Democracia austera

EN ESPA?A, el descr¨¦dito de los partidos es actualmente considerable, pero -a diferencia con Italia, por ejemplo- el sistema cuenta todav¨ªa con suficiente credibilidad como para ensayar algunas reformas parciales de su funcionamiento. Ese descr¨¦dito se debe sobre todo a la evidencia de comportamientos corruptos, muchos de los cuales se relacionan con pr¨¢cticas irregulares de financiaci¨®n. Los partidos han tendido a explicar esas pr¨¢cticas -cobro de comisiones a empresas constructoras, donaciones encubiertas, etc¨¦tera- por la insuficiencia de las subvenciones p¨²blicas para hacer frente a unos gastos desbordados por el alto coste de las campanas electorales.Es una explicaci¨®n consoladora para los pol¨ªticos, pero bastante discutible. Primero, porque el problema no est¨¢ en las subvenciones, sino en los gastos. Segundo, porque el gasto desbocado no es (o no s¨®lo) el electoral. En Espa?a, al igual que en Francia e Italia, la financiaci¨®n p¨²blica de los partidos se realiza por tres v¨ªas: compensaci¨®n por gastos electorales, asignaciones a los grupos parlamentarios y subvenciones directas al funcionamiento de cada formaci¨®n. Esa triple v¨ªa (que el pasado, a?o supuso un coste presupuestario de 12.500 millones de pesetas en el caso espa?ol) no ha impedido que sean justamente esos' tres pa¨ªses los m¨¢s afectados por fen¨®menos de corrupci¨®n ligados a la b¨²squeda de fuentes paralelas de financiaci¨®n. La experiencia demuestra que los incrementos de las subvenciones p¨²blicas hacen crecer los gastos m¨¢s que proporcionalmente, manteniendo Constante el fuerte endeudamiento y estimulando el recurso a esas fuentes paralelas.

Por otra parte, aunque es posible que el agujero principal, con sus servidumbres financieras, se originara en algunas elecciones, es sobre todo el aumento incontrolado del gasto corriente lo que determina ese endeudamiento. Los efectos de la crisis en las econom¨ªas familiares han aumentado la irritaci¨®n social contra ciertos gastos muy visibles y dificilmente justificables: multiplicaci¨®n de las sedes, viajes, autom¨®viles con ch¨®fer, restaurantes de lujo. La incapacidad de los organismos fiscalizadores para introducir transparencia en esos gastos aumenta la desconfianza. Pero este clima social puede favorecer una rectificaci¨®n a favor de un modelo de democracia mucho m¨¢s austero. De momento, los partidos se han comprometido a reducir los gastos electorales. Fue una iniciativa surgida en el debate sobre el estado de la naci¨®n, que desemboc¨® en la constituci¨®n de una ponencia parlamentaria.

El resultado de sus trabajos ha sido una propuesta de reducci¨®n de la duraci¨®n de las campa?as electorales y de rebaja del tope m¨¢ximo de gastos autorizados a los partidos durante las mismas. Izquierda Unida (IU) no ha firmado la propuesta por considerar insuficiente esa reducci¨®n (que supondr¨ªa un ahorro aproximado del 20% respecto al sistema actual). El Partido Popular tampoco la ha firmado por su desacuerdo con la distribuci¨®n concreta del gasto, que establece limitaciones a los fondos destinados a publicidad exterior y a medios privados de comunicaci¨®n, y por no recoger su petici¨®n respecto a la obligatoriedad de celebrar debates entre los principales candidatos en la televisi¨®n p¨²blica.

Trat¨¢ndose de una cuesti¨®n que afecta a las reglas del juego -a la igualdad de oportunidades-, ser¨ªa deseable recomponer el consenso en el tr¨¢mite parlamentario. Ello implica cesiones rec¨ªprocas, por lo que no es l¨®gico que IU se oponga a lo bueno en nombre de lo que considera ¨®ptimo. La oposici¨®n de los conservadores, aunque pueda estar en par te motivada por consideraciones de estrategia partidista -como su retirada de la ponencia de reforma del reglamento del Congreso-, tiene m¨¢s justificaci¨®n: no se entiende ese empe?o del PSOE y sus aliados por determinar qu¨¦ . proporci¨®n del gasto publicitario haya de dedicarse a la colocaci¨®n de carteles en vallas, farolas y paredes y cu¨¢l a inserciones en los medios privados. Es posible incluso que tal pretensi¨®n sea inconstitucional. Adem¨¢s, ese af¨¢n intervencionista es incoherente con el argumento en nombre del cual se rechaza la propuesta sobre los debates en televisi¨®n: que nadie podr¨¢ obligar a un partido a intervenir en un determinado debate si no lo desea.