A prop¨®sito de la Constituci¨®n

Nuestra democracia cuenta, por l¨®gica, con pocas fechas todav¨ªa que signifiquen verdaderos grandes momentos, giros cruciales de una historia reciente que acaban por grabarse en la cabeza de quienes no han sido testigos ni actores del acontecimiento. La Constituci¨®n s¨ª representa uno de ellos, y permanecer¨¢, junto a la restauraci¨®n de la Monarqu¨ªa parlamentaria y las primeras elecciones libres, entre los puntos de partida que justifican el futuro de un pa¨ªs.Espa?a muda tan r¨¢pidamente de piel que las nuevas generaciones apenas imaginar¨¢n la delicada combinaci¨®n de problemas y respuestas posibles que gravitaban sobre la- nueva Constituci¨®n. La virtud fundamental de nuestra Ley se cifra, por encima de su imperfecta t¨¦cnica jur¨ªdica, en la capacidad de integrar proyectos concretos divergentes, cuyo precedente directo hay que remontarlo a la Carta de 1876. Ello fue posible gracias a una permanente apertura de miras, sostenida a pesar de que las circunstancias internas, de toda clase, superaban en gravedad a la media de otros pa¨ªses europeos. Numerosas y destacadas personalidades mantuvieron un empe?o as¨ª porque de antemano hab¨ªan renunciado a la acaparaci¨®n del poder.

El d¨ªa de hoy lleva impreso en los calendarios el color visible de las fiestas, pero, transcurridos 14 a?os desde entonces, importa preguntarse si este aniversario merece alguna palabra distinta a las que se acostumbra pronunciar en los actos de tinte protocolario. Claro que al gran pacto de 1978 le sientan bien las celebraciones oficiales, tanto como resultan insuficientes para quien experimente una viva inquietud por el malestar con que se despide 1992. El a?o que brindaba nueva ocasi¨®n de marcar otro antes y despu¨¦s en nuestra biograf¨ªa colectiva.

Desde aquel 6 de diciembre, un poco lejano ya, han deca¨ªdo bastantes ilusiones miopes. En particular, las de cuantos supon¨ªan, gratuitamente, que las libertades pol¨ªticas en manos de la izquierda brillar¨ªan con un esplendor s¨®lo comparable al progreso social impulsado por el equipo dirigente a partir, de 1982. Por encima de ese infantil desencanto, la pol¨ªtica espa?ola entre el Gobierno y la oposici¨®n ha transcurrido durante 14 a?os con el suficiente acierto y respaldo popular, siempre que estuvieron en juego los m¨ªnimos requisitos del Estado democr¨¢tico.

Ahora bien, la misma perspectiva constitucional y sus leyes b¨¢sicas posteriores representan el ¨¢ngulo de visi¨®n privilegiado, si se desea entender buena parte de lo que nos sucede en estos momentos, se?oreados por la inmovilidad est¨¦ril que lastra la ¨²ltima etapa del trayecto socialista. Con nocivas consecuencias para todos, puesto que cada vez ser¨¢ m¨¢s dificil granjearse la confianza social en unas pr¨®ximas elecciones generales que aguardan su turno.

En gran medida, tal alejamiento de la opini¨®n ciudadana obedece a una sensible p¨¦rdida de sinton¨ªa que padecen instituciones centrales del sistema constitucional, cuyas respuestas quedan por debajo de los problemas que tienen por cometido encauzar. Aunque la causa definitiva del escepticismo profundo que cunde en la sociedad civil se aloja en un plano superior. En efecto, la voluntad de llegar a acuerdos con la otra parte se diluy¨® en la pr¨¢ctica a partir del predominio socialista. De nada valen las protestas escandalizadas cuando se recuerdan ambos fen¨®menos. Es l¨®gico que se evite admitir el sorprendente d¨¦ficit que pesa sobre el pluralismo democr¨¢tico, pero parece imposible seguir como si el dato no existiera. Porque ah¨ª est¨¢ la ra¨ªz de todo un estilo de gobierno caduco, que ha multiplicado la propaganda personalista, al¨¦rgica por naturaleza a un debate en pie de igualdad, ¨²nica v¨ªa limpia para informar, a la opini¨®n p¨²blica.

A la hora de hacer balance sobre 14 ejercicios de vigencia constitucional, salta a la vista la pendiente pronunciada por la que se desliza el uso del poder. A la altura de 1992, queda s¨®lo un rastro borroso de la fuerza innovadora que presidi¨® la primera fase de la transici¨®n pol¨ªtica. Conviene a todos que esta idea de la mutua lealtad, heredera del designio centrista y emblema de cualquier avance democr¨¢tico, se implante en los usos de la pol¨ªtica nacional. El esp¨ªritu de nuestra Constituci¨®n merece la devoluci¨®n a la vida p¨²blica espa?ola de un equilibrio plural, de esa atm¨®sfera natural que deber¨ªa respirarse por norma en las sedes de las instituciones democr¨¢ticas.

A lo largo del anterior mandato centrista, el partido gobernante busc¨® que los ¨®rganos principales del Estado se creasen mediante leyes org¨¢nicas consensuadas. El consenso demuestra a la vez un m¨¢ximo inter¨¦s por extender la concordia y la sana humildad de saber que el partido de turno siempre est¨¢ de paso por el Gobierno. Justo lo contrario de la etapa socialista, caracterizada por la presencia uniformadora de la mayor¨ªa parlamentaria en las instituciones controladoras del Ejecutivo. El colof¨®n anunciado a todo dise?o casi monol¨ªtico de la divisi¨®n de poderes es la artrosis del esqueleto pol¨ªtico en una naci¨®n.

?sta es la diferencia cualitativa entre el ayer y el hoy de la democracia constitucional, aprobada por refer¨¦ndum el 6 de diciembre de 1978. Cabe pensar que las cuestiones importantes apuntan a otras carencias m¨¢s urgentes de la acci¨®n cotidiana de gobierno.

Hablar ahora de procedimientos formales, cuando sobre la mesa se agolpan los problemas del saneamiento econ¨®mico y las conductas personales, o la participaci¨®n solidaria de las comunidades espa?olas, puede sonar a p¨¦rdida de tiempo. Sin embargo, el cumplimiento estricto de las previsiones que guarda la Constituci¨®n, en el ¨¢mbito de las instituciones parlamentarias y judiciales, significa la condici¨®n necesaria para que los espa?oles se vean a s¨ª mismos estrechamente comprometidos otra vez con su futuro com¨²n.