"La resolucion del juez no se ajusta a derecho"

El presidente del PSOE, Ram¨®n Rubial, ha enviado una carta a los presidentes del Congreso, F¨¦lix Pons; del Senado, Juan Jos¨¦ Laborda, y del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala, en la que pide el amparo para dos parlamentarios socialistas, presuntamente implicados en el caso Filesa. A continuaci¨®n se reproduce el texto, junto con la resoluci¨®n del juez del Tribunal Supremo, Marino Barbero.

Excelent¨ªsimo se?or:Con fecha 29 de octubre del presente a?o, se ha notificado al Partido Socialista Obrero Espa?ol, la resoluci¨®n dictada por el excelent¨ªsimo magistrado instructor de la causa especial 880/ 91, copia de la cual se acompa?a, por la que se requiere la remisi¨®n al mismo de toda una serie de documentos.

Como quiera que este partido pol¨ªtico entiende que la citada resoluci¨®n no se ajusta a derecho, es por lo que se procede a ponerlo en conocimiento de V.E. a los oportunos efectos, y ello en raz¨®n de las siguientes consideraciones:

Primera.- Por el citado magistrado instructor se nos requiere para que certifiquemos determinados extremos relativos al diputado, don Carlos Navarro G¨®mez y al senador, don Jos¨¦ Mar¨ªa Sala i Gris¨®, pertenecientes ambos al Partido de los Socialistas de Catalu?a-PSOE, que en muy escasa medida podemos acreditar, cosa que no obstante se hace, toda vez que el Grupo Parlamentario Socialista es un ¨®rgano del ¨¢mbito parlamentario con personalidad jur¨ªdica propia en funci¨®n de lo establecido en los vigentes reglamentos del Congreso y Senado respectivamente circunstancia que tambi¨¦n concurre en relaci¨®n al Partido de los Socialistas de Catalu?a-PSOE, habida cuenta de que esta formaci¨®n pol¨ªtica federada al Partido Socialista Obrero Espa?ol, se encuentra inscrita en el registro a tal efecto establecido por la Ley 54/1978 de 4 de diciembre de Partidos Pol¨ªticos.

Por otro lado, la certificaci¨®n solicitada lo es con relaci¨®n a dos parlamentarios, amparados en el ejercicio de su actividad por lo dispuesto en el art¨ªculo 71 de la Constituci¨®n Espa?ola que reconoce su inviolabilidad, y por lo tanto especialmente aforados, lo que conllevar¨ªa que dicha solicitud deber¨ªa haberse cursado a trav¨¦s de la Presidencia del Tribunal Supremo que a su vez la habr¨ªa dirigido a la Presidencia de ambas C¨¢maras.

Segunda.- Asimismo, a trav¨¦s de la citada resoluci¨®n, se requiere a este partido para que ponga a disposici¨®n del magistrado instructor, toda una serie de documentos que se corresponder¨ªan con los legalmente exigidos a una entidad mercantil y no a un partido pol¨ªtico, que no tiene ninguna obligaci¨®n legal de elaborarlos, en funci¨®n de lo cual el Partido Socialista Obrero Espa?ol no dispone de ellos.

En tal sentido el art¨ªculo 6 de la Constituci¨®n Espa?ola, reconoce expresamente a los partidos pol¨ªticos la funci¨®n de expresar el pluralismo pol¨ªtico, concurriendo a la formaci¨®n y manifestaci¨®n de la voluntad popular y declar¨¢ndolos instrumentos fundamentales para la participaci¨®n politica.

Para el desarrollo y cumplimiento de estas funciones constitucionalmente reconocidas, tanto la Ley Org¨¢nica 5/1985, de 18 de julio del R¨¦gimen Electoral General, como la Ley Org¨¢nica 3/1987, de 2 de julio, sobre Financiaci¨®n de los Partidos Pol¨ªticos, establecen las normas para la fiscalizaci¨®n externa de su actividad econ¨®mico-financieras, correspondiendo ¨¦sta exclusivamente al Tribunal de Cuentas.

Esta instituci¨®n por prescripci¨®n del art¨ªculo 136 de la Constituci¨®n depende directamente de las Cortes Generales, ejerciendo su funci¨®n como supremo ¨®rgano fiscalizador, por delegaci¨®n de ellas, dentro de su marco regulador establecido en la Ley Org¨¢nica 2/1982 de 12 de mayo.

En cumplimiento de las citadas normas de rango org¨¢nico, el Partido Socialista Obrero Espa?ol ha remitido al Tribunal de Cuentas todos los documentos de car¨¢cter contable, relativos a los ejercicios de 1987 a 199 1, y tambi¨¦n a las campa?as electorales, a fin de que dicha instituci¨®n procediese a su an¨¢lisis y fiscalizaci¨®n, y posterior remisi¨®n a la Comisi¨®n Mixta Congreso-Senado, a quien corresponde en ¨²ltimo extremo su aprobaci¨®n.

Asimismo debe tenerse en cuenta que el Partido Socialista Obrero Espa?ol no tiene libros de actas, en su expresi¨®n mercantil, sino que levanta acta de todas aquellas reuniones de sus ¨®rganos directivos federales, regionales o locales, y que tienen el car¨¢cter do reservadas, toda vez que recogen los debates que determinan las resoluciones y acuerdos de orden pol¨ªtico, que dif¨ªcilmente pueden tener inter¨¦s alguno para un procedimiento judicial.

Precisamente el citado procedimiento judicial se instruye a instancia de querella interpuesta por otro partido pol¨ªtico, que al estar personado en dicha causa tendr¨ªa acceso a todo un conjunto de informaci¨®n de estrategia pol¨ªtica o electoral, lo cual resulta absolutamente improcedente, ya que de otra forma se estar¨ªa interfiriendo en el delicado equilibrio constitucional entre los distintos partidos pol¨ªticos.

Tampoco un partido pol¨ªtico est¨¢ obligado a la declaraci¨®n anual de ingresos y pagos por medio del modelo 347, que se reclama.

Tercera.- Por ¨²ltimo hemos de manifestar que la citada resoluci¨®n, dictada por el magistrado instructor, en el ¨¢mbito del secreto, sumarial por ¨¦l acordado, resulta actualmente del dominio p¨²blico al haber sido publicada por varios medios de comunicaci¨®n, que podr¨ªan haber tenido acceso al sumario. Se acompa?an diversas fotocopias acreditativas de lo manifestado, por lo que se vulnera de manera especialmente grave la antedicha situaci¨®n procesal.

Por lo expuesto se viene a solicitar de esa Excelent¨ªsima Presidencia la adopci¨®n del acuerdo que en derecho proceda a fin de salvaguardar los leg¨ªtimos derechos que constitucionalmente asisten a esa c¨¢mara y a este partido pol¨ªtico, contra el que no se sigue procedimiento judicial alguno, y que la citada resoluci¨®n dictada por el magistrado instructor de la causa especial 880/91 ha conculcado.