El PSOE entreg¨® 70 millones a la empresa de Aida ?lvarez para pagar el alquiler de la sede electoral
Adolfo Carretero, presidente del Tribunal de Cuentas, s¨®lo recibi¨® ayer el apoyo socialista al defender en el Congreso de los Diputados su informe exculpatorio sobre la presunta financiaci¨®n irregular del PSOE a trav¨¦s las empresas Filesa, Malesa y Time Export. IU y PP pidieron la dimisi¨®n de Carretero por el "propio prestigio" del tribunal. El documento da por bueno que el PSOE pag¨® en 1989 por alquilar la sede electoral de Gobelas 33, en Madrid, casi 70 millones de pesetas en met¨¢lico a Distribuidora Expr¨¦s 2.020 -gestionada por la ex coordinadora de finanzas socialista Aida ?lvarez, que tambi¨¦n aparece implicada en el caso Ollero- aunque las facturas carecen de fecha y de firma o no concretan a qu¨¦ local se refieren.
La oposici¨®n se ceb¨® con Adolfo Carretero al presentar el informe exculpatorio sobre la presunta financiaci¨®n irregular del PSOE a trav¨¦s de las firmas Filesa, Malesa, Time Export, que cobraron cientos de millones a grandes empresas por supuestos estudios nunca mostrados, al tiempo que pagaron altas sumas a proveedores electorales del partido socialista por trabajos nunca esclarecidos.Eduardo Vallejo, del PNV, afirm¨® que el informe es insuficiente y deja traslucir que "es m¨¢s lo que se oculta que lo se dice". Alberto Dorrego, del Grupo Mixto, reproch¨® que no se ha investigado lo que se pidi¨® investigar. Jer¨®nimo Andreu, de Izquierda Unida, fue el primero en pedir la dimisi¨®n de Carretero. Explic¨® que ¨¦ste no es el informe que solicit¨® el Congreso, ya que se mandat¨® a analizar las finanzas del PSOE "en relaci¨®n" con las firmas conocidas, mientras que el informe s¨®lo detalla la contabilidad interna socialista. Andreu tambi¨¦n recrimin¨® a Carretero que en anteriores comparecencias no indicara que el tribunal carec¨ªa de competencias para investigar firmas privadas. De hecho, el documento s¨®lo detalla que se ha consultado a tales firmas si ten¨ªan relaci¨®n con el PSOE, extremo desmentido por Filesa, Malesa y Time Export. De ello este diputado deduce que o bien Carretero ignoraba el proceso de fiscalizaci¨®n o bien ocult¨® la realidad.
Parecidos argumentos emple¨® la diputada del PP Luisa Fernanda Ruida para exigir la dimisi¨®n de Carretero por el "propio prestigio del tribunal" y para impedir que vuelva a utilizar su "voto de calidad", en alusi¨®n al uso que de este privilegio hizo para romper el empate entre los consejeros cr¨ªticos y favorables al informe.
Carretero despach¨® tales pretensiones de dimisi¨®n de un plumazo. "Son juicios de valor que no puedo compartir", y lleg¨® a ironizar cuando el PP le pregunt¨® por qu¨¦ no se solicit¨® que Transacciones Exteriores investigara los movimientos en el extranjero de Filesa y dem¨¢s firmas del esc¨¢ndalo. "Quieren que el Tribunal de Cuentas act¨²e como Sherlock Holmes y se vaya a Suiza a investigar cuentas".
El presidente del Tribunal de Cuentas afirm¨® que no se hab¨ªa pedido la ayuda del Supremo, ni de la Inspecci¨®n Tributaria, ni de Transacciones Exteriores para entrar en la contabilidad de las empresa sospechososas para no alargar la fiscalizaci¨®n, hecho que dijo habr¨ªa sido interpretado maliciosamente, y para no crear "conflictos gratuitos de competencias". Tambi¨¦n admiti¨® que la ingente documentaci¨®n extra¨ªda de tales firmas por el excontable Carlos van Schouwen le lleg¨® al tribunal a trav¨¦s de la fiscal¨ªa y de forma an¨®nima, pero no fue utilizada porque, dijo, no se pod¨ªa acreditar su autenticidad.
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