Un cambio de modelo

En lugar de ir a las causas del problema y restablecer el principio de causalidad y de racionalidad en la jungla en que se ha convertido el sistema de contrataci¨®n laboral, lo que hace el Gobierno -opina el articulista- es mantener este monstruo y recortar las prestaciones por desempleo a todos los parados poster¨ªores al decreto.

Es, pues, una medida que afecta potencialmente a m¨¢s de 7,5 millones de trabajadores en nuestro pa¨ªs. A todos menos a los funcionarios y a los eventuales del campo. Llamativa, por cierto, la au sencia del Plan de Empleo Rural (PER) de la reforma. Lo digo no porque quiera hacer part¨ªcipes de las desgracias del decreto a los trabajadores del campo, sino por las evidencias de clientelismo pol¨ªtico que pesan sobre este sistema.Afectando al conjunto de los trabajadores, el decreto penaliza sobre todo a los m¨¢s d¨¦biles: a los temporales (que ya por serlo ganan un 40% menos que los estables), a los fijos discontinuos, a los sujetos a expedientes de regulaci¨®n de empleo. La medida supone un profundo recorte: expulsa del sistema contributivo todos los contratos que no lleguen al a?o, que son la mayor¨ªa de los que se realizan (el 80% en 1991); reduce en un 50% el tiempo de la prestaci¨®n; disminuye en un 10% el porcentaje de las prestaciones sobre la base cotizada. El conjunto de estas medidas significa, en un supuesto-tipo para alguien con una cotizaci¨®n de 100.000 pesetas, una p¨¦rdida que se sit¨²a entre el 37% y el 100% de su prestaci¨®n contributiva.

Ello no es compensado por una mejora de las prestaciones asistenciales, que quedan congeladas en sus niveles anteriores: un subsidio asistencial de 42.210 pesetas, sin pagas extras (es decir, por debajo del umbral de pobreza si nos atenemos a los par¨¢metros comunitarios), para colectivos que en 9 de cadal 10 casos tienen responsabilidades familiares. Es probable que tambi¨¦n se extra?en luego los ministerios de Econom¨ªa y de Asuntos Sociales de que aumenten nuestras estad¨ªsticas de pobreza.

Este gran deslizamiento hacia un sistema con prestaciones asistenciales en lugar de contributivas tiene efectos grav¨ªsimos sobre la jubilaci¨®n y otras contingencias. El tiempo en el que un trabajador est¨¢ percibiendo un subsidio asistencial -a diferencia del seguro contributivo no cotiza ni se computa a efectos de jubilaci¨®n, invalidez, viudedad y orfandad. Las consecuencias son lacerantes. As¨ª, con el sistema anterior, un trabajador fijo discontinuo, por ejemplo, para tener derecho a una pensi¨®n de jubilaci¨®n (que requiere 15 a?os de cotizaci¨®n) necesitaba trabajar 20 a?os; ahora necesitar¨¢ 30, y no deber¨¢ hacerse ninguna ilusi¨®n de alcanzar alg¨²n d¨ªa una pensi¨®n plena (35 a?os de cotizaci¨®n) salvo que sea un matusal¨¦n.

Extinci¨®n de la prestaci¨®n

La tercera gran cuesti¨®n de la reforma consiste en eliminar las garant¨ªas para salvaguardar que las ofertas de empleo se adecuen al perfil profesional del parado. Desde ahora, el rechazo por parte del parado de la primera oferta de colocaci¨®n ser¨¢ causa autom¨¢tica de extinci¨®n de la prestaci¨®n. Aunque la misma poco tenga que ver con su cualificaci¨®n o experiencia profesional, con el nivel salarial de su categor¨ªa anterior o incluso sea inferior a lo que est¨¦ percibiendo en el desempleo. En adelante depender¨¢ de la discrecionalidad administrativa el que un economista, por ejemplo, tenga que optar entre perder el seguro o trabajar de almacenista. Lo peor, sin embargo, es que los trabajadores con menor cualificaci¨®n profesional tendr¨¢n muchas dificultades para asentarse en una carrera profesional definida: si tienen suerte, podr¨¢n saltar de uno a otro tipo de trabajo con escasas posibilidades de promoci¨®n en ninguno. Con ello parece renunciarse definitivamente a que el Inem se convierta en una agencia p¨²blica de empleo.

En lugar de ayudar a los parados a colocarse, el Inem va a ejercer de tribunal sumario para trasladarlos del paro con cobertura al paro a secas.

Por ¨²ltimo, el decreto-ley hace desaparecer el compromiso empresarial de creaci¨®n de empleo neto que anteriormente exist¨ªa para tener derecho a las bonificaciones ligadas a la contrataci¨®n. A partir de este momento, las subvenciones y bonificaciones no estar¨¢n condicionadas al aumento de plantilla, sino al hecho en s¨ª de la contrataci¨®n. Se suprimen asimismo las ayudas a la incorporaci¨®n de trabajadores minusv¨¢lidos al trabajo, agravando su marginaci¨®n.

Como se puede comprobar, el endurecimiento de los requisitos a los parados cambia de signo cuando de otorgar subvenciones a los empresarios se trata.

Este asalto al sistema de protecci¨®n al desempleo que se pretende consumar en Espa?a tampoco encuentra justificaci¨®n en la comparaci¨®n con la Comunidad Europea. El gasto por persona desempleada es en nuestro pa¨ªs el 77% de la media comunitaria. De los 12 pa¨ªses comunitarios, siete tienen protecci¨®n indefinida, bien a trav¨¦s del sistema asistencial de desempleo, bien bas¨¢ndose en otras f¨®rmulas de garant¨ªa de rentas o de salario social. En muchos pa¨ªses, los j¨®venes demandantes de primer empleo tienen derecho a un subsidio. Existen adem¨¢s otros mecanismos de protecci¨®n adicionales a los del desempleo, tales como ayudas familiares, ayudas de alojamiento, asistencia social, que aqu¨ª son pr¨¢cticamente inexistentes o simb¨®licos.

El objetivo real de estas medidas (rebajar la cuant¨ªa y la duraci¨®n de las prestaciones, obligar al parado a aceptar cualquier empleo) no es otro que el crear unas condiciones m¨¢s adecuadas para estimular a los desempleados a que busquen trabajo, ya que, seg¨²n la doctrina neoliberal que siguen a pie juntillas sus autores, el subsidio fomenta la pereza.

En Espa?a ya sabemos que esta estrategia no funciona: desde hace tiempo tenemos un mill¨®n y pico de parados que no tienen ninguna protecci¨®n, bien porque son demandantes de primer empleo y no tienen derecho al no haber cotizado, bien porque son parados de larga duraci¨®n y ya han agotado todas las prestaciones. Seg¨²n esa teor¨ªa, debieran estar imbuidos de un est¨ªmulo total. Sin embargo, siguen desempleados. Se puede opinar que algunos hayan nacido para parados, pero lo m¨¢s racional ser¨ªa pensar que en realidad no encuentran empleo porque sencillamente no hay suficientes puestos de trabajo en nuestra econom¨ªa, ni siquiera esos empleos-basura a los que se les quiere reconducir. Tampoco tienen formaci¨®n adecuada ni, desde luego, una agencia p¨²blica de colocaci¨®n capaz de orientarles, formarles y ayudarles a buscar empleo.

Virtudes neoliberales

J. K. Galbraith, refiri¨¦ndose a la pol¨ªtica de Reagan, se?ala en uno de sus ¨²ltimos libros publicados en Espa?a, no sin sarcasmo, las virtudes de esta doctrina neoliberal que concibe los est¨ªmulos econ¨®micos de una manera tan asim¨¦trica: para incentivar el esfuerzo econ¨®mico de los ricos hay que asegurarles m¨¢s dinero a trav¨¦s de ayudas de todo tipo y ventajas fiscales; en cambio, para motivar a los pobres al trabajo, lo conveniente es aumentar su grado de necesidad y de pobreza.

Este decretazo constituye un profundo giro, un aut¨¦ntico cambio de modelo en nuestro sistema de protecci¨®n social. Se profundiza as¨ª el camino hacia lo que Solchaga ha definido como Estado de bienestar b¨¢sico. Es decir, frente al Estado de bienestar socialdem¨®crata, un subproducto del Estado m¨ªnimo defendido por los conservadores en los ¨²ltimos 15 a?os.

El decreto es, adem¨¢s, el buque insignia de otras medidas ya claramente definidas (inhibici¨®n del Gobierno en la crisis que afecta a nuestra industria, recorte del derecho de huelga) o reiteradamente anunciadas (recorte e introducci¨®n de elementos privatizadores en la sanidad p¨²blica, desregulaci¨®n laboral, abandono y privatizaci¨®n del sector p¨²blico empresarial), que se quieren llevar adelante utilizando el nombre de Espa?a en vano, y que, en su conjunto, constituyen la mayor ofensiva neoliberal que se produce en nuestro pa¨ªs desde el plan de estabilizaci¨®n de Miguel Boyer en 1984, teniendo la actual arremetida much¨ªsimo mayor calado.

Si alguien cree que en cualquier pa¨ªs comunitario, ante un paquete de medidas de este tipo, sus sindicatos no hubieran reaccionado con el mayor rechazo y contundencia es que conocen poco los sindicatos y la realidad europea. De hecho, ning¨²n Gobierno europeo ha presentado medidas como ¨¦stas.

En los d¨ªas inmediatamente posteriores a la promulgaci¨®n de la norma que aqu¨ª comentamos, una delegaci¨®n de parlamentarios alemanes visit¨® nuestro pa¨ªs. Entre sus m¨²ltiples contactos, se reunieron con UGT. Un sindicalista no resisti¨® la tentaci¨®n de preguntarles qu¨¦ suceder¨ªa en Alemania si de la noche a la ma?ana se establecieran medidas de estas caracter¨ªsticas por decreto. La respuesta de uno de los miembros de la delegaci¨®n, representante de la fracci¨®n liberal, fue muy clara y contundente: ser¨ªa el suicidio del Gobierno. Aqu¨ª, en cambio, diversos bienpensantes consideran que los suicidas son los sindicatos por oponerse a las agresiones. Ciertamente, los espa?oles somos diferentes, pero dudo que lo seamos tanto.

Jos¨¦ Mar¨ªa Zufiaur es secretario confederal de UGT.