As¨ª se conceden los permisos a los presos

La concesi¨®n del tercer grado penitenciario, que implica que el preso s¨®lo acude a la c¨¢rcel a dormir, depende de la Administraci¨®n de Justicia. Frente a tal concesi¨®n, el juez de Vigilancia Penitenciaria s¨®lo interviene para resolver posibles recursos en contra de la decisi¨®n, pero, obviamente, el preso beneficiado no recurre. En 1992, Justicia concedi¨® un total de 31.531 permisos de ese tipo -es la suma de los fines de semana o permisos de semana, no la suma de reclusos-, sobre un total de unos 37.000 presos como cifra media de poblaci¨®n reclusa a lo largo de ese a?o. S¨®lo 71 presos no regresaron tras conseguir esa clase de permiso.El problema entre Gobierno y jueces surge en los casos de clasificaci¨®n en el llamado segundo grado -se requiere el haber cumplido la cuarta parte de la condena y buen comportamiento-, situaci¨®n en la que los reclusos pueden acceder a permisos. La Administraci¨®n o los propios presos solicitan esos permisos, pero la ¨²ltima palabra -para autorizarlos o denegarlos- corresponde al juez de vigilancia. As¨ª, en 1992 los jueces autorizaron 19.416 permisos promovidos por la Administraci¨®n o los reclusos (en 348 casos, es decir, un 1,78%, los beneficiarios no regresaron). En 1.955 casos, sin embargo, hubo discrepancia y el juez dio esos permisos en contra del parecer de la Administraci¨®n. En este apartado, 108 reclusos no regresaron, de los que 51 hab¨ªan sido catalogados como peligrosos por Justicia: asesinos, violadores, homicidas, miembros de bandas armadas, integrantes de organizaciones delictivas [narcotraficantes] y todos los condenados a penas superiores a 18 a?os.

Ante cada solicitud, la Junta de Tratamiento -integrada por expertos- y la Junta de R¨¦gimen del centro -dependiente del Ministerio de Justicia- realizan informes t¨¦cnicos. A la vista de su contenido, el juez decide.

Para los presos clasificados como de tercer grado, la Ley General Penitenciaria prev¨¦ permisos de fin de semana y de siete d¨ªas consecutivos, hasta un m¨¢ximo de 48 d¨ªas al a?o. Para la concesi¨®n de estos permisos, no es necesaria la autorizaci¨®n judicial, pero s¨ª el informe favorable de la Junta de R¨¦gimen. El juez s¨®lo interviene si existe recurso contra la denegaci¨®n.

Tanto la Junta de R¨¦gimen como el juez de vigilancia se apoyan, para adoptar las decisiones que les corresponden, en el Equipo de Tratamiento, integrado por un crimin¨®logo, un jurista, un psic¨®logo, un educador social, un asistente social y, a veces, tambi¨¦n por un soci¨®logo, nombrados por oposici¨®n.