?Caza de nacionalistas?

Por los medios de comunicaci¨®n conocemos que en d¨ªas pasados se han practicado una serie de detenciones de presuntos miembros y colaboradores de Terra Lliure, algunos de los cuales se encuentran en prisi¨®n incondicional, otros en libertad bajo fianza y otros en libertad sin fianza; situaciones decididas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n, tras tomarles las correspondientes declaraciones.Hasta aqu¨ª los hechos no tendr¨ªan mayor trascendencia que la propia de cualquier investigaci¨®n tendente a esclarecer posibles responsabilidades criminales. Sin embargo, la operaci¨®n llevada a cabo por la Guardia Civil y la posterior intervenci¨®n judicial han desencadenado una serie de reacciones en medios pol¨ªticos catalanes en el sentido de que se trata de perseguir de forma global a todos los sectores del nacionalismo.

Malos tratos

Adem¨¢s se ha denunciado la existencia de torturas y malos tratos a los detenidos. Siendo esto ¨²ltimo preocupante, pues la acusaci¨®n es grave y, caso de ser cierta, tales conductas resultar¨ªan totalmente rechazables, sin embargo no es tan sorprendente como lo primero. Y es que cuando se leen las declaraciones que hablan de caza indiscriminada de nacionalista, de ruptura de la paz ol¨ªmpica y que comparan la labor judicial en este caso con la del Tribunal de Orden P¨²blico franquista, una tiene la sensaci¨®n de que se hace abstracci¨®n de un dato fundamental, a saber, que las detenciones y la posterior actuaci¨®n del juez obedecen a la existencia de unos hechos presuntamente delictivos, tales como atentados con explosivos, tenencia de armas, pertenencia y colaboraci¨®n con la organizaci¨®n terrorista, etc¨¦tera.

Estas reacciones que lanzan la idea de la persecuci¨®n generalizada parecen no distinguir entre lo que es el leg¨ªtimo sentimiento nacionalista plasmado en ideales y fines pol¨ªticos y la actuaci¨®n de quienes, so pretexto del nacionalismo, se colocan en la ilegalidad. Si los nacionalistas que repudian la violencia no se separan de los que la utilizan, entonces se hace un flaco favor a la causa de los primeros, porque pierden su legitimidad y, adem¨¢s, se crea un confusionismo peligroso para los que desde fuera contemplan la realidad catalana. Imaginemos cu¨¢l ser¨ªa nuestra reacci¨®n si Ardanza o cualquier otro pol¨ªtico vasco hiciese, refiri¨¦ndose a detenciones de presuntos miembros y colaboradores de ETA, las mismas manifestaciones que, en estos d¨ªas, hemos escuchado a' destacados dirigentes catalanes en relaci¨®n a la operaci¨®n que nos ocupa.

Parang¨®n repugnante

Adem¨¢s, comparar la actuaci¨®n de la Audiencia Nacional, en esta ocasi¨®n del juez Baltasar Garz¨®n, con las haza?as del Tribunal de Orden P¨²blico es, en el mejor de los casos absurdo, pero desde la perspectiva de la persona a quien va dirigido el parang¨®n, resulta repugnante, pues pocos jueces como ¨¦l se han significado en Espa?a por su labor respetuosa al m¨¢ximo con los derechos fundamentales y ajena por completo a cualquier condicionamiento pol¨ªtico. Y esta caracter¨ªstica del juez, por todos conocida, me lleva a pensar que cuando ciertas personalidades de la vida pol¨ªtica catalana le han dirigido telegramas y llamadas para expresarle su protesta por lo acontecido y solicitar la libertad de los detenidos, lo han hecho de cara a la galer¨ªa y no contando con obtener alg¨²n resultado.

Pero si sorprendentes son las afirmaciones de algunos l¨ªderes catalanes, que en ¨²ltima instancia sirven a una idea leg¨ªtima, la del nacionalismo, aunque sea utilizando unos procedimientos rechazables por su falta de rigor al obviar ciertos datos, por la generalizaci¨®n de sus aseveraciones y por lo que de manipulaci¨®n de la opini¨®n p¨²blica tienen, incomprensibles son ciertas versiones apocal¨ªpticas que de la cuesti¨®n se han hecho present¨¢ndola como una nueva forma de fascismo que viene. Los hechos nada tienen que ver con la terror¨ªfica historia que algunos han contado de que la Guardia Civil entra a saco a registrar y detener porque un juez, en base a una mera sospecha de que algo pasa, ordena una redada indiscriminada y todo ello bajo el imperio de una Ley de Seguridad Ciudadana que sirve para todo. Mezclar tan arbitrariamente afirmaciones y datos no contrastados crea confusionismo en quien no tenga una cierta capacidad de an¨¢lisis y disecci¨®n. Y si peligrosa es la apat¨ªa frente al poder, no menos lo es la apat¨ªa frente la manipulaci¨®n que en ocasiones se practica desde los medios de comunicaci¨®n. Que la Ley de Seguridad Ciudadana, en alguna de sus previsiones responde mejor a un r¨¦gimen autoritario que a uno democr¨¢tico, es algo que a muchos nos parece evidente. Pero al introducirse esta idea donde no tiene cabida, y desde luego no la tiene en las detenciones de presuntos activistas de Terra Lliure, lo ¨²nico que se consigue es debilitar la necesaria cr¨ªtica que tal norma merece y que s¨®lo es admisible desde el conocimiento de lo que se dice.

Y luego est¨¢ la cuesti¨®n de las torturas denunciadas por alguno de los detenidos. Si la actuaci¨®n de la Guardia Civil no ha sido correcta y si se han producido lesiones y malos tratos en el curso de las investigaciones, deben estos hechos ser esclarecidos y, en su caso, perseguidos. Ahora unos los niegan y otros los afirman y todos ellos tienen sus motivos, leg¨ªtimos o no, para tal proceder. Por ello al no conocerse la verdad de lo ocurrido, ser¨ªa absurdo que desde aqu¨ª se rompiese una lanza ciega en favor de los supuestos maltratados o de los supuestos autores de los malos tratos. Y esta renuncia a pronunciarme sobre el caso concreto no obedece a que tenga la m¨¢s m¨ªnima reserva a la hora de rechazar estas pr¨¢cticas cuando se producen, sino a evidentes razones de prudencia aconsejadas por la falta de pruebas al respecto. Est¨¢ claro que cuando se acude a la tortura en la investigaci¨®n policial y judicial se sustituye la racionalidad por la brutalidad. La prohibici¨®n de estos m¨¦todos se fundamenta en la necesidad de garantizar la inviolabilidad de la persona, frente a cualquier forma de presi¨®n o humillaci¨®n ejercida sobre ella en base a una mal entendida eficacia del sistema de represi¨®n de la delincuencia. Si esto es m¨¢s que suficiente para rechazar cualquier pr¨¢ctica de tortura o malos tratos, no es menos cierto, que, incluso desde posiciones estrictamente defensistas del poder, la tortura no es buen m¨¦todo de investigaci¨®n, pues su utilizaci¨®n ha servido en ocasiones de argumento legitimador para quienes propugnan la violencia como medio de consecuci¨®n de fines pol¨ªticos, al facilitarse su discurso con la alusi¨®n a un Estado torturador, lo que no puede olvidarse es que si se pretende ser eficaz, tal lucha ha de ser serena y desprovista de toda carga emotiva y no estar al servicio de inconfesables intereses. Por eso, en el asunto de las denuncias de malos tratos a los detenidos de Terra Lliure y, con independencia de su veracidad que aqu¨ª ni se afirma ni se niega, el hecho de que se inscriban en una campa?a que pretende disfrazar los hechos para convertirlos en una cacer¨ªa indiscriminada contra la disidencia nacionalista, ya ser¨ªa para algunos dato suficiente para dudar de la seriedad de tales acusaciones.

Pactos y delitos

Y para crear todav¨ªa m¨¢s confusi¨®n, algunos han apelado a una especie de pacto preol¨ªmpico que pretender¨ªa garantizar la paz de los Juegos. Si tal pacto existe desde luego debe quedar fuera de su contenido las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad encaminadas a la investigaci¨®n de hechos delictivos y a la detenci¨®n de presuntos responsables, porque sobre estos extremos no puede haber pacto alguno. Pero lo que resulta todav¨ªa m¨¢s inconcebible es que se intente presionar al juez apelando a este pacto y a la inconveniencia pol¨ªtica de su actuaci¨®n para obtener la puesta en libertad de los detenidos. Esto no s¨®lo atenta contra la independencia judicial, sino que adem¨¢s demuestra una concepci¨®n de la Administraci¨®n de justicia que nada tiene que ver con la que debe regir en un Estado de derecho. Y al juez no es que se le pueda perdonar que no haya aplicado m¨¢s l¨®gica que la judicial, cosa que se ha podido leer en estos ¨²ltimos d¨ªas, sino que al juez debe de exig¨ªrsele que no aplique ninguna otra l¨®gica. El juez no puede atender m¨¢s razones que las que se derivan del cumplimiento estricto de la Ley y en su actuaci¨®n est¨¢ sometido exclusivamente al Ordenamiento Jur¨ªdico. Argumentos de oportunidad pol¨ªtica o connivencia con el poder deben ser ajenos en su proceder, porque de lo contrario podr¨ªan ocurrir muchas cosas nada deseables, como por ejemplo, que la trama de los GAL no se hubiese investigado nunca.

Aracell Manj¨®n-Cabeza Olmeda es profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense.