Descienden apreciablemente los conflictos de competencias entre el Gobierno y las autonom¨ªas
La conflictividad entre las autonom¨ªas y el Gobierno central se ha reducido dr¨¢sticamente. De 101 conflictos presentados ante el Tribunal Constitucional en 1987 se ha pasado a 17 en 1991 y a dos en el primer semestre de 1992. La presentaci¨®n de estas cifras motiv¨® que el secretario de Estado para las Autonom¨ªas, Francisco Pe?a, manifestara ayer: "La conflictividad, uno de los factores m¨¢s relevantes en la construcci¨®n del Estado de las autonom¨ªas, ya ha dejado de serlo". Pe?a admiti¨® que el punto negro radica en la acumulaci¨®n de asuntos en el alto tribunal: 298 en 1992.
El descenso de la conflictividad entre las comunidades aut¨®nomas y el Estado adquiere un ritmo espectacular a partir de 1990. De los 101 conflictos planteados ante el Tribunal Constitucional en 1987 se pasa a un ligero descenso en 1988, con 92 conflictos, para seguir a un mayor ritmo en 1989, con 60. A partir de ah¨ª la bajada es espectacular: En 1990, 32 asuntos; en 1991, 17; y en el primer semestre de 1992, s¨®lo dos.El secretario de Estado para las Autonom¨ªas, Francisco Pe?a, atribuye esta ca¨ªda espectacular de la conflictividad, que caracteriz¨® los primeros pasos de la construcci¨®n del Estado de las autonom¨ªas, a la normalizaci¨®n del proceso auton¨®mico, a la existencia de una jurisprudencia constitucional y a la mayor cooperaci¨®n entre las tres administraciones: central, auton¨®mica y local.
Pe?a atribuy¨® la primera fase de gran conflictividad, hasta el a?o 1989, a que "la reci¨¦n estrenada autonom¨ªa por parte de las comunidades determin¨® un af¨¢n reivindicativo, de reacci¨®n contra las posibles injerencias del Estado central y una respuesta defensiva del Gobierno y a que "no exist¨ªa experiencia por parte de los juristas espa?oles de un nuevo sistema de .distribuci¨®n competencial". El secretario de Estado para las Autonom¨ªas concluye que, en esa fase, "exist¨ªan temores, inseguridades, inexperiencia y una falta de cultura pol¨ªtica".
El cambio se produce, seg¨²n Pe?a, cuando el Tribunal Constitucional "consolida su actividad con la existencia de una jurisprudencia" y "el Gobierno central consulta con los de las autonom¨ªas las leyes antes de promulgarse". Otro de los mecanismos que m¨¢s eficaces se han mostrado para reducir dr¨¢sticamente los conflictos consiste en que "los partidos que gobiernan en las autonom¨ªas negocian las leyes en el Congreso, a trav¨¦s de sus grupos parlamentarios". "Es ya excepcional una ley recurrida por las comunidades aut¨®nomas", manifest¨® Pe?a.
Estas negociaciones han permitido que las comunidades atit¨®nomas hayan retirado, en numerosos casos, los recursos que hab¨ªan presentado contra el Gobierno central. En 1991, han sido 33 los desistimientos y en 1992, 13.
El balance de datos desde 1981 refleja tambi¨¦n que han sido proporcionalmente m¨¢s numerosos los recursos presentados ante el Tribunal
tucional por las comunidades aut¨®nomas contra el Estado que a la inversa. Desde 1981, el Estado Impugn¨® 128 leyes de las 1.707 promulgadas por las comunidades aut¨®nomas. Por su parte, las comunidades impugnaron 77 de las 575 leyes del Gobierno central.
Catalu?a, a la cabeza
Otro aspecto de inter¨¦s radica en los conflictos repartidos por comunidades aut¨®nomas. Catalu?a se sit¨²a a la cabeza de las autonom¨ªas que han impugnado leyes del Estado desde 1981 hasta hoy. De 243 leyes ha impugnado 37. Le sigue el Pa¨ªs Vasco, con 20 impugnaciones sobre 147 leyes. En tercer lugar figura Galicia, con 11 sobre 103; y en cuarto lugar, Andaluc¨ªa, con siete sobre 78.Los temas m¨¢s conflictivos, que han suscitado los recursos de las comunidades aut¨®nomas contra el Gobierno central han sido, por este orden, los que afectan a competencias en Agricultura, Econom¨ªa y Obras P¨²blicas. Sin embargo, los que han suscitado la intervenci¨®n del Estado contra las comunidades aut¨®nomas han sido los que afectan a la territorialidad de las autonom¨ªas.
La cara m¨¢s oscura de la moneda son los conflictos acumulados por el Tribunal Constitucional que, si bien han pasado de 419 en 1989 a 290 a hoy en d¨ªa, el atasco resulta espectacular porque el alto tribunal s¨®lo puede resolver medio centenar de asuntos al a?o.
Pese a los desistimientos y a la dr¨¢stica bajada de la conflictividad, la acumulaci¨®n de asuntos pendientes sigue siendo grave, seg¨²n admiti¨® el secretario de Estado para las autonom¨ªas. Como bot¨®n de muestra cabe se?alar que hay 27 conflictos sin resolver desde 1985; 46, desde 1986; y 69 desde 1987.
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