Interior anuncia sanciones para transportistas y agricultores que se manifiesten ilegalmente

El Ministerio de] Interior ha anunciado que aplicar¨¢ con rigor la Ley de Seguridad Ciudadana ante el conflicto anunciado para primeros de mes por varias asociaciones de transportistas y los agricultores de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) en toda Espa?a, con amenaza de repartir patata! en la carretera durante la Operaci¨®n Retorno. La ley permite imponer multas de cinco millones de pesetas a los manifestantes ilegales. Agricultores pertenecientes a la COAG y varios polic¨ªas resultaron heridos leves ayer en los enfrentamientos registrados ante el Ministerio de Agricultura, en Madrid, cuando los productores protestaban, por los bajos precios de la patata.

Altos cargos de los ministerios del Interior, Obras P¨²blicas y Transportes, y Agricultura mantuvieron ayer una reuni¨®n en la sede del primer departamento para comenzar a preparar el dispositivo que d¨¦ respuesta a las convocadas movilizaciones en el sector del transporte y de la agricultura para fin de mes. La voluntad del Gobierno es que las escenas del oto?o de 1990, cuando la huelga del transporte colaps¨® el tr¨¢fico vial en toda Espa?a y bloque¨® las fronteras, no se repitan. Para ello, Fernando Puig de la Bellacasa, director general de Pol¨ªtica Interior, tiene previsto emitir una circular en los pr¨®ximos d¨ªas para instar a los gobernadores civiles y delegados del Gobierno a que apliquen sin tibiezas la ley de Seguridad Ciudadana, l¨¦ase aplicaci¨®n de multas de hasta cinco millones a quienes alteren gravemente el orden al manifestarse ilegalmente, y de Seguridad Vial, que facilita la retirada del carn¨¦ de conducir al obstaculizar el tr¨¢nsito por la calzada.Fuentes del departamento indicaron que aunque todav¨ªa no est¨¢ previsto el dispositivo policial que se desplegar¨¢ para evitar incidentes y alteraciones del tr¨¢fico, s¨ª se puede estimar que al margen de los 6.500 guardias civiles que vigilar¨¢n la operaci¨®n retorno, se movilizar¨¢ a cuantos efectivos se estime preciso.

En este sentido, se recordaba que en el anterior gran conflicto del transporte, en 1990, se moviliz¨® a 6.400 agentes, se impusieron miles de multas por un valor medio de hasta 100.000 pesetas, se produjeron m¨¢s de 3.200 peticiones de retiradas de carn¨¦ de conducir y 142 detenidos. En esta ocasi¨®n, Interior cuenta con el pertrecho que le supone la ley de Seguridad Ciudadana, que permite al gobernador civil imponer directamente multas de hasta cinco millones de pesetas a manifestantes ilegales. Con el a?adido de que el cobro de estas multas, una vez rechazado el recurso administrativo, no es paralizado por la mera presentaci¨®n de recurso ante la justicia.

En este sentido se dictar¨¢n instrucciones precisas a los gobernadores civiles y delegados del Gobierno para que se garantice la libre circulaci¨®n en las carreteras, se impida actuar a piquetes y se protejan los transportes de mercanc¨ªas peligrosas.

Tras la reuni¨®n, el director general de Transporte Terrestre, Bernardo Vaquero, destac¨® el car¨¢cter "minoritario" y violento" de los convocantes de la protesta, y transmiti¨® un mensaje de tranquilidad sobre las posibles consecuencias del paro, recordando que los camioneros representados por asociaciones mayoritarias s¨ª van a trabajar.

El Sindicato de Transportistas de Vizcaya (Sintrabi) es uno de los promotores de esta huelga indefinida, a la que se han sumado otras peque?as organizaciones, mientras que se han mostrado en contra de la protesta las federaciones Conetrans y Fenadismer.

Puig de la Bellacasa apunt¨® que "no se puede tomar como rehenes a los millones de espa?oles que regresan de vacaciones", y dijo que las fuerzas de seguridad actuar¨¢n "con el m¨¢ximo rigor" frente a los piquetes, aplicando la ley Corcuera y la ley de Seguridad Vial.