El juzgado desaloja a unos vecinos sin esperar a que se determine si son los due?os de la casa

Funcionarios del juzgado acudieron ayer al n¨²mero 32 de la calle de Pe?uelas (Arganzuela) para desalojar por ruina econ¨®mica (elevado coste para arreglar la casa) a las dos familias que permanec¨ªan all¨ª. Una de las viviendas qued¨® precintada. La otra no. El m¨¦dico forense no se atrevi¨® a echar a la calle a un anciano con una pierna amputada e insuficiencia respiratoria y a su esposa, parapl¨¦jica. Los otros cuatro inquilinos fueron expulsados en julio. Desde hace a?os reivindican que son los due?os del edificio. Pero la orden de desalojo ha llegado antes que la decisi¨®n judicial sobre la propiedad.

Este edificio de una planta y trece cuartuchos de 14 a 20 metros cuadrados tiene m¨¢s de un siglo. Ha visto nacer y crecer a varias generaciones de as familias ahora desalojadas. En todo este tiempo la situaci¨®n jur¨ªdica del inmueble se ha ido enmadejando hasta llegar al punto actual de no saberse qui¨¦n es su propietario.Desde hace a?os, las seis familias que continuaban como arrendatarias y una empresa constructora est¨¢n en litigio. Cada uno de ellos se considera due?o del edificio y lo cierto es que la finca est¨¢ inscrita dos veces con distinto n¨²mero en el registro de la propiedad.

La resoluci¨®n judicial que defina qui¨¦n es el propietario de estas viviendas y qui¨¦n no est¨¢ a¨²n pendiente. Sin embargo, una de las partes ha conseguido ya que el juez ordene la expulsi¨®n de la otra, los arrendatarios.

Todo el enredo en torno a esta finca bien situada, cerca del Pasillo Verde y en una zona de auge urban¨ªstico, comenz¨® a fraguarse en el a?o 1929. Desde esa fecha el edificio no est¨¢ inscrito en el registro.

El cobro de los exiguos alquileres, en torno a las 100 pesetas, lo efectuaban diferentes administradores que acud¨ªan en nombre de una entidad religiosa. Desde 1978 nadie acude a recaudar los recibos.

En 1979, como nadie acomet¨ªa las reparaciones necesarias, los inquilinos presentan una denuncia contra, el arzobispado, ya que en algunos recibos figuraba una asociaci¨®n religiosa sita en Madrid. Pero ese mismo a?o los hermanos B¨¦jar Vicente compran el inmueble, por 500.000 pesetas. Su abogado, Juan Cabello, explica que "como la finca no figuraba en el registro hubo que inscribirla con un nuevo n¨²mero", a?ade.

Desde entonces el inmueble est¨¢ inscrito por partida doble. En una figuran como due?os los hermanos B¨¦jar. En otra aparecen como propietarios, desde 1987 las seis familias arrendatarias de la finca. Los inquilinos se acogieron a la prescripci¨®n extraordinaria de dominio sobre bienes, inmuebles, seg¨²n la cual cuando un bien no est¨¢ registrado puede pasar a ser su propietaria la persona que lo ha pose¨ªdo durante treinta a?os. Y estos vecinos llevan m¨¢s de ese tiempo viviendo en la casa.

Los arrendatarios y los hermanos B¨¦jar mantienen pleitos constantes desde 1979 por la propiedad de la finca y por los arreglos que ¨¦sta necesita. Los vecinos no reconocen a los constructores como due?os del inmueble pero, desde hace una d¨¦cada, les denuncian por no arreglar el edificio. Por otra parte, los constructores se consideran due?os leg¨ªtimos de la casa aunque, desde hace un a?o, cuando el Ayuntamiento les requiere para que atajen la ruina del edificio replican que "no es posible porque est¨¢ en discusi¨®n la propiedad".

En medio de esta mara?a, el pasado mes de julio llega la orden judicial para desalojar el edificio por ruina econ¨®mica (cuando el coste de las reparaciones supera el 50% de su valor, sin contar el suelo). La ¨²nica familia que queda, formada por los dos ancianos en precario estado de salud y otros seis familiares, permanecer¨¢ all¨ª hasta que pueda garantizarse su traslado a una residencia para asistidos o a un piso.