El ritmo de la reforma educativa

EL NUEVO calendario de aplicaci¨®n de la Ley de Ordenaci¨®n General del Sistema Educativo (LOGSE), pendiente de aprobaci¨®n por el Gobierno, sustituye al establecido en marzo de 1991. Los cambios son m¨ªnimos: el pr¨®ximo a?o acad¨¦mico se pondr¨¢n en marcha dos cursos de la nueva estructura, en lugar de los cuatro previstos, y todo el proceso de reordenaci¨®n durar¨¢ 11 en vez de 10 a?os. Los responsables de Educaci¨®n del Gobierno y de las comunidades aut¨®nomas han explicado la modificaci¨®n por razones de encaje entre el viejo y el nuevo sistema, pero la mayor¨ªa de los sindicatos, as¨ª como los partidos de la oposici¨®n, han interpretado el cambio como la prueba de la falta de voluntad pol¨ªtica del Gobierno para afrontar el esfuerzo econ¨®mico que supone la reforma.Siempre se puede afirmar que el dinero que se invierte en educaci¨®n es insuficiente, pero los interesados saben que los problemas de la reforma educativa, de sus ritmos de aplicaci¨®n, no se reducen a su dimensi¨®n econ¨®mica. Ah¨ª est¨¢ el caso de las reformas de los planes de estudio universitarios -que no depende de la Administraci¨®n, sino de las propias universidades-, cuyo retraso tiene m¨¢s que ver con las peleas corporativas en el seno de muchos departamentos que con carencias presupuestarias (aunque ¨¦stas tambi¨¦n existen, sobre todo cuando la reforma implica la creaci¨®n de nuevos t¨ªtulos y diplomas).

Por lo dem¨¢s, esas cr¨ªticas de los sindicatos de ense?antes revelan una cierta contradicci¨®n, en la medida en que buena parte de los profesores se han venido pronunciando a favor de una cierta desaceleraci¨®n de los ritmos de aplicaci¨®n de la reforma por motivos escolares, y no s¨®lo econ¨®micos. En ese sentido, lo que se presenta como la p¨¦rdida de un a?o pudiera ser visto como una ganancia. Muchos de los profesores que tienen que protagonizar esta nueva reforma ya padecieron el apresuramiento (tambi¨¦n la falta de financiaci¨®n, es bien cierto) con que se afront¨® la anterior, la de la Ley General de Educaci¨®n de 1970.

Pero que no todo se reduzca a problemas econ¨®micos no significa que no haya un problema de esa ¨ªndole. El criterio, admitido hoy en todo el mundo, de que la educaci¨®n y la investigaci¨®n son los cap¨ªtulos del gasto p¨²blico que no s¨®lo no deben recortarse, sino que incluso deben reactivarse en los tiempos de crisis, sigue siendo v¨¢lido. Pero esa opci¨®n requiere cierto coraje pol¨ªtico, y el Gobierno no ha sido capaz de explicar suficientemente en qu¨¦ concretamente afectar¨¢n los recortes presupuestarios a las inversiones asociadas a la reforma. Es posible que la combinaci¨®n entre razones escolares y presupuestarias aconsejen dilatar en el tiempo la aplicaci¨®n de las previsiones. Pero es inaceptable el criterio extremo de que, trat¨¢ndose de una reforma imaginada en ¨¦poca de vacas gordas, resulta inaplicable en la de flacas y m¨¢s vale esperar tiempos mejores.

En a?o electoral, la tentaci¨®n de utilizar la reforma como campo de batalla ser¨¢ grande, pero nada ser¨ªa m¨¢s desastroso. Si realmente la situaci¨®n exige desacelerar su ritmo, el Gobierno debe reconocerlo as¨ª. Los partidos de la oposici¨®n, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades de gobierno en comunidades aut¨®nomas, deber¨ªan buscar una mayor coherencia entre lo que dicen en el seno de las instituciones de coordinaci¨®n con el Estado y lo que pregonan en el Parlamento central y en las declaraciones a los medios. Esa coherencia es tambi¨¦n exigible a los profesores que dicen una cosa en los claustros y otra cuando negocian con las administraciones.