Una juez investiga a tres ex altos cargos del BOE por un presunto fraude de 1.010 millones

Una juez de instrucci¨®n de Madrid investiga a tres altos cargos del Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE), entre ellos su ex directora general, Carmen Salanueva Urtiaga, por si en la adjudicaci¨®n directa de papel prensa a tres empresas durante los a?os 1989, 1990 y los primeros meses de 1991 hubieran incurrido en actividades delictivas. La investigaci¨®n hasta ahora realizada "arroja indicios de la existencia de presuntos delitos" de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude, cohecho, prevaricaci¨®n y maquinaciones para alterar el precio de las cosas, seg¨²n una resoluci¨®n de la magistrada Ana Ferrer, que lleva el caso. El fraude est¨¢ estimado, seg¨²n el primer informe de la Intervenci¨®n General del Estado, en 1.010 millones de pesetas.

Adem¨¢s de a Salanueva -relevada en el cargo por Beatriz Mart¨ªn del Moral desde el 31 de mayo de 1991-, la investigaci¨®n judicial afecta a otros altos cargos del BOE: el jefe de Producci¨®n, Julio Fen¨¢ndez Gonz¨¢lez, y el responsable de la Secci¨®n de Contrataci¨®n y Bienes Patrimoniales, Faustino S¨¢nchez Herr¨¢n. Igualmente, se investiga a los responsables de las sociedades an¨®nimas suministradoras de papel al BOE, Guillermo Rafael Cervera Monfort, por Toixima; Ant¨®n Soroa Carrera, por Papelera Udalar, y Lorenzo Cavanillas Garc¨ªa-Carell¨¢n, por la empresa Papel 6.Todos ellos han prestado declaraci¨®n, como imputados, ante la juez, quien ha dedicado medio mes a escuchar las decenas de cintas con las grabaciones de las conversaciones telef¨®nicas de los implicados y actualmente se encuentra a la espera del resultado del peritaje de las cuentas bancarias y de la contabilidad de las empresas, que ha ordenado, antes de decidir sobre procesamientos u ¨®rdenes de prisi¨®n provisional. Durante la etapa m¨¢s delicada de la investigaci¨®n, la juez decret¨® el secreto de las actuaciones, levantado el 4 de septiembre ¨²ltimo. Fuentes de la Administraci¨®n no descartan que se produzcan nuevas implicaciones de funcionarios y directivos de empresas.

Previamente a la investigaci¨®n judicial, se produjeron sendos informes de la intervenci¨®n general del Estado, como consecuencia de los cuales el ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero -de quien depende el organismo aut¨®nomo que edita el BOE-, inst¨® la actuaci¨®n del Ministerio Fiscal, a trav¨¦s del fiscal general del Estado, antes del nombramiento de Eligio Hern¨¢ndez. El 16 de marzo ¨²ltimo, el fiscal solicit¨® autorizaci¨®n judicial para intervenir los tel¨¦fono de tres de los implicados. La titular del Juzgado de Instrucci¨®n numero 16 de Madrid, Ana Ferrer, que estaba de guardia, autoriz¨® las escuchas y, a la vista de la importancia del caso, reclam¨® la investigaci¨®n, abri¨® las diligencias 1.026/1992 y decret¨® el secreto de las mismas.

La sombra del 'caso Naseiro'

El secreto de las actuaciones afect¨® no s¨®lo al tiempo en que se produjeron las, intervenciones de los tel¨¦fonos, sino al periodo que la juez necesit¨® para escuchar las decenas de cintas que conten¨ªan las grabaciones. La sombra del alto techo garantista establecido por el Tribunal Supremo en relaci¨®n con el caso Naseiro y, en especial, con las escuchas telef¨®nicas autorizadas por el juez de Valencia Luis Manglano, vol¨® por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 16 de Madrid, cuya titular se atuvo escrupulosamente a la nueva y rigurosa doctrina, para evitar que las pruebas obtenidas sean invalidadas.

Seg¨²n los informes de la intervenci¨®n general del Estado y la investigaci¨®n del fiscal -que se incorporaron a las actuaciones judiciales-, el origen de las irregularidades descubiertas proviene de la autorizaci¨®n legal con la que contaba el organismo aut¨®nomo que edita el BOE Para contratar el suministro de papel prensa mediante adjudicaci¨®n directa. Este sistema permit¨ªa seleccionar las empresas, de modo que la mayor parte de las compras -un 92,8%- revertieron sucesivamente en las sociedades an¨®nimas Toixima, Papelera Udalar y Papel 6.

Para justificar el alto precio al que se compraba el papel prensa para el BOE -mucho m¨¢s caro que el del mercado-, se ped¨ªa un papel especial y una marca, Supernews, de los que dispon¨ªan las empresas adjudicatarias.

Papel a 142 pesetas kilo

El resultado fue que se alcanzaron precios de hasta 142 pesetas el kilo, cuando posteriormente se consigui¨® comprar papel de iguales caracter¨ªsticas a 86 pesetas el kilo, y en la actualidad, mediante el sistema de concurso en lugar del de adjudicaci¨®n directa, se han obtenido precios de hasta 81 pesetas el kilo.

El mecanismo utilizado para la compra trataba de eludir la firma del ministro, necesaria siempre que la operaci¨®n alcanzara los 50 millones de pesetas, seg¨²n fuentes de la Administraci¨®n. As¨ª, de 16 partidas investigadas, 11 lo fueron por importes inferiores a los 50 millones, con lo cual Zapatero no ten¨ªa que dar el visto bueno.

El periodo investigado coincide con la etapa de protestas de los trabajadores del BOE, que en noviembre de 1990 efectuaron concentraciones ante la sede del edificio en Madrid, seg¨²n inform¨® entonces Comisiones Obreras, por considerar que los directivos estaban realizando "una p¨¦sima gesti¨®n del BOE, con derroches econ¨®micos en la empresa", que el comit¨¦ estimaba innecesarios, mientras el convenio colectivo permanec¨ªa bloqueado.