Causas especiales
Un proceso a Jon Idigoras lleva seis a?os rebotando de juzgado en juzgado
Una sola frase despectiva del portavoz de Herri Batasuna, Jon Id¨ªgoras, que consiga excitar el celo del ministerio fiscal da trabajo a media docena de magistrados del Supremo, a 10 jueces de instrucci¨®n, otros tantos fiscales de variadas categor¨ªas, a una legi¨®n de mecan¨®grafas y adem¨¢s reparte juego al Congreso, al Tribunal Constitucional y al Parlamento vasco, entre otras instituciones. No es una exageraci¨®n, es la causa especial 1690/90 del Tribunal Supremo, que antes fueron diligencias previas y antes a¨²n sumarlo "de urgencia" de de instrucci¨®n 1 de San Sebasti¨¢n. La justicia lleva seis a?os a vueltas para dilucidar si una frase de Id¨ªgoras fue injuriosa para el presidente de? Gobierno y el entonces ministro de? Interior Jos¨¦ Barrionuevo.
Seis a?os de instrucci¨®n es un tiempo relativo para la maquinaria de la Justicia. En seis a?os se pueden recopilar los 250 folios de la causa especial contra Id¨ªgoras, o los 250.000 folios del sumario de la colza. En la misma causa, adem¨¢s de Id¨ªgoras, est¨¢ procesado otro orate de HB, Txornin Ziluaga. Resulta as¨ª que en seis anos no se ha podido juzgar a dos procesados, cuando en un a?o escaso se pudo sentar en el banquillo a 33 militares del 23F, por delitos bastantes m¨¢s graves y complejos.El 6 de agosto de 1986, en declaraciones al diario Egin, Txomin Ziluaga dijo que pod¨ªa definir a Felipe Gonz¨¢lez como "el presidente m¨¢s corrupto de la historia contenipor¨¢nea". Al calificativo de "corrupto" para Gonz¨¢lez, Id¨ªgoras a?adi¨® el de 'Tascista" para Barrionuevo. La causa naci¨® cinco d¨ªas despu¨¦s, el 11 de agosto de 1986, por denuncia del fiscal. En los meses siguientes declararon el director y a un periodista de Egin y el Parlamento Vasco inform¨® que Ziluaga e Id¨ªgoras hab¨ªan renunciado a sus cargos para incorporarse al Congreso en Madrid. Pasaron cinco meses antes de que se les tomase declaraci¨®n.
En los primeros meses de 1987, las diligencias quedaron aparcadas a la espera de que el Congreso informase si Id¨ªgoras y Ziluaga eran diputados tras haber jurado la Constituci¨®n "por imperativo legal". Como el Congreso inform¨® en sentido negativo, el juez Antonio Gim¨¦nez Peric¨¢s decret¨® el procesamiento. Durante 1988, s¨®lo se incorporaron al proceso los antecedentes penales de Id¨ªgoras, una condena a 1 a?o de prisi¨®n por apolog¨ªa del terrorismo. Id¨ªgoras no cumpli¨® la pena al conced¨¦rsele la libertad condicional.
Tres a?os sin cargos
La causa estuvo paralizada desde mediados de 1987 hasta marzo de 1989, debido a la sentencia del Constitucional que di¨® lugar al procedimiento abreviado. Millares de sumarios en tr¨¢mite fueron reconvertidos al nuevo procedimiento elaborado por Justicia, entre ellos el abierto a Ziluaga e Id¨ªgoras. As¨ª, trancurrieron tres a?os antes de que el fiscal presentase sus cargos. Pidi¨® dos meses de arresto y 50.000 pesetas de multa para Ziluaga y cuatro meses y 100.000 pesetas para Id¨ªgoras, a ¨¦ste ¨²ltimo por reincidente. La defensa, no sin raz¨®n, hizo constar su protesta por no haber tenido oportunidad de apelar el procesamiento ante la Audiencia, pese a haber transcurrido nada menos que... 22 meses.
Con el nuevo procedimiento abreviado, las actuaciones deb¨ªan remitirse a un juez de lo penal. Pero como el juzgado de lo penal de San Sebasti¨¢n no hab¨ªa sido creado a¨²n, el juzgado de instrucci¨®n 1 lo envi¨® al juzgado de instrucci¨®n 3. Dos meses despu¨¦s, al entrar en funcionamiento el juzgado de lo penal, el juzgado 3 lo devolvi¨® al 1 y ¨¦ste lo envi¨® al juzgado de lo penal.
Finalmente, el 24 de abril de 1990- los dos acusados se sentaron en el banquillo ante el juez, A los cinco minutos se levantaron, despu¨¦s de que el juez accediese a la suspensi¨®n del juicio, solicitada por el fiscal.
La suspensi¨®n tuvo que acordarse porque se estaba a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre la f¨®rmula de juramento de la Constituci¨®n -"por imperativo legal"- empleada de los parlamentarios de HB. Si prosperaba el recurso, adquirir¨ªan la condic¨ª¨®n de diputados y tendr¨ªa que ser el Supremo quien les juzgase. El Constitucional concedi¨® el amparo. Id¨ªgoras adquiri¨® su plena condici¨®n de diputado y la causa fue remitida al Supremo en septiembre de 1990.
En noviembre del 90 fue nombrado ponente el magistrado Marino Barbero Santos. La causa sufri¨® un segundo par¨®n y permaneci¨® paralizada un a?o entero. En noviembre de 1991 se acord¨® dirigir un suplicatorio al Congreso para proceder contra Id¨ªgoras. Cinco meses despu¨¦s, el Congreso est¨¢ a punto de concederlo. Pero a¨²n falta que el Supremo les juzgue.
'Cliente' distinguido
Id¨ªgoras es el cliente m¨¢s exclusivo de la Secretar¨ªa de Causas Especiales del Tribunal Supremo, segregada hace alg¨²n tiempo de las dem¨¢s, y que trata de poner en orden los dos centenares de procesos actualmente en tr¨¢mite contra aforados. Seg¨²n fuentes del alto tribunal, el esfuerzo realizado en los tres ¨²ltimos a?os por los magistrados de la Sala Segunda del Supremo ha conseguido poner virtualmente al d¨ªa ous¨ª recursos pendientes, que antes se contaban por miles. Pero el precio a pagar ha sido, seg¨²n las mismas fuentes, el retraso que afecta a las "causas especiales" y algunas sentencias contradictorias en un tribunal que tiene que velar por unificar la doctrina.De entre la med¨ªa docena de 4,causas especiales" que Jon Id¨ªgoras tiene colgando en el Tribunal Supremo, la 1690/90 es la que va "m¨¢s adelantada", seg¨²n fuentes del alto tribunal. Por tanto, no es de extra?ar que el portavoz de HB a¨²n no haya sido llamado a declarar en la querella que present¨® el fiscal del Estado contra ¨¦l en 1991 por otras manifestaciones realizadas tras la muerte de dos etarras tras el atentado de Vic.
A¨²n despu¨¦s, queda la querella tan urgentemente presentada por el fiscal del Estado el pasado 11 de febrero, a instancias del presidente Felipe Gonz¨¢lez, por amenazas al consejero vasco Juan Mar¨ªa Atutxa y al juez Carlos Bueren.
Pero Id¨ªgoras tiene pendiente, por encima de todas, la considerada causa reina de entre las especiales. Se trata del juicio por los hechos de la Casa de Juntas de Guernica, cuya repetici¨®n orderi¨® el Tribunal Constitucional al Supremo all¨¢ por 1986, al apreciar un defecto de forma que anul¨® las condenas. Desde entonces han pasado seis a?os y pese a varios amagos de se?alamiento, el Supremo est¨¢ a¨²n pendiente de repetir el juicio.
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