Convergencia, huelgas y desempleo

La presentaci¨®n por parte del Gobierno en las ¨²ltimas semanas de tres documentos importantes (programa de convergencia, proyecto de'ley de regulaci¨®n de huelga y el decreto que reforma la percepci¨®n del subsidio de desempleo) ha ocasionado, junto a airadas reacciones sindicales que amenazan de forma creciente con huelgas y paros de primavera y oto?o, un cierto silencio de la sociedad civil, cuando todo ello va a resultar de gran importancia para los ciudadanos en cuanto a perceptores de rentas salariales o pensiones, contribuyentes, usuarios y consumidores.Ante el rechazo frontal, sin matizaciones, de todo lo presentado por el Gobierno en estos temas, parece conveniente intentar acortarlos y an4zarlos con criterios no partidistas.

El documento enviado por el Gobierno al Parlamento el 3 de abril recoge el programa econ¨®mico que se propone seguir hasta 1996 para cumplir los compromisos adquiridos en Maastricht.

El objetivo del programa es doble: situar a nuestra econom¨ªa en una senda de equilibrio estable y,crecer m¨¢s que el resto para reducir el diferencial que nos separa (converger). Objetivos a perseguir con Maastricht o sin Maastricht, ya que sin crecimiento sostenido y equilibrado no se consigue el progreso social. Sin crecimiento de la econom¨ªa no se genera empleo, y la inflaci¨®n erosiona siempre a las capas menos favorecidas (rentas m¨¢s bajas, pensionistas y desempleados).

Las discrepancias, pues, tienen que estar no en los objetivos, sino en las medidas a aplicar para conseguir frenar la inflaci¨®n- contener el gasto p¨²blico e impulsar la actividad productiva y competitiva.

. Faltan, a mi juicio, en el programa las reformas estructurales de la econom¨ªa espa?ola que posibiliten alcanzar esos objetivos.

Son las reformas propuestas en el mercado de trabajo las que han despertado las iras iniciales, pero poco se avanza en la flexibilidad del mercado de trabajo, salvo una menci¨®n gen¨¦rica a la movilidad funcional, y la reforma de la formaci¨®n profesional, medida indispensable pero de efectos s¨®lo a medio y largo plazo. La supresi¨®n de la autorizaci¨®n administrativa previa a la extinci¨®n de las relaciones laborales y la reducci¨®n de los costes del despido siguen sin abordarse.

Faltan tambi¨¦n en el programa compromisos expresos y vinc-ulantes para la reforma del sector p¨²blico que posibiliten alcanzar los objetivos de reducci¨®n del d¨¦ficit. Y faltan tambi¨¦n medidas fiscales para incentivar la inversi¨®n, como han denunciado los empresarios a trav¨¦s de la CEOE. Mimar la inversi¨®n, en tiempos de aton¨ªa, deber¨ªa ser un prioridad del programa.

Pero quiz¨¢ lo que est¨¢ faltando es sobre todo credibilidad y divulgaci¨®n del men¨² que se le ofrece a la sociedad espa?ola, a la que s¨®lo llegan los mensajes catastrofistas, cuando deber¨ªa de explic¨¢rsele lo que nos jugamos todos en el ¨¦xito o en el fracaso del plan. Ser¨ªa deseable que no* fuese monopolizado por el Gobierno y el partido que lo sustenta, sino respaldado en su formulaci¨®n final resultante por la mayor¨ªa de las fuerzas sociales y econ¨®micas para convertirse en un compromiso nacional compartido.

El Real Decreto-Ley 1/92

Hace a?os que se viene denunciando la sangr¨ªa que supone el sistema de protecci¨®n del desempleo que tenemos en Espa?a. Nada se avanz¨® en las discusiones del plan de competitividad ni en las mesas tripartitas abiertas despu¨¦s. La "reforma del Inem" era siempre tab¨² para los sindicatos, que ve¨ªan en el sistema. una conquista alcanzada y, por tanto, intocable.

Mientras, los espa?oles pag¨¢bamos 100.000 millones de pesetas al a?o por el d¨¦ficit de un sistema que gastaba m¨¢s de 1,5 billones y, tras doblarse en dos a?os, puede costar este a?o i 1.000 millones diarios!

Ante esta realidad, el Gobierno decidi¨® frenar la hemorragia y empezar a limitar el fraude y el abuso, buscando incent¨ªvar el empleo y no la permanencia en el paro.

La forma deldecreto-ley no es ciertamente la m¨¢s aconsejable para promover el di¨¢logo con los sindicatos, pero tambi¨¦n es cierto que la alternativa que ¨¦stos ofrecen es la movilizaci¨®n, los paros y la huelga general.

El decreto, que ignora el sistema de cobertura agrario, urgentemente necesitado de reforma, ser¨¢ discutido como ley en el Parlamento, y es ah¨ª donde los diputados deber¨¢n mejorarlo, introduciendo las modificaciones que aumenten su racionalidad.

Sobre este proyecto se ha pronunciado ya el C¨ªrculo en su documento An-te la regulaci¨®n de la huelga, de 5 de marzo. Se destacaba ah¨ª c¨®mo en los ¨²ltimos a?os, en Espa?a, la huelga ha perdido su condici¨®n de "¨²ltimo recurso" para convertirse en "primer recurso" de presi¨®n (1.552 huelgas en 1991).

La utilizaci¨®n abusiva del derecho a la huelga, colisionando de forma clara con otros derechos fundamentales de la persona, como el derecho al trabajo o a la libre circulaci¨®n, ha ido originando una, creciente demanda social de cumplimiento del compromiso constitucional de regular la huelga.

La nueva normativa debe elaborarse en di¨¢logo con los sindicatos que, por cierto, aqu¨ª s¨ª han presentado una alternativa, y las asociaciones empresariales, pero sin olvidar que son los poderes p¨²blicos los obligados a promover y establecer esa regulaci¨®n.

Pero el tema de la huelga no es una cuesti¨®n meramente parlamentaria, sino que concierne a todos los poderes p¨²blicos. Legislar, pero sobre todo hacer cumplir las leyes y amparar las justas demandas constituyen los tres pilares de todo Estado de derecho.

?Qu¨¦ hay que hacer?

Los a?os que tiene Espa?a por delante pueden ser cr¨ªticos para culminar con ¨¦xito nuestra incorporacion a Europa. Converger con las econom¨ªas de los otros pa¨ªses no va a ser f¨¢cil para nadie, y entra?ar¨¢ cortes que no deben subestimarse. Pero quedarnos al margen o en el furg¨®n de cola no parece una alternativa digna de ser considerada.

Por ello hay que empezar a hacer los deberes lo antes pos¨ªble. El ¨²ltimo a?o transcurrido, con un fallido pacto de competitividad y unos presupuestos poco rigurosos, nos ha alejado de la senda deseable.

El Gobierno tiene ahora una dificil tarea: la de convencer a una sociedad que, por muchos motivos, ha perdido su fe y su confianza en los pol¨ªticos.

Es por ello por lo que resulta esencial alcanzar en este caso una alta tasa de credibilidad, decisiva para el ¨¦xito de la aventura. Para lograrlo, la voluntad de exponer los planteamientos a la sociedad y recabar su adhesi¨®n resultar¨¢n tan importantes como la firmeza de las convicciones.