La "verdadera democracia"

En el marco del consenso que impregn¨® las relaciones entre Gobierno y oposici¨®n desde el refer¨¦ndum para la reforma pol¨ªtica de diciembre de 1976 hasta la promulgaci¨®n de la Constituci¨®n dos a?os despu¨¦s, los principales actores de la transici¨®n a la democracia corrieron un velo sobre los 40 a?os de r¨¦gimen franquista y prefirieron mirar al futuro en lugar de exigir responsabilidades sobre el pasado. Una difusa invitaci¨®n al olvido fue entonces el precio que casi todos estuvieron dispuestos a pagar con tal de consolidar la todav¨ªa balbuciente democracia.Pero, mientras ese velo se corr¨ªa, no han faltado actores principales del franquismo que han procedido durante los a?os de olvido a reordenar los hechos para presentarlos bajo una luz insospechada. La labor m¨¢s sistem¨¢tica. pl¨²mbea tambi¨¦n, pero probablemente eficaz en algunos medios, la ha emprendido el ex ministro Laureano L¨®pez Rod¨®, para quien el proyecto de una monarqu¨ªa verdaderamente democr¨¢tica era el auspiciado por ¨¦l mismo cuando en 1969 consigui¨®, bajo el patrocinio de Carrero Blanco, que Franco designara a don Juan Carlos como su sucesor a t¨ªtulo de rey. Por arte de birlibirloque, he aqu¨ª a Franco fuente y origen de la aut¨¦ntica democracia en Espa?a.

Pues de lo que se trata realmente con esta reinvenci¨®n de la historia es de reivindicar para Franco y su r¨¦gimen una legitimidad de origen de la que se derivar¨ªa la propia legitimidad de la monarqu¨ªa instaurada por ¨¦l. Franco, que no tuvo ning¨²n empacho en definirse a s¨ª mismo como un sublevado a quien, si fracasara, no le pod¨ªa esperar en buena l¨®gica pol¨ªtica m¨¢s que el pelot¨®n de ejecuci¨®n, se presenta como restaurador de un orden leg¨ªtimo destruido por la Rep¨²blica. La l¨®gica perversa de los juicios de guerra, que cost¨® la vida a tantos republicanos, socialistas, comunistas y sindicalistas acusados del delito de rebeli¨®n armada, reaparece en la pluma de L¨®pez Rod¨® cuando asegura que el sublevado contra un Gobierno leg¨ªtimo es, en realidad, el restaurador de una legitimidad que la Rep¨²blica habr¨ªa subvertido.

El primer paso de esta empresa de reinvenci¨®n de la historia , consiste en asegurar que el Gobierno salido de las elecciones de febrero de 1936 era ileg¨ªtimo. No merece realmente la pena analizar resultados electorales con quien se empe?a en negarlos: nadie discuti¨® entonces -y nadie discute seriamente hoy, con datos en la mano- la raz¨®n que asist¨ªa al presidente de la Rep¨²blica para encargar a Manuel Aza?a, dirigente de la coalici¨®n de izquierdas que triunfa en las elecciones de febrero de 1936, la formaci¨®n del nuevo Gobierno. Pero lo que pretende L¨®pez Rod¨® con esta primera incursi¨®n en la historia no es arrojar una nueva luz sobre lo ocurrido en aquellas elecciones, sino fundar una cascada de legitimidades que quebrar¨ªa si en el origen se produjo una flagrante ilegitimidad. La piedra angular de esa cascada radica en la rebeli¨®n contra el Gobierno de la Rep¨²blica, m¨¢s que justificada para L¨®pez Rod¨®, incluso si esa rebeli¨®n liquid¨® en su estela no ya a un Gobierno al. que supone espurio, sino al mismo r¨¦gimen republicano al que los militares sublevados hab¨ªan jurado fidelidad.

Subir tan, lejos en el tiempo un objetivo inmediato: a la invenci¨®n de una sublevaci¨®n leg¨ªtima sigue la invenci¨®n de una monarqu¨ªa verdaderamente democr¨¢tica. Y aqu¨ª es donde se procede a la m¨¢s consciente mixtificaci¨®n de la historia, pues L¨®pez Rod¨® no ignora que la designaci¨®n de don Juan Carlos se produjo precisamente porque los hombres del r¨¦gimen y Franco mismo pensaban que con el Pr¨ªncipe se bloqueaba la posibilidad de que en Espa?a se instaurara una monarqu¨ªa liberal y democr¨¢tica como en el resto de Europa. El propio Franco era taxativo e intratable a este respecto: por los mismos d¨ªas en que designaba sucesor, dec¨ªa a su primo, en una de esas inefables charlas que manten¨ªan ambos, que nunca en Espa?a existir¨ªa una monarqu¨ªa de corte europeo.

Pero no fue s¨®lo Franco. El pensamiento del Pr¨ªncipe, aunque m¨¢s dificil de descifrar en todos sus posibles meandros, era tambi¨¦n claro: al aceptar su designaci¨®n dijo que recib¨ªa de Franco "la legitimidad pol¨ªtica surgida del 18 de julio de 1936", con lo que no hac¨ªa m¨¢s que ratificar el objetivo de la operaci¨®n dise?ada por Carrero Blanco con la eminente participaci¨®n de L¨®pez Rod¨®. Sin duda, el razonamiento de don Juan Carlos discurr¨ªa preso de circunstancias que ¨¦l no dominaba: situado en La Zarzuela por su padre, su permanencia en el palacete carec¨ªa de sentido si no aceptaba la designaci¨®n que se le propon¨ªa. Al aceptarla, cre¨ªa sacar la principal consecuencia impl¨ªcita en el acuerdo sobre su educaci¨®n logrado entre su padre y Franco -salvar la Corona-, pero no se le escapaba que otras consecuencias de su aceptaci¨®n iban sustancialmente m¨¢s all¨¢ de lo que su padre deseaba, pues zanjaban la cuesti¨®n sucesoria sin que don Juan pudiera intervenir en ella para nada y arriesgaban para el futuro la posible mediaci¨®n de la instituci¨®n mon¨¢rquica entre la coalici¨®n de Gobierno y las fuerzas de la oposici¨®n.

Tal era justamente el designio de Carrero y L¨®pez Rod¨®. Ambos recalcaron en todas las ocasiones y ante todos los interlocutores posibles que, al designar a don Juan Carlos, de lo que se trataba era de garantizar la continuidad del r¨¦gimen. Pues precisamente el significado hist¨®rico de la designaci¨®n de un sucesor por el mismo Franco, rompiendo el principio de legitimidad mon¨¢rquica que radica en la sucesi¨®n, consist¨ªa en bloquear la posibilidad de que la monarqu¨ªa que se instaurase no fuera la definida en las leyes fundamentales del r¨¦gimen. Esa posibilidad, m¨¢s tenue de lo que los mismos mon¨¢rquicos de aquella hora nos desear¨ªan hacer creer en ¨¦sta, radicaba, si en alguien, en la persona del conde de Barcelona, a quien los largos a?os de espera le hab¨ªan llevado a reivindicar, frente a la monarqu¨ªa tradicional, cat¨®lica y representativa, m¨¢s acorde con la tradici¨®n de la que ¨¦l proced¨ªa, los contenidos democr¨¢ticos de las monarqu¨ªas europeas, ajenos a la Casa Real espa?ola en cualquiera de sus ramas.

Y ah¨ª es donde confluyeron sin fisura alguna los proyectos de Franco, Carrero Blanco y L¨®pez Rod¨®: en su com¨²n rechazo de la democracia, en la convicci¨®n de que el liberalismo olig¨¢rquico de la Restauraci¨®n, ampli¨¢ndose a democracia en la Rep¨²blica, hab¨ªa sido nefasto para Espa?a. Frente a la democracia, Franco implant¨® en sus primeros momentos un orden militar-eclesi¨¢stico que entroncaba a Espa?a con sus esencias tradicionales, a las que a?adi¨® una clase de servicio fascista. L¨®pez Rod¨®, compartiendo identica visi¨®n pero veinte a?os despu¨¦s, cav¨® las defensas de su antidemocratismo en el proyecto de una monarqu¨ªa burocr¨¢tico-autoritaria. Todo el horizonte que L¨®pez Rod¨® pod¨ªa prever para la evoluci¨®n del r¨¦gimen de Franco consist¨ªa en sacarlo de las trincheras de la guerra civil y de la cruzada mantenidas en los a?os cuarenta y cincuenta para desplazarlo a la nueva trinchera de la modernizaci¨®n autoritaria en los a?os sesenta. La designaci¨®n de sucesor a t¨ªtulo de rey en la persona de don Juan Carlos fue una operaci¨®n dise?ada para garantizar la continuidad del r¨¦gimen aliger¨¢ndolo de la carga militarista, clerical y fascistizante, que se hab¨ªa convertido al final de los a?os cincuenta en lastre para su continuidad. El proyecto de Carrero y de L¨®pez Rod¨® consisti¨® en arrojar ese lastre llenando el vac¨ªo con un tipo de institucionalizaci¨®n que asegurar¨ªa la continuidad de lo fundamental del r¨¦gimen asent¨¢ndolo en una burocracia de Estado m¨¢s, s¨®lida, moderna y racional.

Es cierto que los reg¨ªmenes pol¨ªticos no son esencias inmutables, sino realidades hist¨®ri-

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