El PSOE pide el amparo de los presidentes del Congreso y del Senado en el "caso Filesa'

El presidente del PSOE, Ram¨®n Rubial, solicit¨® el martes, en sendas cartas enviadas a los presidentes del Congreso y del Senado, los socialistas F¨¦lix Pons y Juan Jos¨¦ Laborda, respectivamente, su amparo ante la investigaci¨®n que el juez Marino Barbero, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lleva a cabo sobre el caso Filesa, que afecta a la presunta financiaci¨®n ilegal del partido. Una copia del texto ha sido remitida tambi¨¦n al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala. Rubial, en nombre de la ejecutiva socialista, afirma que la actuaci¨®n del juez Barbero "no se ajusta a derecho".

Una de las principales acusaciones de la direcci¨®n del PSOE al juez es la de vulnerar de "manera especialmente grave" el secreto del sumario, ya que se ha filtrado la petici¨®n que el magistrado instructor ha cursado a la direcci¨®n socialista de los libros oficiales de contabilidad del partido.Marino Barbero hab¨ªa pedido el 28 de octubre a la direcci¨®n del PSOE que le enviara en el plazo de cuatro d¨ªas el libro de actas, los libros de contabilidad y la declaraci¨®n anual de ingresos y pagos, as¨ª como la certificaci¨®n de los cargos de responsabilidad de los parlamentarios socialistas Carlos Navarro y Josep Sala, presuntamente implicados en el caso Filesa. El secretario de organizaci¨®n del PSOE, Txiki Benegas, declar¨® ayer que su partido ha contestado a dicho requerimiento y admiti¨® que la carta remitida a Pons y Laborda ten¨ªa otro objetivo.Investigaci¨®n extensaSeg¨²n Benegas, "lo ¨²nico que tiene que decidir el magistrado es si tiene que pedir o no el suplicatorio al Congreso y al Senado para actuar frente a un diputado [Navarro] y a un senador [Sala], y entendemos que se est¨¢ haciendo una investigaci¨®n bastante extensa de dos parlamentarios sin conocimiento de las c¨¢maras".En clave pol¨ªtica, la dirigente socialista, Carmen Garc¨ªa Bloise, se?al¨® que "hay que proteger la buena imagen del PSOE y parar la agresi¨®n" que, a su juicio, sufre el partido: "Hoy nos afecta a nosotros, pero ma?ana puede ser a otros y esto puede tener malas consecuencias para el clima del pa¨ªs". Del magistrado, dijo: "No suelo juzgar lo que hace el poder judicial, pero cualquier observador objetivo ver¨ªa que se est¨¢n haciendo juicios pol¨ªticos que van m¨¢s all¨¢ de lo que ser¨ªa un juicio normal".

La ejecutiva argumenta en la propia carta enviada a Pons y Laborda su petici¨®n de intervenci¨®n ante la condici¨®n de "especialmente aforados" del senador Josep Sala y del diputado Carlos Navarro. La carta reclama la "inviolabilidad" de ambos parlamentarios y especifica que la solicitud de certificaci¨®n de sus cargos "deber¨ªa haberse cursado a trav¨¦s de la presidencia del Supremo, que a su vez la habr¨ªa dirigido a la presidencia de ambas c¨¢maras".

Tambi¨¦n alega la Ejecutiva Federal del PSOE que no puede acreditar la condici¨®n de cargos y responsabilidades de Sala y Navarro porque el Grupo Parlamentario Socialista y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) -a los que ambos pertenecen- tienen personalidad jur¨ªdica propia.

Respecto a los libros de contabilidad del partido, tambi¨¦n solicitados por el magistrado Barbero, la Ejecutiva del PSOE responde que su fiscalizaci¨®n corresponde exclusivamente al Tribunal de Cuentas y no al Supremo, de acuerdo con la legislaci¨®n. En este sentido, se?ala que el PSOE "ha remitido al Tribunal de Cuentas todos los documentos de car¨¢cter contable" solicitados.

En cuanto a la petici¨®n del libro de actas, la ejecutiva del PSOE responde que no lo tiene en su expresi¨®n mercantil, sino que levanta acta de todas las reuniones de sus ¨®rganos directivos" y que ¨¦stas tienen "car¨¢cter reservado". Pararechazar la entrega de actas, alega, adem¨¢s, que al estar personado en la causa otro partido pol¨ªtico, ¨¦ste "tendr¨ªa acceso a todo un conjunto de informaci¨®n de estrategia pol¨ªtica o electoral". Asimismo, responde que un partido no est¨¢ obligado a la declaraci¨®n anual de ingresos y pagos por medio del modelo 347, que se reclama. Una vez conocida la remisi¨®n de la carta, el presidente del Congreso manifest¨® que "no se ha enviado con la finalidad de obstaculizar el funcionamiento de la Administraci¨®n de Justicia". "La carta se remite para informar a la C¨¢mara y ver si alguno de los intereses que son propios de la instituci¨®n est¨¢n afectados y adopte las medidas que crea convenientes", dijo Pons.