Proyecto salom¨®nico
FINALMENTE, EL Gobierno ha deshojado la margarita del proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos. Con su remisi¨®n al Congreso de los Diputados se da el primer paso para desbloquear una situaci¨®n an¨®mala que perdura desde hace d¨¦cadas en Espa?a. La decisi¨®n es una muestra de responsabilidad pol¨ªtica: el Gobierno ha vencido la tentaci¨®n de quedarse con los brazos cruzados ante un asunto socialmente controvertido y electoralmente arriesgado. Y ello es tanto m¨¢s relevante cuanto que ha tenido que hacer frente a posturas, mantenidas en el propio ¨¢mbito socialista, que aconsejaban dar largas al asunto en espera de momentos pol¨ªticamente m¨¢s propicios.Ning¨²n motivo de peso hab¨ªa, sin embargo, para mantener por m¨¢s tiempo la r¨¦mora del PSOE a dar cumplimiento a una de las promesas electorales que le llevaron al poder en 1982 y que ha sido revalidada en las sucesivas legislaturas. Si bien estaba justificado disponer del tiempo necesario para debatir en las instancias gubernamentales un asunto tan complejo, no lo estaba mantenerlo congelado indefinidamente por miedo a tomar la decisi¨®n pol¨ªtica de darle v¨ªa libre en el Parlamento. Lo que hace falta ahora, una vez que se ha dado este paso, es que la reforma del marco arrendaticio sea equilibrada y responda equitativamente a los m¨²ltiples intereses en juego: los econ¨®micos y los sociales, los de arrendadores y arrendatarios.
No ser¨¢ f¨¢cil, sin embargo, contentar a unos y a otros en una cuesti¨®n que se asemeja poco menos que a la cuadratura del c¨ªrculo. Pero si unos convienen en la incongruencia que supone mantener un islote intervencionista en una econom¨ªa de mercado, deducir¨¢n la necesidad de su liberalizaci¨®n. Y si, al mismo tiempo, los otros aceptan que las reglas del mercado libre no pueden aplicarse sin m¨¢s a un bien social como la vivienda, deducir¨¢n la necesidad de someter su uso a alg¨²n tipo de regulaci¨®n legal. A partir de ah¨ª ser¨ªa f¨¢cil admitir que tanto la congeladora ley de alquileres de 1965, y con mayor raz¨®n las regulaciones arrendaticias anteriores, como la liberalizadora ley Boyer de 1985 provocan situaciones injustas cada vez m¨¢s insoportables y que procede, por ello, su correcci¨®n en un marco legal respetuoso con la Constituci¨®n y socialmente equilibrado.
Pe entrada no se puede desconocer el impacto econ¨®mico y social que implica una reforma que afecta a casi 1,4 millones de viviendas de alquiler, de las que un mill¨®n corresponden a rentas congeladas, y el resto, a la ley Boyer de 1985. Desde el punto de vista econ¨®mico es indiscutible la necesidad de acabar con el estrangulamiento de un sector del mercado f¨¦rreamente sometido a un tipo de relaci¨®n contractual que ni siquiera la muerte es capaz de destruir (las sucesivas subrogaciones del contrato a favor de familiares en diverso grado del arrendatario primitivo). Pero socialmente no puede realizarse una reforma de esta envergadura de modo traum¨¢tico y sin tener en cuenta que una parte importante de los afectados pertenece a capas de poblaci¨®n con niveles de renta bajos, cercanos al salario m¨ªnimo, y pensionistas. Un Gobierno y un legislador preocupados por el bien com¨²n no pueden desconocer esta realidad. De ah¨ª que, si bien la nueva legislaci¨®n arrendaticia debe atender a la equiparaci¨®n de los diversos tipos de contrato, deba hacerlo en plazos razonables y mediante soluciones transitorias que hagan soportable el proceso de adaptaci¨®n.
La nueva regulaci¨®n de los arrendamientos deber¨ªa estar basada en una clara distinci¨®n entre viviendas, locales comerciales y oficinas, estableciendo periodos transitorios para la adaptaci¨®n de los contratos antiguos al nuevo marco legal, m¨¢s flexibles en el caso de las viviendas y m¨¢s en¨¦rgicos y breves en los referentes a locales comerciales y oficinas. ?Responde el proyecto de ley remitido por el Gobierno a estos presupuestos? Globalmente parece que s¨ª, aunque existen aspectos que requerir¨¢n un estudio m¨¢s detallado por parte del Parlamento. Y algunos de ellos, un tratamiento legal y socialmente m¨¢s ajustado.
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