Una juez pone la gesti¨®n de Prima Inmobiliaria en manos de dos interventores bajo sospecha

Joaqu¨ªn Lluch Rovira y Carmina Soler Balaguero han sido designados por una juez como interventores de una de las suspensiones de pagos m¨¢s importantes de los ¨²ltimos a?os: la de Prima Inmobiliaria, del grupo KIO. Y ello a pesar de que ambos figuran en el informe del Consejo General del Poder Judicial que revela presuntas irregularidades en la asignaci¨®n de las quiebras y suspensiones de pagos de los juzgados de Madrid.

Tres meses despu¨¦s de que el Consejo enviara ese informe a la fiscal¨ªa de Madrid para su investigaci¨®n, dos juzgados locales (el 50 y el 49) han encomendado asuntos a Lluch Rovira, entre ellos Prima Inmobiliaria y varias de las empresas del grupo Candy.Los interventores son profesionales del derecho o de la econom¨ªa que se ocupan de controlar una empresa en suspensi¨®n de pagos o quiebra mientras los jueces resuelven el caso, gesti¨®n por la que perciben sustanciosos beneficios. El Poder Judicial emprendi¨® su investigaci¨®n ante el hecho de que cuatro interventores judiciales de Madrid acaparasen la mayor¨ªa de las quiebras y suspensiones que llegaban a los juzgados de la plaza de Castilla (ver EL PA?S del pasado 17 de septiembre).

Las dietas de estos profesionales pueden oscilar entre 250.000 pesetas mensuales -para suspensiones de hasta 50 millones- y los tres millones de pesetas para suspensiones de 5.000 millones. El exceso de 5.000 millones se suele tarifar al 0,2%. Todo ello sin perjuicio de los honorarios que luego se negocien con la empresa, partiendo de las tarifas de los colegios a los que los interventores pertenezcan. Prima Inmobiliaria present¨® suspensi¨®n de pagos con un pasivo que supera los 10.000 millones de pesetas.

Indignaci¨®n

Seg¨²n la investigaci¨®n del CGPJ, Lluch Rovira es de los auditores que m¨¢s quiebras y suspensiones de pago han acaparado en los ¨²ltimos a?os. Pese a este informe -y pese a la investigaci¨®n que desarrolla la fiscal¨ªa- ni Lluch Rovira ni Carmina Soler se han quedado en el paro. El juzgado 49 nombr¨® a Lluch Rovira el pasado 15 de enero para gestionar las empresas Candy Urbe, SA, Candy Mensajer¨ªa, SA, Candy Mailing, SA, e Icibansa; y el 16 de diciembre de 1992, para la suspensi¨®n de Prima, en la que tambi¨¦n figura como interventora Carmina Soler.Ambos se encuentran entre los cuatro interventores (de los m¨¢s de 1.000 titulados que hay en Madrid) que m¨¢s asuntos acapararon entre 1990 y mayo de 1992: Lluch intervino en 72 casos de empresas en crisis, con un pasivo total de 73.197 millones de pesetas, seg¨²n la investigaci¨®n del Poder Judicial. Carmina Soler gestion¨® 26 compa?¨ªas, con un pasivo de 21.393 millones.

Las fuentes judiciales que denuncian la reincidencia de Lluch Rovira en la gesti¨®n de empresas en crisis se sienten indignadas porque estas mismas personas "sigan ejerciendo tales actividades".

Este peri¨®dico intent¨® ayer, sin ¨¦xito, conversar con la juez de primera instancia n¨²mero 49 de Madrid, Amella Re¨ªllos, cuyo juzgado ha elegido a Lluch Rovira como comisario de la quiebra de varias de las empresas de Candy. El secreta r¨ªo de este ¨®rgano judicial tampoco ha querido hacer declaraciones al respecto, seg¨²n indic¨® a este peri¨®dico una de sus su bordinadas.

Carmen Gamiz, secretaria del Juzgado n¨²mero 50, que ha designado a Lluch Rovira como interventor de la suspensi¨®n de Prima, indic¨® ayer: "Tengo noticias oficiosas de que esa investigaci¨®n est¨¢ cerrada. La elecci¨®n del interventor es una facultad discrecional del juez, que act¨²a en funci¨®n de la confianza que tenga en la gesti¨®n de esa persona y de las otras que intervienen". La titular de este juzgado es Josefa Ruiz Mar¨ªn.

Ell fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fern¨¢ndez, se?al¨® ayer que las pesquisas sobre las presuntas irregularidades advertidas en el reparto y asignaci¨®n de estos casos se est¨¢n desarrollando "con tranquilidad, pero sin calma". Fern¨¢ndez considera inadecuado avanzar en este momento qu¨¦ aspectos concretos se estudian, aunque aclar¨® que, de momento, "no se est¨¢ investigando a ninguna persona", sino solamente los hechos. Admite que en los ¨²ltimos tiempos ha habido "una extra?a pr¨¢ctica usual" en casi todos los juzgados de primera instancia, al encomendar a un grupo reducido de interventores -"que por otra parte lo hacen bien"- la gesti¨®n de las quiebras y suspensiones.

Las pesquisas del Poder Judicial sobre estas presuntas irregularidades comenzaron a instancias del ex decano de los jueces de Madrid Antonio Garc¨ªa Paredes y del actual presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger.