"La revisi¨®n anual de los medicamentos que paga el Estado es indiscutible", dice Gri?¨¢n

Los consejeros auton¨®micos de Sanidad se mostraron ayer "identificados" con el proyecto de real decreto que prev¨¦ la exclusi¨®n de la financiaci¨®n p¨²blica de casi 800 medicamentos y la revisi¨®n anual de los incluidos en la prestaci¨®n, en funci¨®n de su eficacia y precio. Este ¨²ltimo aspecto, el m¨¢s combatido desde la industria farmac¨¦utica, es "indiscutible" para el ministro de Sanidad, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. Sanidad no descarta establecer la receta por unidades en lugar de envases

Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n present¨®, ayer, a los 17 consejeros auton¨®micos de Sanidad dos proyectos legislativos que pretenden, no tanto conseguir un ahorro, como frenar el crecimiento del gasto farmac¨¦utico p¨²blico, que el a?o pasado alcanz¨® los 491.000 millones de pesetas. Seg¨²n explic¨® el ministro, este gasto "ha subido 50 puntos por encima del IPC en los ¨²ltimos cinco a?os".El primer decreto prev¨¦ la creaci¨®n de la Comisi¨®n Nacional del Uso del Medicamento, integrada por representantes de las Administraciones central y auton¨®mica, colegios profesionales, industria farmac¨¦utica, consumidores e investigadores. Esta comisi¨®n. deber¨¢ consensuar el segundo decreto, que antes de finales de a?o pretende excluir de la financiaci¨®n p¨²blica hasta 800 medicamentos, entre ellos los antigripales, vitaminas, productos dermatol¨®gicos, laxantes y antirreum¨¢ticos.

Retirada de f¨¢rmacos

El art¨ªculo m¨¢s pol¨¦mico de este segundo decreto es el que prev¨¦ la revisi¨®n anual de los f¨¢rmacos financiados, con el fin de excluir aquellos que, a similar eficacia terap¨¦utica, sean m¨¢s caros. Mientras que el Consejo General de Colegios M¨¦dicos considera que esta medida "economicista" puede atentar a la libertad de prescripci¨®n, la industria farmac¨¦utica ve en ella un freno importante al desarrollo de la investigaci¨®n en nuevos f¨¢rmacos.Gri?¨¢n se acoge, en ¨²ltima instancia, al ejercicio de la autoridad que confiere al Gobierno la facultad para decidir qu¨¦ financia y qu¨¦ no. "Respetamos los intereses particulares, pero el inter¨¦s general lo defienden las Administraciones, y entre ellos est¨¢ el garantizar el derecho a la protecci¨®n de la salud", manifest¨® ayer. "Se financiar¨¢ aquello que sea relevante y significativo para la salud de los ciudadanos. y que se haga dentro de los l¨ªmites de precio razonables", a?adi¨®.

Los consejeros auton¨®micos estuvieron de acuerdo en la financiaci¨®n selectiva de los medicamentos en beneficio de otros sectores de la asistencia sanitaria. "S¨®lo hay un sector del gasto sanitario que est¨¢ descontrolado y es el farmac¨¦utico", dijo el consejero de Madrid, Pedro Sabando. "Todos los de la lista est¨¢n bien excluidos y creo que deber¨ªa haber m¨¢s", agreg¨® el consejero andaluz Jos¨¦ Luis Garc¨ªa de Arboleya.

A preguntas de EL PA?S, fuentes de la Direcci¨®n General de Farmacia no descartaron que, en aras a un uso m¨¢s racional de los f¨¢rmacos, se establezcan las recetas limitadas al n¨²mero de unidades (p¨ªldoras, por ejemplo) necesarias para cada tratamiento, como ya sucede en otros pa¨ªses europeos. As¨ª lo han solicitado algunas asociaciones de enfermos cr¨®nicos y la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica (FADSP).

Un ¨²ltimo aspecto de la. nueva regulaci¨®n es el que prev¨¦ la actualizaci¨®n del tope m¨¢ximo que pagan los enfermos cr¨®nicos por sus medicamentos, establecido en 50 pesetas desde 1966. El decreto propone que sigan pagando el 10% del precio real, pero establece un nuevo tope m¨¢ximo de 640 pesetas. Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n dijo que se estaban estudiando uno por uno todos los grupos de patolog¨ªas cr¨®nicas "para que ning¨²n enfermo cr¨®nico haga un gasto mensual relevante que pueda superar las 300 o 400 pesetas". Los propios representantes de enfermos cr¨®nicos han encontrado "razonable" la actualizaci¨®n de estos precios.

Con estas medidas, Sanidad parece buscar un cambio de cultura, tanto en los usuarios como en, la prescripci¨®n m¨¦dica, porque realmente el gasto farmac¨¦utico lo hacen los pensionistas y como reiter¨® ayer Gri?¨¢n "el Gobierno se propone mantener el derecho de estos ciudadanos a la gratuidad de los medicamentos".

En 1991, los pensionistas, que representan el 22% de la poblaci¨®n total cubierta por la Seguridad Social, consumieron el 70% del cerca de medio bill¨®n de gasto farmac¨¦utico p¨²blico. Y seg¨²n datos de Sanidad, cada receta de pensionista es casi un 60% m¨¢s cara que la. de un trabajador activo. Tambi¨¦n el a?o pasado, por cada receta de activo se prescribieron 5,42 a cada pensionista. Una de las mayores campa?as del ministerio ir¨¢ destinada a evitar el fraude actual con las recetas de pensionistas, involucrando en ello a los propios afectados, bajo la espada de Damocles de que si no controlan el uso de sus cartillas pueden perder el derecho a la gratuidad.