Un juez culpa por estafa a 300 poseedores de falsos certificados de invalidez
El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 6 de Granada dict¨® ayer un auto de inculpaci¨®n contra seis m¨¦dicos, dos abogados y varias personas m¨¢s, y contra los m¨¢s de 300 beneficiarios de una red de falsificaci¨®n de certificados m¨¦dicos para la obtenci¨®n de pensiones de invalidez. El juez les acusa de falsedad y estafa en diversos grados a la Seguridad Social.
Los hechos investigados se circunscriben a los a?os 1990 y 1991, en que los juzgados de lo Social de Granada reconocieron el derecho a cobrar pensiones por enfermedad a m¨¢s de 300 personas a quienes previamente los m¨¦dicos hab¨ªan certificado falsas dolencias.En el auto, el juez se?ala su prop¨®sito de tomar declaraci¨®n a las cerca de 350 personas a las que la Seguridad Social ha identificado como supuestos beneficiarios de la red ilegal, que capitalizaba Francisco Cara Mart¨ªn, propietario de una pensi¨®n de Granada, al que el juez imputa adem¨¢s un delito de intrusismo.
La denuncia fue remitida al fiscal por la direcci¨®n provincial de Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSSS). Entre los imputados figura el ex forense de la Audiencia granadina, Francisco Garc¨ªa Torres, as¨ª como los m¨¦dicos Mar¨ªa del Carmen Mufloz Pel¨¢ez, Jos¨¦ Luis Ros Recuenco, Jos¨¦ Melero Medina, Jos¨¦ Luis Roca Roca y Francisco Mart¨ªn Cazorla. Los abogados a los que el juez relaciona con la red de falsificaci¨®n son Pl¨¢cido Romero Funes y Emilia Morcillo G¨®mez, adem¨¢s de dos asistentes sociales emparentados con el due?o de la pensi¨®n que supuestamente asesoraba a los beneficiarios.
La mayor¨ªa de los 350 beneficiarios reside en pueblos de la Alpujarra granadina y almeriense. Todos ellos han sido declarados implicados en delitos de estafa y falsedad, si bien en un grado menor no determinado.
El juez especifica en el auto que la declaraci¨®n de inculpados se hace sin perjuicio de que durante la tramitaci¨®n del sumario aparezcan otros hechos presuntamente delictivos. El INSS no ha valorado a¨²n con justeza el montante del dinero defraudado.
Se ignora tambi¨¦n la cantidad que las personas que obten¨ªan el subsidio por incapacitaci¨®n pagaban a cambio de la falsa certificaci¨®n a los implicados.
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