El juez que investiga el voto por correo cita como imputados a los gestores del PP

Los apoderados del PP que gestionaron los votos por correo en las pasadas elecciones municipales en Madrid tendr¨¢n que acudir en los pr¨®ximos d¨ªas ante el juez acompa?ados por su abogado. Fuentes con acceso a las diligencias han se?alado que el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2, Rafael Mozo, los ha citado como "imputados". Esta figura jur¨ªdica supone un nuevo, momento procesal -antes fueron llamados s¨®lo como testigos- y que el testimonio que presten se podr¨¢ utilizar ya en su contra si en el interrogatorio el juez apreciara indicios de delito.

El supuesto fraude del voto por correo en Madrid consisti¨® en que, en miles de casos, los tr¨¢mites de los sufragios enviados por el PP se saltaron las garant¨ªas legales. Quienes gestionaron los votos postales para ese partido -que tramit¨® 20.000 en Madrid- incluyeron la falsificaci¨®n de al menos tres millares de firmas de notario, crearon certificados m¨¦dicos de invalidez para personas perfectamente sanas y en alg¨²n caso suplantaron incluso la voluntad del elector, que vot¨® por correo sin saberlo.Las personas que figuran en el sumario como apoderados son Antonia Astudillo -familiar del concejal madrile?o del PP Gabriel Astudillo-, Ricardo Hurtado, Cayetano Mesa y Mar¨ªa Asunci¨®n de la Pe?a.

Presidente de mesa

Las fuentes consultadas se?alaron que, aunque existen testimonios de manipulaci¨®n de la intenci¨®n del elector, estos casos concretos no parecen numerosos, puesto que la mayor¨ªa de los votantes por correo llamados como testigos declar¨® ante el juez que deseaban votar al PP. Uno de los casos contrarios que figura en el sumario es el de Pablo Juste Ballesta, que presid¨ªa una mesa electoral y vio que su propio voto llegaba por correo, tramitado por el PP, cuando ¨¦l pensaba abstenerse. Pablo vio tambi¨¦n en su mesa un sobre con el voto por correo de su hermano, que se encontraba en Guinea Ecuatorial y que nunca se hab¨ªa interesado por votar. En la documentaci¨®n electoral figura que su apoderada para tramitar el voto -dado que supuestamente los dos estaban inv¨¢lidos- fue Mar¨ªa Asunci¨®n de la Pe?a.Otra de las irregularidades que se aprecian claramente en el sumario, seg¨²n fuentes de Izquierda Unida (coalici¨®n personada en el caso), es el hecho de que una mera autorizaci¨®n del elector para que le gestionaran el certificado de inscripci¨®n en el censo sirvi¨® a los apoderados del PP para suplantarle en la emisi¨®n del voto (que, seg¨²n la ley, es personal e indelegable). Asimismo, el sumario muestra indicios de que este partido sigui¨® como norma general los caminos que la ley establece solamente para facilitar el voto de las personas impedidas: puede delegarse la tramitaci¨®n -que no el voto- en un apoderado, y el notario certifica la autenticidad.

La nueva comparecencia ante el juez madrile?o de los apoderados del PP ha sido establecida por el magistrado a petici¨®n del fiscal.

El objetivo de estas citas consiste principalmente en que los apoderados s¨¦ ratifiquen o no en sus declaraciones, que constan ya en las diligencias.

En ellas, se?alaron que cumpl¨ªan el ¨²ltimo paso de enviar a los electores los sobres con las papeletas, para que introdujeran personalmente la del partido que escogiesen. Sin embargo, los testimonios de decenas de votantes -citados por el juez al azar de entre los que emitieron el sufragio por correo- indican que ¨¦stos simplemente pidieron al PP que les gestionase el certificado del censo y luego ya no se ocuparon de m¨¢s. Alguien vot¨® por ellos, si bien la mayor¨ªa deseaba votar al PP.

Esta f¨®rmula permitir¨ªa, si se usara aviesamente, que un partido tenga la seguridad -incluso una lista- de qu¨¦ electores le han votado, lo que podr¨ªa generar presiones y compras de votos en determinados casos, m¨¢xime en unas elecciones municipales.

El proceso penal en marcha no invalidar¨ªa en ning¨²n caso los resultados -convalidados ya por el Tribunal Superior-, y tampoco afectar¨ªa a la mayor¨ªa absoluta del PP. El PSOE -que luego se apart¨® del caso- denunci¨® en principio unos 10.000 votos irregulares. El notario Alberto Ballar¨ªn testific¨®, tras revisar los documentos, que su firma fue falsificada s¨®lo en 3.400 ocasiones.

La hipot¨¦tica invalidez de esos 3.400 votos demostrados como irregulares no privar¨ªa al PP de su ¨²ltimo concejal (Isaac Ramos), al que a¨²n quedar¨ªa un margen de 90 sufragios. El juez est¨¢ analizando, no obstante, la voluntad de falsear los resultados, independientemente de que despu¨¦s el margen de votos legales resultara lo suficientemente amplio como para que no se hubiera necesitado esa manipulaci¨®n.

Los dirigentes del PP han negado en todo momento que conocieran las irregularidades. Al abrirse el caso, desmintieron incluso que hubiera falsedad en la firma del notario. El concejal ?ngel Larroca, que intervino como asesor jur¨ªdico del PP en las primeras denuncias, sostiene: "Yo sigo creyendo, como me han dicho en mi partido, que no se ha hecho nada irregular". Alberto Ruiz Gallard¨®n, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, manifestaba en una entrevista publicada ayer en EL PA?S: "Es evidente que en ning¨²n momento se quebr¨® la voluntad del votante. Yo no conozco a nadie en el PP que haya hecho semejante cosa. Intelectualmente me repugna esa posibilidad. Y si alguien lo hubiese hecho, el primero en censurarlo ser¨ªa yo".