Este suelo es m¨ªo

L. ROMERO. Los ayuntamientos afectados por el nuevo plan de c¨¢rceles no parece que quieran llevar su solidaridad con la administraci¨®n penitenciaria hasta la renuncia a los fuertes beneficios que se juegan en la recalificaci¨®n de los terrenos que ocupan las prisiones que van a ser cerradas. Son 50.000 millones de pesetas por cientos de miles de metros cuadrados de suelo que van a liberarse. Las negociaciones sobre los terrenos no s¨®lo son complejas en ciudades donde gobierna el PP, como Madrid, Valencia o Sevilla. Tambi¨¦n lo son en ayuntamientos socialistas, como Ja¨¦n y M¨¢laga.

En Valencia, las c¨¢rceles de hombres y de mujeres -¨¦sta ¨²ltima ya inactiva- se hallan dentro de la ciudad, cerca del r¨ªo Turia. El primer edificio y los jardines que lo rodean tienen una superficie conjunta de 36.000 metros cuadrados. El inmueble de la prisi¨®n de mujeres cuenta con 1.500 metros cuadrados. Las negociaciones entre: Justicia y el Ayuntamiento de Valencia -gobernado por el PP y Uni¨®n Valenciana se iniciaron hace varios meses. Justicia pidi¨® por el solar algo m¨¢s de 1.000 millones de pesetas, seg¨²n una fuente municipal.En Madrid, la negociaci¨®n va muy lenta y el terreno en juego es mucho: 204.834 metros cuadrados, de los que est¨¢n construidos 40.736. El Ayuntamiento -gobernado por el PP- quiere englobar la negociaci¨®n sobre Carabanchel dentro de un plan de descentralizaci¨®n de la Administraci¨®n que saque los ministerios y otros edificios p¨²blicos del centro de la ciudad, y tambi¨¦n pretende una participaci¨®n en los beneficios de la recalificaci¨®n.

En Sevilla, con un Ayuntamiento gobernado por andalucistas y populares, la pelea es por 40.000 metros cuadrados de suelo urbano situados en una zona de crecimiento de la ciudad.

El caso de Ja¨¦n es m¨¢s significativo: el alcalde quiere que el terreno de la prisi¨®n revierta a la ciudad. La vieja c¨¢rcel ocupa una superficie de 13.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Ja¨¦n -gobernado por el PSOE- quiere destinar 4.000 metros cuadrados a zona edificada y dedicar el resto a espacio libre. En M¨¢laga, tambi¨¦n con un Ayuntamiento socialista, la discusi¨®n no es s¨®lo por las compensaciones, sino que afecta a la propiedad del terreno: 13.984 metros cuadrados situados en la ciudad y en una de las barriadas de mayor densidad en Espa?a. Justicia quiere a cambio de su cesi¨®n 20.000 metros cuadrados fuera de la ciudad. El Ayuntamiento prefiere espetar a que se dictamine de qui¨¦n es el terreno.

Rebajas

El dinero obtenido mediante la recalificaci¨®n de estos terrenos es una de las bases econ¨®micas con que cuenta Justicia para financiar las nuevas c¨¢rceles. Pero si el suelo es del Patrimonio del Estado -en varios casos esto tambi¨¦n se discute-, es necesario que los ayuntamientos lo recalifique o lo cambie por otro para que de verdad adquiera valor en el mercado inmobiliario.

As¨ª, los 50.000 millones de beneficios previstos en un principio por la venta de terrenos est¨¢n sufriendo rebajas que van a superar los 10.000 millones. Dispuestos a sumar, en los c¨¢lculos iniciales se incluy¨® hasta el valor de edificios a derribar. De hecho, en la primera ampliaci¨®n de capital que har¨¢, la nueva empresa estatal creada para llevar adelante el plan de c¨¢rceles, el capital de la primera aportaci¨®n de bienes inmuebles procedentes de Justicia ha sido valorado en 22.175 millones, seg¨²n una fuente relacionada con esta empresa. Fuentes de Asuntos Penitenciarios manejan ya unas inversiones para todo el plan de 140.000 millones (10.000 millones m¨¢s de los inicialmente previstos). Dos cifras de distinto signo que har¨ªan obligatorio, para cumplir todo el proyecto, un claro incremento de las cantidades asignadas anualmente por el Gobierno para la construcci¨®n y el mantenimiento de c¨¢rceles (9.048 millones en 1991); un aumento del endeudamiento, o, lo que parece m¨¢s probable, una disminuci¨®n del n¨²mero de c¨¢rceles a construir.