Filesa pol¨ªtico

LO QUE los ciudadanos saben del caso Filesa es que unas empresas fundadas o gestionadas por miembros del PSOE percibieron de importantes compa?¨ªas financieras o industriales fuertes sumas de dinero por unos informes de naturaleza tan improbable que casi nadie ha sido capaz de presentarlos, y que esas mismas empresas pagaron facturas correspondientes a gastos electorales del PSOE. Ante el conocimiento de tales datos, el PSOE pod¨ªa haber hecho una de estas dos cosas: a) reconocer la evidencia y tratar de limitar sus efectos; b) negar la evidencia.Tras algunas dudas se eligi¨® esta segunda posibilidad. Ello significaba optar por embrollar un asunto en s¨ª mismo bastante simple (y similar a otros episodios de financiaci¨®n irregular de partidos pol¨ªticos registrados en varios pa¨ªses europeos). Tal opci¨®n buscaba seguramente ganar tiempo, alejar el desenlace: as¨ª se deduce de algunas iniciativas, absurdas desde la perspectiva jur¨ªdica y s¨®lo explicables desde una deliberada voluntad dilatoria. Pero esa dilaci¨®n ha multiplicado los negativos efectos pol¨ªticos del caso: desde el descr¨¦dito de instituciones como el Tribunal de Cuentas o la Fiscal¨ªa General, hasta los intentos de involucrar en el asunto al Parlamento y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Iniciativas que revelan, como m¨ªnimo, escasa sensibilidad jur¨ªdica, y, como m¨¢ximo, voluntad obstruccionista de la justicia, contra lo expresamente establecido en la Constituci¨®n: es obligado "prestar la colaboraci¨®n requerida por los jueces y tribunales en el curso del proceso".

Un partido que lleva 10 a?os gobernando y que se considera a s¨ª mismo principal garant¨ªa contra la disgregaci¨®n del Estado estaba obligado a contribuir al prestigio de las instituciones y a dar ejemplo de respeto a las leyes, incluso si de ello derivaba alg¨²n perjuicio para sus intereses. La dimensi¨®n pol¨ªtica m¨¢s profunda del asunto Filesa consiste precisamente en poner a prueba hasta qu¨¦ punto el partido del Gobierno est¨¢ dispuesto a supeditar sus propios intereses a los del sistema democr¨¢tico en su conjunto. ?Qui¨¦n pod¨ªa dudar, por ejemplo, que el nombramiento de Eligio Hern¨¢ndez, tras la pol¨¦mica suscitada por su acceso al CGPJ, iba a avalar las sospechas de politizaci¨®n del sistema judicial? Quiz¨¢ no tenga nada que ver, pero ?c¨®mo evitar que la gente piense que si se asumi¨® el riesgo de ese nombramiento -o el de la reelecci¨®n de Carretero para el Tribunal de Cuentas- fue pensando en el asunto Filesa?

Lo que est¨¢ en juego no es el conflicto entre un juez y el PSOE, sino la posibilidad de que el poder judicial investigue a los partidos (incluido el que est¨¢ en el Gobierno) cuando hay indicios de delito. Que los hay no lo podr¨¢ negar ning¨²n dirigente socialista, y menos que nadie los que reconocen impl¨ªcitamente la naturaleza del asunto al advertir a los partidos de la oposici¨®n que se guarden de ir demasiado lejos porque ma?ana puede tocarles a ellos. Es cierto que casi todos los partidos llevan en la mochila su propio caso, siempre en relaci¨®n con sistemas irregulares de financiaci¨®n (y a veces, adem¨¢s, con aprovechamiento privado de recursos p¨²blicos). Tambi¨¦n, que al PP le cay¨® la loter¨ªa con el error procedimental del juez que investig¨® la red montada por Naseiro y compa?¨ªa. Pero es absurdo pretender que aquella carambola legitime el recurso a cualquier m¨¦todo tendente a reproducir como sea un desenlace exculpatorio. Tal cosa s¨®lo podr¨ªa hacerse quebrando gravemente el principio de legalidad y arrastrando por los suelos la credibilidad de las instituciones. Un precio que ning¨²n partido responsable estar¨ªa dispuesto a pagar.

Es pronto para valorar la actuaci¨®n del juez Barbero. El Supremo avala la legalidad de sus iniciativas, y s¨®lo la falta de resultados podr¨ªa demostrar su eventual inutilidad. Es verdad que algunas cosas chocan -como lo de solicitar las actas de reuniones pol¨ªticas-, pero tambi¨¦n que tales iniciativas son, al menos en parte, consecuencia de la falta de colaboraci¨®n de ese partido en el esclarecimiento del asunto. La puntualizaci¨®n del Tribunal de Cuentas, indicando que los originales de los libros de contabilidad del PSOE est¨¢n en poder de este partido, d¨¦bilmente objetada ayer por Benegas, colocan a ¨¦ste en desairada posici¨®n, pero alivian un tanto la de esa instituci¨®n. Por otra parte, precisamente porque una investigaci¨®n demasiado barroca favorece las t¨¢cticas dilatorias y las maniobras de distracci¨®n, resulta oportuna la recomendaci¨®n de concreci¨®n y rapidez hecha por el Tribunal Supremo al juez Barbero. Pero alguien deber¨ªa hacer comprender a los dirigentes socialistas que ellos est¨¢n tan interesados como el que m¨¢s en que este asunto no se eternice: tal como est¨¢n las cosas, aplazar el desenlace no modificar¨¢ su signo, y, en cambio, s¨ª contribuir¨¢ a extender el descr¨¦dito hasta el ¨²ltimo rinc¨®n del Estado. No habr¨¢n salvado los barcos, y habr¨¢n perdido su alma.