Las rentas antiguas de las viviendas seguir¨¢n congeladas pero el inquilino asumir¨¢ costes fiscales

El Gobierno ha decidido desbloquear la nueva legislaci¨®n sobre alquileres, congelada pr¨¢cticamente desde principios de a?o, e iniciar los tr¨¢mites pertinentes para que el Consejo de Ministros la apruebe antes del verano, seg¨²n afirm¨® ayer en el Congreso el ministro de Obras P¨²blicas y Transportes, Jos¨¦ Borrell. La futura Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) contemplar¨¢ una duraci¨®n m¨ªnima de los contratos de alquiler de cuatro a?os con actualizaciones anuales seg¨²n el ¨ªndice de Precios al Consumo, s¨®lo permite una subrogaci¨®n y prev¨¦ el mantenimiento de las rentas congeladas o antiguas, aunque con un tratamiento fiscal favorable para los propietarios de la vivienda arrendada.

Despu¨¦s de varios meses de atasco, el Ejecutivo se ha decidido a dar v¨ªa libre a la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), tras sopesar detalladamente el coste pol¨ªtico y social de una medida de este calibre. Esta luz verde supone en la pr¨¢ctica que el texto elaborado por los t¨¦cnicos del Ministerio de Obras P¨²blicas y Transportes (MOPT) pasar¨¢ inmediatamente a la comisi¨®n de subsecretarios, lo cual significa que ser¨¢ estudiado y aprobado por el Consejo de Ministros "antes del verano", seg¨²n se?al¨® ayer en el Congreso de los Diputados Jos¨¦ Borrell, informa Camilo Valdecantos.

El proyecto de la nueva LAU supone la derogaci¨®n del decreto Boyer e introduce importantes modificaciones, aunque menos contundentes que las esperadas en un principio, sobre las rentas congeladas o antiguas.

Subrogaciones

El nuevo contrato de alquiler tendr¨¢ una duraci¨®n m¨ªnima de cuatro a?os y su precio se ir¨¢ actualizando anualmente en funci¨®n del ¨ªndice de Precios al Consumo (IPC) del ejercicio precedente.

Respecto al alquiler de los locales comerciales, la futura ley de arrendamientos consagrar¨¢ la libertad de mercado absoluta, de tal manera que los contratos se regir¨¢n directamente por la legislaci¨®n contenida en el derecho civil.

De cualquier forma, las innovaciones m¨¢s interesantes se producen en el conjunto de alquileres de viviendas sujetos a rentas congeladas. El proyecto recoge la anulaci¨®n de las subrogaciones (s¨®lo se podr¨¢ transmitir la vivienda entre el matrimonio, y no a los descendientes tal y como ocurre en la actualidad), y establece un tratamiento fiscal favorable para los propietarios de las viviendas en arrendamiento.

En concreto, el inquilino deber¨¢ correr con parte los gastos fiscales -impuesto sobre el patrimonio- derivados de la propiedad del piso alquilado, que hasta ahora corr¨ªan a cargo del titular de la vivienda. Por ¨²ltimo, se aprovechar¨¢ la nueva ley de arrendamientos para agilizar la resoluci¨®n de los pleitos por alquileres impagados.

Al margen de este bloque de disposiciones, la futura ley introducir¨¢ un art¨ªculo en el que se liberaliza la venta de las viviendas de protecci¨®n oficial (VPO) adquiridas antes de 1978. Hasta ahora estaba prohibida su venta en el mercado libre, aunque las transacciones de este estilo son una pr¨¢ctica bastante habitual.

Por otra parte, los datos del Ministerio de Obras P¨²blicas y Transportes reflejan que, en el periodo enero-abril, las solicitudes para acogerse al plan de vivienda 1992-1995 alcanzan el 43,7% de las previstas para el total del a?o.

El conjunto de esas solicitudes alcanzan un cifra de 34.749, correspondiendo 22.785 a VPO de nueva construcci¨®n, 6.309 a adquisici¨®n de viviendas a precio tasado, y 5.655 a rehabilitaci¨®n. Fuentes del MOPT se?alaron que "estas cifras suponen un elevado grado de cumplimiento del plan de vivienda en 1992".

Por comunidades aut¨®nomas, Catalu?a, Baleares, Arag¨®n, Galicia y Valencia son las que m¨¢s adelantados tienen el mecanismo burocr¨¢tico de admisi¨®n y concesi¨®n de ayudas. Por contra, Madrid, Canarias, Andaluc¨ªa y Cantabria est¨¢n todav¨ªa pendientes de publicar dichas normas.

Cumbre en junio

Adem¨¢s, el pr¨®ximo 23 del mes de junio se reunir¨¢ por primera vez la comisi¨®n estatal de seguimiento del plan de vivienda 1992-1995, que est¨¢ presidida por el titular de Obras P¨²blicas y Transportes, Jos¨¦ Borrell, y en la que participan representantes de las comunidades aut¨®nomas, los ayuntamientos, los promotores y las entidades de cr¨¦dito.

De este encuentro se sacar¨¢n las conclusiones necesarias para decidir si es necesario o no modificar el reparto de actuaciones por comunidades aut¨®nomas dise?ado a principios de a?o. Esta reordenaci¨®n se efectuar¨¢ en funci¨®n del ¨¦xito o el fracaso del plan en cada autonom¨ªa.

La financiaci¨®n, una de las piedras angulares del plan de vivienda, est¨¢ casi cubierta oficialmente, puesto que la mayor parte de los convenios suscritos con las entidades financieras ya se han plasmado en los pertinentes contratos. En concreto, de los 440.000 millones de pesetas de financiaci¨®n privada prevista para el plan 1992-1995 ya hay contratos rubricados por valor de 374.600 millones de pesetas.