Un equipo dividido

Desde que ?lvaro Gil-Robles sustituy¨® a Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez como Defensor del Pueblo mantuvo el criterio de convertir la instituci¨®n en un equipo y alejarla de veleidades personalistas. Ello llevaba consigo aunar criterios en el seno de la instituci¨®n y, sobre todo, entre su titular y sus dos adjuntos. Las diferencias producidas en relaci¨®n a la ley Corcuera entre la adjunta primera, Margarita Retuerto, y Gil-Robles, que s¨®lo son la punta del iceberg de otras discrepancias detectadas por este peri¨®dico en la oficina del Defensor del Pueblo, dan al traste con ese prop¨®sito inicial del antiguo adjunto primero a Ruiz-Gim¨¦nez.

Fuentes de la instituci¨®n se lamentaban ayer de que, como le ocurri¨® a Ruiz-Gim¨¦nez por su negativa a recurrir la ley, Antiterrorista, para Gil-Robles ser¨¢ un lastre en su mandato la decisi¨®n de no recurrir la ley Corcuera, dado que es conveniente en todo caso un pronunciamiento del m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n, como le recordaba recientemente la Uni¨®n Progresista de Fiscales, aunque s¨®lo fuera para mejorar la aplicaci¨®n de sus m¨¢s discutibles preceptos.

Sin embargo, el alto comisionado de las Cortes Generales para la. defensa de los derechos constitucionales no ha sido receptivo a los argumentos de su adjunta primera, con quien conecta, en este caso, buena parte del personal de la instituci¨®n. Porque en el informe elevado a ?Ivaro Gil-Robles se dec¨ªa que "no le es l¨ªcito al legislador ordinario establecer prioridades que limiten derechos fundamentales" y que "toda limitaci¨®n ha de ser interpretada restrictivamente y no al contrario, como sucede en la ley de Seguridad Ciudadana".