C¨ªrculo de impunidad

EL AZAR ha querido que coincidan en el tiempo los desenlaces (por el momento) de los m¨¢s caracter¨ªsticos esc¨¢ndalos relacionados con la supuesta financiaci¨®n irregular de los partidos pol¨ªticos. La entrada en dique de los casos Naseiro, Filesa, de los casinos y de las tragaperras ha coincidido, adem¨¢s, con la renovaci¨®n parcial del Tribunal Constitucional y el debate consiguiente sobre la neutralidad pol¨ªtica de ese y otros organismos jurisdiccionales en cuyo nombramiento intervienen los partidos a trav¨¦s de sus representantes parlamentarios. Esa doble coincidencia ha venido a subrayar la existencia de unos intereses compartidos por las burocracias de todos los partidos, el primero de los cuales es el de garantizar la opacidad de sus mecanismos de financiaci¨®n.Las comisiones internas de investigaci¨®n resultan casi siempre una impostura cuando lo que se investiga tiene que ver con los citados mecanismos. Del dinero as¨ª obtenido no s¨®lo se benefician los encargados de la recaudaci¨®n, sino todo el partido. Pero como admitirlo implicar¨ªa la exigencia de responsabilidades a los l¨ªderes -de cuya imagen depende el futuro electoral del partido-, la principal tarea de las comisiones internas consiste en exonerar a esos l¨ªderes de cualquier implicaci¨®n. As¨ª ocurri¨® en el Partido Popular (PP) en relaci¨®n al caso Naseiro (informe Ruiz Gallard¨®n) y voIvi¨® a ocurrir con la an¨®nima comisi¨®n socialista que, tras el estallido del asunto Filesa, concentr¨® en dos personas toda la responsabilidad.

La v¨ªa de las comisiones parlamentarias no ha dado mejor resultado. Fue el PSOE, y no el PP, el que se opuso a la creaci¨®n de una comisi¨®n ad hoc para investigar el caso Naseiro. El motivo obvio fue el temor a las repercusiones que tal precedente podr¨ªa tener en el entonces candente caso Guerra. Los socialistas sostuvieron que la investigaci¨®n parlamentaria habr¨ªa de circunscribirse a aquello que tuviera que ver con la condici¨®n de diputado de alg¨²n supuesto implicado, y que para ello ya exist¨ªa la Comisi¨®n del Estatuto del Diputado. En todo lo dem¨¢s habr¨ªa que atenerse a lo que decidieran los jueces.

Pero cuando estall¨® el caso Filesa, un a?o despu¨¦s, el PSOE se opuso a la comparecencia del principal implicado, Carlos Navarro, en esa Comisi¨®n del Estatuto del Diputado y consigui¨® desviar todo el asunto al Tribunal de Cuentas, cuya intervenci¨®n ya hab¨ªa pedido el fiscal general. Ahora se ve que no fue una decisi¨®n casual: ese tribunal est¨¢ encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos para verificar si han respetado la legislacio5n sobre su financiaci¨®n, pero carece pr¨¢cticamente de facultades para indagar al margen de la documentaci¨®n facilitada por los propios partidos. No puede, por ejemplo, obligar a presentar sus libros o a justificar sus facturas a las empresas privadas que se hayan relacionado con los partidos investigados. Esa limitaci¨®n es tan evidente que la mitad de los miembros del Tribunal de Cuentas se han opuesto al informe exculpatorio del PSOE en el caso Filesa y han anunciado votos particulares.

Pero si el desenlace resulta en este caso particularmente desmoralizador, es porque los pronunciamientos de los magistrados han seguido milim¨¦tricamente la l¨ªnea de demarcaci¨®n establecida entre los partidos que los propusieron para el cargo. Incluido el presidente, cuyo voto de calidad ha roto el empate en favor de la exculpaci¨®n, y hasta el detalle de que la ¨²nica abstenci¨®n proceda del ¨²nico magistrado cuyo nombramiento fue avalado por socialistas y populares. ?Con qu¨¦ argumentos combatir, despu¨¦s de esto, la impresi¨®n de politizaci¨®n de unos ¨®rganos jurisdiccionales cuya funci¨®n es inseparable de su neutralidad? Si a ello se a?ade la autoexculpaci¨®n de Converg¨¨ncia -todos los dem¨¢s partidos han votado en contra- en el Parlamento de Catalu?a en relaci¨®n al esc¨¢ndalo casinos y el anuncio de una amnist¨ªa para los permisos ilegales de explotaci¨®n de las tragaperras concedidos por el Gobierno vasco, y si, a mayor abundamiento, se recuerda el euf¨®rico indulto que sobre la cuesti¨®n de fondo se ha concedido a s¨ª mismo ?ngel Sanchis tras el auto del Supremo en relaci¨®n al caso Naseiro, ?c¨®mo no concluir que, en el terreno de la financiaci¨®n irregular de los partidos, la impunidad es algo m¨¢s que un riesgo te¨®rico?