Destituci¨®n inevitable

EL GOBIERNO de la Generalitat destituy¨® ayer de su cargo al director del Instituto Catal¨¢n de Finanzas (ICF), Jordi Planasdemunt, encarcelado bajo la acusaci¨®n de estafa, falsedad y apropiaci¨®n indebida. La reacci¨®n, casi una semana despu¨¦s de la detenci¨®n de Planasdemunt, es pol¨ªticamente tard¨ªa para un asunto grave, sobre todo porque afecta a un alto cargo en ejercicio de la Administraci¨®n aut¨®noma, y adem¨¢s ex consejero de Econom¨ªa y Finanzas del propio Gobierno de Pujol (1982-1983).Conviene deslindar de entrada dos aspectos distintos de la cuesti¨®n: las responsabilidades penales y las pol¨ªticas. En cuanto a las primeras, opera, como siempre, el principio de presunci¨®n de inocencia mientras no haya sentencia firme en contrario. Es la justicia y nadie m¨¢s que la justicia quien debe resolver sobre un presunto fraude que ha perjudicado a m¨¢s de 200 inversionistas y cuyo monto supera probablemente los 4.000 millones de pesetas.

El juez ha decretado el secreto del sumario. Pero la contundencia de la medida arbitrada, el auto de prisi¨®n, contra Jordi Planasdemunt y sus socios de la financiera privada BFP indica que aqu¨¦l considera serios algunos indicios de culpabilidad, posiblemente los contenidos en la denuncia que abri¨® el caso. Seg¨²n ¨¦sta, los responsables de BFP captaron dinero de inversionistas privados que destinaron a pr¨¦stamos a sociedades en dificultades financieras, y mediante una red de intermediarias hicieron circular pagar¨¦s -algunos falsificados- que a su vencimiento no se hicieron efectivos. Una acusaci¨®n complementaria sostiene que BFP capt¨® 1.500 millones de pesetas para la compra de deuda p¨²blica anotada, que en realidad jam¨¢s adquiri¨®, y no devolvi¨® el dinero.

Hasta aqu¨ª, un caso judicial, por desgracia bastante habitual. Con una particularidad: si bien el destino final de algunas partidas podr¨ªa llegar a encontrar explicaci¨®n en la cadena de suspensiones de pagos de las empresas intermediarias, ?c¨®mo puede entenderse, de ser cierta, la simple captaci¨®n de 1.500 millones que deb¨ªa colocarse en deuda y no se coloc¨®? M¨¢s todav¨ªa: ?cu¨¢l ha sido el destino final de esa cantidad? ?sta es la pregunta decisiva que posibilita toda suerte de hip¨®tesis y para la que todav¨ªa no hay respuesta.

M¨¢s all¨¢ de las responsabilidades penales a las que hubiere lugar est¨¢n las responsabilidades pol¨ªticas. Planasdemunt fund¨® BFP con sus socios en 1984. La empresa inici¨® la operativa de los pol¨¦micos pagar¨¦s en 1989. El ex consejero fue nombrado director del ICF en enero de 1990. Y aunque ¨¦l aduce que vendi¨® su paquete en BFP y renunci¨® al cargo de consejero de la empresa justo en esa fecha, al ser nombrado para su nueva responsabilidad p¨²blica, la correspondiente escritura ante notario no se elev¨® hasta dos a?os despu¨¦s y no se registr¨® hasta julio de 1992.

De manera que, incluso si hubiese renunciado antes de manera privada, parece poco discutible que Planasdemunt incurriera formalmente -y las formas y plazos son decisivos en estas cuestiones- en la incompatibilidad prevista en el art¨ªculo 23 de la ley de creaci¨®n del ICF. En consecuencia, a los ojos de los clientes de BFP que acudiesen al registro, era el propio director del instituto oficial que garantiza financiaci¨®n a determinadas empresas (otorgando avales solidarios de la Generalitat a cr¨¦ditos solicitados por compa?¨ªas privadas) con quien estaban negociando los tipos de inter¨¦s y los plazos de los pagar¨¦s de sus operaciones particulares. Incluso si ¨¦l no intervino personalmente en la ¨²ltima fase del litigio privado -contra lo que sostiene alg¨²n acusador-, socios y ejecutivos pod¨ªan exhibir su nombre y su doble cargo. Una mayor colusi¨®n entre negocios privados y p¨²blicas funciones -en actividades, adem¨¢s, gemelas- resulta dificil de imaginar.

Antes de estallar el esc¨¢ndalo, cuando el consejero de Econom¨ªa, Maci¨¤ Alavedra, le requiri¨® a dimitir, Planasdemunt se neg¨® en redondo, alegando que era inocente porque en la ¨¦poca del presunto fraude ¨¦l ya no ten¨ªa responsabilidades en BFP, y que dimitir supondr¨ªa autoinculparse en el esc¨¢ndalo que se acercaba. Tras algunas vacilaciones iniciales, y significativas, del propio Jordi Pujol, y con gran retraso, ha tenido que ser destituido. M¨¢s grave que estas vacilaciones, que este retraso y que esta continuada negativa a dimitir es la argumentaci¨®n subyacente. Dimitir en estos casos de una responsabilidad pol¨ªtica no s¨®lo no equivale a reconocer delito en una actividad privada: es que resulta imprescindible para deslindar una esfera de otra, para aclarar las responsabilidades, para evitar que sea el s¨ªmbolo de una instituci¨®n, y no un ciudadano, el que acabe entre rejas. Las argumentaciones esgrimidas ponen los pelos de punta: si la cultura pol¨ªtica de altos cargos de una Administraci¨®n est¨¢ tan a ras de suelo, habr¨¢ que preguntarse las razones. El Gobierno de la Generalitat debe explicarse.