El juez Angel M¨¢rquez firm¨® ayer el auto de apertura de vista oral contra Juan Guerra

El primer juicio por el caso Juan Guerra quedar¨¢ fijado en el plazo de 10 d¨ªas, tras el auto de apertura de juicio oral firmado ayer por el juez Angel M¨¢rquez. El fallo de la Audiencia de Sevilla, notificado ayer y que admite la implicaci¨®n de otros dos socios de Juan Guerra en la inmobiliaria Fracosur. -Carlos Jes¨²s Pulido Tarifa y Jos¨¦ Antonio Bellamy Pozo- en un delito de falsedad en documento mercantil, supone la conclusi¨®n de la instrucci¨®n de esta trama. Guerra se enfrenta a una petici¨®n de condena de nueve a?os, 36 millones de multa y deber¨¢ pagar una fianza de 60 millones.

Las defensas de los cuatro acusados de falsedad y fraude a Hacienda -los dos citados, Juan Guerra y Jos¨¦ Mar¨ªa Ramos Reina- deber¨¢n presentar calificaciones, tras lo cual, un juez de lo Penal fijar¨¢ la fecha de la vista, que tendr¨¢ lugar el pr¨®ximo oto?o, seg¨²n fuentes judiciales.El fallo de la Audiencia estima, como propon¨ªa el fiscal, que Pulido Tarifa y Bellamy Pozo, socios constituyentes junto a Jos¨¦ Mar¨ªa Ramos Reina de la sociedad Fracosur, son presuntos responsables de un delito de falsedad en documento mercantil detectado en los libros contables de la empresa, por lo que deb¨ªan ser incluidos por el juez M¨¢rquez en el auto de apertura de juicio oral.

Pese a que ambos socios no declararon como imputados durante la instrucci¨®n de diligencias judiciales por este asunto en concreto, la Audiencia de Sevilla estima que s¨ª lo hicieron en otros temas relacionados con la trama y ten¨ªan pleno conocimiento de los cargos que se les imputaban, por lo que no se vulneraron sus derechos.

Sin embargo, la resoluci¨®n de la Audiencia no estima la implicaci¨®n en los hechos de Adolfo de Bernardo, un testaferro de Juan Guerra en las operaciones realizadas por la citada sociedad en Levante, y para quien el fiscal ha solicitado en su calificaci¨®n provisional tres a?os de prisi¨®n y 500.000 pesetas de multa.

Seg¨²n el fallo, Adolfo de Bernardo no fue citado a declarar como imputado durante la instrucci¨®n del sumario, por lo que, seg¨²n la ley de Enjuiciamiento Criminal, no puede ser imputado ahora. Pese al fallo, la fiscal¨ªa mantendr¨¢ los cargos contra De Bernardo, seg¨²n inform¨® el fiscal Flores a este peri¨®dico.

El juez ?ngel M¨¢rquez, cuyo juzgado se encontraba ayer de guardia, redactaba a la una de la tarde el auto de apertura de juicio oral que ser¨¢ remitido hoy a las defensas de los acusados. M¨¢rquez admiti¨® la resoluci¨®n de la Audiencia e indic¨® que incluir¨¢ a los dos nuevos imputados en el auto. Esto implicar¨¢ nuevos escritos de acusaci¨®n que, seg¨²n el magistrado, no retrasar¨¢n las diligencias.

M¨¢rquez se mostr¨® satisfecho por la conclusi¨®n de esta parte del sumario y no quiso entrar en elucubraciones sobre la probabilidad de sentencias condenatorias que puedan recaer a los implicados.

Asimismo, el juez descart¨® por el momento que puedan adoptarse prisiones preventivas contra algunos de los principales protagonistas del caso, que, con toda probabilidad, aparecer¨¢n acusados de varios delitos y con amplias peticiones de condena en las tramas que tienen prevista su conclusi¨®n en las pr¨®ximas semanas".

Tres o cuatro meses

"Mi misi¨®n est¨¢ concluida en esta parte de las diligencias. He completado la instrucci¨®n y mi tarea concluye garantizando que los acusados tengan un juicio", afirm¨® ayer M¨¢rquez, quien agreg¨® que supone que la vista oral pueda tener lugar en un periodo de tiempo de tres o cuatro meses.En esta parte del denominado caso Juan Guerra, el ministerio fiscal ha solicitado tres condenas de tres a?os de prisi¨®n y multas por un valor total de 36 millones de pesetas para Juan Jos¨¦ Guerra Gonz¨¢lez y para su socio en la empresa inmobiliaria Fracosur, Jos¨¦ Mar¨ªa Ramos Reina.

El fiscal estima que ambos son responsables de dos delitos de falsedad en documento mercantil y uno de defraudaci¨®n a la Hacienda P¨²blica por valor de 12.828.000 pesetas. Por estas presuntas infracciones penales solicita tres a?os de prisi¨®n por cada uno de los tres delitos, adem¨¢s de multas de 500.000 pesetas por cada falsedad documental y de 35 millones de pesetas por la defraudaci¨®n. Tambi¨¦n pide el reintegro al fisco de la cantidad defraudada, que corresponde al ejercicio de 1989.