Cerco a los "narcos"

SI LA represi¨®n es la v¨ªa por la que se ha optado fundamentalmente para acabar con el problema de la droga, era todo un contrasentido dejar de aplicarla justamente donde m¨¢s les duele a los narcotraficantes: los beneficios ingentes que obtienen y los bienes en que son invertidos. El castigo a las personas, efectivo sobre todo en los niveles del peque?o traficante consumidor, coexist¨ªa con una incomprensible permisividad ante el blanqueo del dinero del narcotr¨¢fico en los circuitos financieros, que en Espa?a alcanza unos 500.000 millones de pesetas anuales.Para poner t¨¦rmino a esta flagrante contradicci¨®n, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una reforma del C¨®digo Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que facilita a jueces, fiscales y polic¨ªas los instrumentos legales capaces de causar un serio quebranto al poder econ¨®mico del narcotr¨¢fico. Y, al mismo tiempo, el Consejo de Ministros decidi¨® ayer reforzar la persecuci¨®n del narcotr¨¢fico con una norma complementaria que sanciona, incluso con el cierre, a las entidades financieras que no prevengan o dificulten las operaciones de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado. Lo que hace falta ahora es que este marco legal no quede inoperante por causa de la insuficiencia de medios materiales y personales o de las dificultades que puedan proceder del correoso entramado econ¨®mico-financiero.

Sin duda, constituye un avance legal significativo que los bienes intervenidos a los narcotraficantes pasen a engrosar el patrimonio del Estado; que el blanqueo del dinero de la droga se tipifique por primera vez como un delito espec¨ªfico; que se considere tambi¨¦n delito la actividad de quienes fabriquen, distribuyan y transporten las sustancias precisas para la elaboraci¨®n de la droga, y que las fuerzas policiales puedan controlar, sin riesgo de ser acusadas a su vez de delito, el trasiego de determinados alijos de droga a fin de poder desarticular a los grupos intervinientes en su tr¨¢fico.

La legislaci¨®n espa?ola hab¨ªa dado en los ¨²ltimos a?os algunos t¨ªmidos pasos en el tratamiento de la dimensi¨®n econ¨®mica de la droga. Pero segu¨ªa estando a a?os luz del modelo vigente en EE UU y, sobre todo, de las pautas establecidas por el Convenio de Viena de 1988, que Espa?a firm¨®. Con la reforma actual, Espa?a se inserta plenamente en este modelo, penalizando la falta de colaboraci¨®n del sistema financiero en la detecci¨®n de aquellos flujos monetarios sobre los que existan fundados indicios de que provienen del ?legal comercio de la droga.

Es obvio que sin la colaboraci¨®n de las entidades bancarias poco pueden hacer los poderes p¨²blicos para impedir que el dinero del narcotr¨¢fico se recicle en los circuitos financieros. De ah¨ª que, al margen de su predisposici¨®n institucional a colaborar (existe desde hace dos a?os el compromiso de la banca y de las cajas de ahorro de vigilar los movimientos de capitales sospechosos de tener un origen criminal), sea coherente penalizar por negligencia culposa las conductas particulares de quienes al no alertar de tales movimientos se convierten en cooperadores.

Es razonable deducir que en la medida en que se logre dificultar el disfrute de los beneficios de la droga se pongan tambi¨¦n trabas a su oferta. Ello constituir¨ªa un paso importante cuando se sabe -con ocasi¨®n de la reciente Semana Europea contra la Droga- que se les ha ofrecido droga alguna vez, antes de cumplir los 19 a?os, a 3,5 millones de j¨®venes europeos. Es cierto que para que la demanda se reduzca es necesario que los j¨®venes tengan entre manos tareas que les aparten de la fascinaci¨®n de la droga. Pero tan necesario o m¨¢s es evitar que alguien pueda ofrec¨¦rsela por los f¨¢ciles y cuantiosos beneficios que obtiene.