivaciones en materia de inflaci¨®n) significa apostar por una ineficiencia creciente del sistema econ¨®mico en su conjunto. Y la experiencia de todos los pa¨ªses demuestra que las v¨ªctimas principales de esa falta de eficiencia son los sectores m¨¢s d¨¦biles de la sociedad. Singularmente aquellos cuya falta de cualificaci¨®n profesional les sit¨²a en inferioridad para encontrar trabajo.

S¨®lo en ese sentido gen¨¦rico puede decirse que las medidas son beneficiosas para los trabajadores. En lo inmediato, es evidente que no lo son. Al menos, no para aquellos que vayan a ir al paro en el pr¨®ximo futuro (el decreto no tiene car¨¢cter retroactivo, por lo que no afecta a los trabajadores que actualmente est¨¢n cobrando el subsidio). El empe?o de algunos gobernantes y portavoces socialistas en vender lo contrario resulta algo pueril: ni es un paso adelante en la l¨®gica del Estado de bienestar ni admite una defensa en nombre de los principios de la socialdemocracia. Pero la discusi¨®n no es ¨¦sa, sino determinar si las medidas eran o no necesarias; si el Gobierno pod¨ªa permitir que siguiera el crecimiento imparable del d¨¦ficit del Inem (superior en 1991 a los 300.000 millones de pesetas). Tampoco se trata, por lo mismo, de discutir sobre si el Gobierno tendr¨ªa o no que haber intervenido antes de que se llegase a ese deterioro. Como en el caso de la miner¨ªa asturiana, no se puede alegar retraso en la intervenci¨®n para oponerse a ¨¦sta cuando al fin se produce.

No es que los sindicatos tengan que disponer de una alternativa de gobierno para ganarse el derecho a protestar. Pero es lo cierto que las respuestas que proponen a los problemas concretos hallados -el d¨¦ficit incontrolado y las derivaciones perversas del sistema: rotaci¨®n excesiva, tramos en que se gana m¨¢s sin trabajar, etc¨¦tera- pasan siempre por un incremento de los impuestos (aunque ello a veces se enmascara con referencias al fraude fiscal). Es, sin duda, una opci¨®n posible, pol¨ªtica donde las haya. Pero muchos ciudadanos no estar¨¢n de acuerdo, como no lo est¨¢n los expertos econ¨®micos, incluidos los de organismos internacionales que elaboran informes sobre Espa?a.

Tampoco comparte esa opini¨®n la mayor¨ªa de los representantes de la soberan¨ªa popular, seg¨²n refleja la votaci¨®n parlamentaria del jueves. El que los sindicatos no hayan verificado su apoyo social en unas elecciones generales no significa que carezcan de representatividad o que no tengan derecho a expresar su desacuerdo y a movilizar a sus seguidores contra decisiones del Parlamento: la democracia no se reduce a la elecci¨®n de representantes, sino que implica participaci¨®n en el proceso de toma de decisiones. Pero sus l¨ªderes no tienen raz¨®n cuando proclaman, como ayer Redondo al finalizar la manifestaci¨®n del Primero de Mayo, que nadie les hab¨ªa propuesto negociar. El gesto del veterano ugetista levant¨¢ndose -pronto har¨¢ un a?o- de la mesa del pacto de competitividad, en cuyo orden del d¨ªa figuraba la reforma del Inem, fue tan expresivo como inolvidable.