Las v¨ªctimas reclaman que siga la investigac¨ª¨®n

I. G. M. Los manifestantes apostados frente a la sede del PSOE en Madrid reclaman del Gobierno que no se paralice la investigaci¨®n sobre el origen y secuelas de la enfermedad. Tambi¨¦n piden que se siga dando asistencia sanitaria a los enfermos y que se cree un comit¨¦ con expertos del Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas y del Inserso para definir un modelo de diagn¨®stico de la enfermedad o una f¨®rmula alternativa para los casos dudosos. Las v¨ªctimas solicitan tambi¨¦n una revisi¨®n de estos ¨²ltimos y la apertura de un di¨¢logo con la Administraci¨®n que busque una salida consensuada para la concesi¨®n de las indemnizaciones.

En abril de este a?o el Tribunal Supremo cuadruplic¨® las penas de los principales responsables de la colza y elev¨® hasta 280 a?os de c¨¢rcel los 75 que fij¨® la Audiencia Nacional para 13 de los 38 procesados. La sentencia mantuvo la causalidad de la colza como agente que mat¨® a 330 personas y lesion¨® con secuelas a unas 15.000. Los afectados elevan el n¨²mero de v¨ªctimas al millar y los enfermos a 25.000.

Esta diferencia no es el ¨²nico litigio que mantienen los afectados con la Administraci¨®n. Paralelamente al sumario sobre los responsables directos del envenenamiento se abri¨® otro, instruido por el juez Carlos Bueren, que persegu¨ªa la responsabilidades de altos cargos del Gobierno de la UCD con el fin de declarar al Estado subsidiario en el pago de las indemnizaciones.

Fuentes pr¨®ximas a los letrados del caso ven dificultoso que este sumario prospere y que se pueda abonar el medio bill¨®n en indemnizaciones. Por otro lado, si bien en un principio se evalu¨® en unos 1. 500 millones de pesetas el patrimonio de los condenados, al actualizar su valoraci¨®n se ha rebajado sustancialmente.