Soluci¨®n necesaria

LA DETENCI?N, el pasado martes, de dos militantes de Esquerra Republicana (ERC), acusados por el magistrado de la Audiencia Nacional Carlos Bueren de presuntas relaciones con la banda terrorista Terra Lliure, ha levantado de nuevo pol¨¦mica en Catalu?a. Hace apenas tres meses, una operaci¨®n de mayor amplitud, ordenada en aquel caso por el juez Baltasar Garz¨®n, se sald¨® con la detenci¨®n de 36 personas, de las que 16 permanecen en prisi¨®n y otras 13 est¨¢n en libertad bajo fianza. Ambas actuaciones han despertado sorpresa -pues al menos una parte significativa de los detenidos hace tiempo que abandon¨® la violencia-, y alg¨²n exabrupto demag¨®gico.El caso de esta, semana tiene, adem¨¢s, la particularidad de que uno de los detenidos, Jordi Vera, acusado de haber desempe?ado tiempo atr¨¢s cargos de responsabilidad en Terra Lliure, es precisamente uno de los art¨ªfices del proceso de disoluci¨®n de esta banda en julio de 1991 y de la incorporaci¨®n de sus elementos a la pol¨ªtica democr¨¢tica, en las filas de la independentista Esquerra Republicana, que dirige ?ngel Colom. Disuelta la organizaci¨®n terrorista, Jordi Vera recorri¨® las c¨¢rceles en las que se encontraban presos algunos de sus miembros para tratar -no siempre con ¨¦xito- de que se sumaran al proceso.

Toda esta elogiable evoluci¨®n no puede hacerse, sin embargo, obviando un principio b¨¢sico del Estado de derecho, a saber, que los delitos no pueden quedar impunes. Ni su corolario: cualquier soluci¨®n a los casos particulares ha de instrumentarse a trav¨¦s de los ¨®rganos jurisdiccionales competentes y de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Hay elementos suficientes en el C¨®digo Pena? y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reinsertar a quienes han hecho expresa renuncia de sus actividades delictivas.

Para poner punto final a una actividad delictiva no basta con comunicarlo en una conferencia de prensa y afiliarse posteriormente a un partido democr¨¢tico o irse a casa. Hace falta saldar las cuentas con la justicia. Y eso porque es una norma b¨¢sica del Estado de derecho, no una revancha de la sociedad hacia quienes reconocen sus errores. Hay una l¨®gica del proceso judicial -los delitos no prescritos deben ser perseguidos de acuerdo con las leyes vigentes- que nada tiene que ver con las repetidas imputaciones que ha hecho ?ngel Coloni de un supuesto dirigismo del PSOE de las actuaciones de los magistrados de la Audiencia Nacional con el fin de hostigar al independentismo pac¨ªfico. Esas imputaciones son irresponsables.

La detenci¨®n de Jordi Vera ha suscitado un cambio de planteamientos en la direcci¨®n de Esquerra. Sus dirigentes han abandonado los argumentos demag¨®gicos y han entrado en el camino de la sensatez y de las soluciones pol¨ªticas a problemas pol¨ªticos: propiciar que quienes hayan estado de una forma u otra vinculados a hechos violentos o delictivos se presenten ante los jueces para que salgan a la luz todos los hechos y abordar as¨ª las soluciones individuales que en cada caso correspondan. Es el mismo esquema arbitrado, en 1982 por el entonces ministro del Interior, Juan Jos¨¦ Ros¨®n, y el diputado de Euskadiko Ezquerra Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s para encauzar, en colabora ci¨®n con la justicia, el abandono de la lucha armada de m¨¢s de 250 militantes de ETA Pol¨ªtico-militar que concluy¨® felizmente en 1987. Es la soluci¨®n sensata y necesaria.