Las numerosas ejecuciones extrajudiciales, reflejo del poder militar en Guatemala

El arzobispado de Guatemala llevaba contabilizadas hasta finales de abril 132 ejecuciones extrajudiciales en el pa¨ªs, de las cuales 96 lo fueron mediante armas de fuego. La cifra, aunque sea menor en comparaci¨®n con el mismo periodo del a?o 1991, no s¨®lo refleja la impunidad que ampara a algunos sectores en el pa¨ªs, sino tambi¨¦n revela el nivel de militarizaci¨®n de la sociedad guatemalteca.

Un reciente informe del Departamento de Estado norteamericano, referente a la situaci¨®n de los derechos humanos en Guatemala durante 1991, advert¨ªa que el Ej¨¦rcito, el m¨¢s poderoso de Centroam¨¦rica, "opera con autonom¨ªa institucional y legal significativa", pese a que el pa¨ªs se rige por un sistema constitucionalmente democr¨¢tico. El Ej¨¦rcito guatemalteco, distribuido en una veintena de zonas militares a lo largo del pa¨ªs, tiene implantado un sistema de Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza paramilitar entrenada contra la insurgencia, con medio mill¨®n de personas armadas, que cubre los rincones m¨¢s remotos del territorio. El informe norteamericano advierte que "los militares, las patrullas civiles y la polic¨ªa contin¨²an cometiendo la mayor¨ªa de los abusos contra los derechos humanos, incluyendo asesinatos extrajudiciales, tortura y desapariciones de ciudadanos, entreellos ni?os". Y pone de manifiesto que el m¨®vil de estos abusos es la creencia, sea real o basada en informaci¨®n falsa, de que las v¨ªctimas apoyaban a la guerrilla que desde hace 30 a?os se enfrenta a los sucesivos Gobiernos.

Exigencia de la guerrilla

Una de las exigencias que la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (UNRG), el principal movimiento de guerrilla, le plantea insistentemente al Gobierno del evangelista Jorge Serrano El¨ªas en las negociaciones que se desarrollan en M¨¦xico en busca de la paz es precisamente la disoluci¨®n de los paramilitares. Pero el Ej¨¦rcito, encargado de la seguridad del pa¨ªs, y que ha conseguido cautivar a un presidente que comenz¨® su mandato con una vocaci¨®n eminentemente civilista, se niega rotundamente. Los 500.000 paramilitares tienen funciones de vigilancia y control armado en aquellas zonas donde el Ej¨¦rcito, propietario de uno de los mayores bancos del pa¨ªs, de un canal de televisi¨®n y del hospital m¨¢s moderno de Centroam¨¦rica, no penetra.

Una fuente diplom¨¢tica occidental afirmaba a este peri¨®dico que, si bien hubo un avance en los primeros meses del mandato de Serrano en la reducci¨®n del poder del Ej¨¦rcito en el sistema, ahora se est¨¢ produciendo el efecto contrario. El presidente, que ya ha fracasado al no cumplir su promesa de pacificar el pa¨ªs al a?o de llegar al poder, ha encontrado en el Ej¨¦rcito, hoy presente en todos los rincones del edificio presidencial, una instituci¨®n aparentemente con esp¨ªritu de colaboraci¨®n, y que recibe de manera disciplinada cualquiera de las decisiones que emanan del poder civil.

Esto, seg¨²n la oposici¨®n, es un arma de doble filo. Un l¨ªder de la izquierda que prefiere mantenerse en el anonimato indica: "Serrano cree que controla al Ej¨¦rcito, pero lo que ocurre es que los militares han empezado a controlar al presidente. Un jefe de zona manda m¨¢s que un gobernador, y en los actos presidenciales es siempre el militar quien ocupa el lado derecho del jefe del Estado".

Ronaldo Iv¨¢n Ochaeta, director de la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado de Guatemala, afirma que en su pa¨ªs la represi¨®n s¨®lo cambi¨® de forma. "De una violencia generalizada se ha pasado a otra de tipo selectivo, dirigida, por ejemplo, contra la Universidad de San Carlos, que en lo que va de a?o ha sufrido el asesinato de dos catedr¨¢ticos y dos estudiantes".