La cuarta etapa

LA EXPLICACI?N p¨²blica de lo que los socialistas consideran cuarta etapa de su mandato va a centrar los esfuerzos del Gobierno, y de su presidente, en las pr¨®ximas semanas. Esta etapa -que seguir¨ªa a las de su llegada al poder en 1982, ingreso en la Comunidad Europea en 1986 y proceso de modernizaci¨®n ligado a las celebraciones de 1992- tiene como horizonte la incorporaci¨®n de Espa?a, en 1997, al pelot¨®n de cabeza de las econom¨ªas europeas con motivo de la culminaci¨®n de la uni¨®n econ¨®mica y monetaria. Al margen de otro tipo de consideraciones, como la aparente disposici¨®n de Felipe Gonz¨¢lez a presentarse a las pr¨®ximas elecciones, la iniciativa revela la voluntad del Ejecutivo de pasar a la ofensiva respecto al plan de convergencia dise?ado como estrategia para llegar a ese horizonte de 1997.La identificaci¨®n de la mayor¨ªa de la poblaci¨®n espa?ola con el proceso de integraci¨®n en Europa es notoria, pero no puede decirse precisamente que ello sea consecuencia del esfuerzo de Gobierno y oposici¨®n por explicar a la ciudadan¨ªa el significado de ese proceso y los efectos cotidianos de sus fases sucesivas para el bienestar. Las reacciones al programa de convergencia son un exponente claro al respecto.

La necesidad de mantener a la econom¨ªa espa?ola estrechamente vinculada a la din¨¢mica integradora de Europa se ha visto reforzada por la definitiva creaci¨®n del espacio econ¨®mico europeo (EEE). La incorporaci¨®n al mercado ¨²nico de la CE de los siete pa¨ªses de la EFTA y la previsible ampliaci¨®n de la Comunidad con alguno de ellos, en general, con un grado de industrializaci¨®n y convergencia superior a Espa?a, confirma a¨²n m¨¢s la urgencia de adecuar nuestra pol¨ªtica econ¨®mica a esa homologaci¨®n que se exigir¨¢ en diciembre de 1996. El programa de convergencia trata de responder a ello, y su contenido, en l¨ªneas generales, es expresivo de las necesarias reformas estructurales y cambios de orientaci¨®n en las pol¨ªticas de demanda que es preciso acometer sin demora. Cualquier oposici¨®n frontal a ese programa es tan irresponsable como limitar la acci¨®n del Gobierno a su aplicaci¨®n decreto tras decreto.

La determinaci¨®n que el ministro de Econom¨ªa muestra en la aplicaci¨®n de algunas de las m¨¢s impopulares, pero no por ello menos necesarias, reformas tendentes a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y a reducir sus adversas consecuencias sobre el d¨¦ficit p¨²blico, no s¨®lo ha de extenderse sin demora al resto de las reformas contempladas en otros ¨¢mbitos, sino que ha de estar acompa?ada de la necesaria explicaci¨®n de su necesidad y de sus efectos. La ambig¨¹edad, cuando no la simplicidad m¨¢s ramplona, de que hasta ahora han hecho gala algunos partidos pol¨ªticos de la oposici¨®n en sus cr¨ªticas a ese programa de convergencia no permite cifrar excesivas esperanzas sobre el desarrollo del debate parlamentario del pr¨®ximo jueves.

Por todo ello resulta imprescindible que el presidente del Gobierno, sin duda el pol¨ªtico que mayor credibilidad concita entre los espa?oles, lidere de modo rotundo el proceso de convergencia. Si su presencia en la opini¨®n p¨²blica hubiera sido tan tangible como en la ¨²ltima semana, posiblemente se hubiera evitado el grado de crispaci¨®n que se advierte en la sociedad a ra¨ªz de la convocatoria de huelga general por los sindicatos. Inevitablemente, las comparecencias p¨²blicas que a partir de ahora lleve a cabo Felipe Gonz¨¢lez estar¨¢n m¨¢s marcadas por el prop¨®sito de neutralizar el alcance de la huelga general que por la necesidad de convencer a los espa?oles de que los medios arbitrados para conseguir el bienestar de las pr¨®ximas generaciones, por muy impopulares que sean en el corto plazo, se adecuan al fin mayoritariamente perseguido por aqu¨¦llos.

La correcta administraci¨®n del respaldo parlamentario con que Felipe Gonz¨¢lez viaj¨® el pasado diciembre a Maastricht exigir¨¢ igualmente explicaciones profundas sobre la parquedad con que han quedado reflejadas en el presupuesto comunitario para 1993 las demandas espa?olas de mayor dotaci¨®n al fondo de cohesi¨®n. La petici¨®n espa?ola de que esos recursos destinados a compensar los esfuerzos de Espa?a, Portugal, Irlanda y Grecia en aras de la convergencia alcanzaran en 1993 los 487.500 millones de pesetas ha sido s¨®lo parcialmente atendida, limitando esa cuant¨ªa a 201.500 millones de pesetas.

Como era de esperar, la convergencia exigir¨¢ sacrificios, pero no mayores que los que hubieran sido necesarios de no haber existido ese horizonte definido en Maastricht por los Doce. Al Gobierno le corresponde ahora vincular el balance de aquella cumbre con la detallada definici¨®n de prioridades en que se concreta su trabajo, cuando menos, en el inicio de esta cuarta etapa.