El Tribunal Supremo obliga al juez Barbero a paralizar la investigaci¨®n del 'caso Filesa'

El Tribunal Supremo dio ayer un fuerte varapalo al juez Marino Barbero. La Sala Segunda, a la que pertenece el magistrado, dict¨® un auto en el que le obliga a paralizar su investigaci¨®n sobre el caso Filesa y a presentar un informe en el que explique los indicios de delitos existentes en la causa contra el diputado Carlos Navarro y el senador Josep Maria Sala, ambos socialistas, con el fin de que se tramiten los correspondientes suplicatorios al Congreso y al Senado.

La resoluci¨®n del alto tribunal fue adoptada con los votos favorables del presidente de la sala, Enrique Ruiz Vadillo, y el magistrado Luis Rom¨¢n Puerta Luis. En el borrador del auto se fijaba un plazo perentorio de 10 d¨ªas para que el juez Barbero emitiera su dictamen sobre los indicios de criminalidad que ha detectado en las conductas de los dos parlamentarios, si bien posteriormente el texto fue suavizado y el plazo fue sustituido por la expresi¨®n "en un t¨¦rmino lo m¨¢s breve posible".El tercer miembro del tribunal, Jos¨¦ Augusto de Vega considerado pr¨®ximo al PSOE en fuentes de la judicatura, redact¨® un voto particular en el que destaca: "No se puede poner en duda que el PSOE es el gran afectado en un proceso en el que no le est¨¢ permitido ejercitar ning¨²n derecho de defensa". Fuentes de las acusaciones pusieron de manifiesto, sin embargo, que el defensor del en causado Alberto Flores e Francisco Virseda, asesor jur¨ªdico del PSOE, que en esa condici¨®n ha estado presente en los registros de la sede socialista, precisamente cuando el sumario era secreto para las partes y, por ende, para ¨¦l mismo, en su condici¨®n de defensor.

El auto del tribunal insta inequ¨ªvocamente a Barbero a paralizar la investigaci¨®n de Filesa "hasta que las c¨¢maras resuelvan, actu¨¢ndose y continu¨¢ndose, a partir de entonces, de la forma legalmente establecida", aunque precisa que "ello no implica, en absoluto, ning¨²n obst¨¢culo, por m¨ªnimo que sea, a la investigaci¨®n".

El Supremo indica al magistrado que cuando se detectan indicios racionales de criminalidad en la conducta de parlamentarios hay que pedir autorizaci¨®n a las c¨¢maras para continuar el proceso, y recuerda que Barbero, en el ¨²ltimo informe remitido al tribunal, dec¨ªa: "En la actividad del instructor ha sido decisivo ( ... ) una vez que existen en lo precedentemente actuado indicios racionales de criminalidad, la consideraci¨®n del particular valor que tal car¨¢cter de aforados los querellados poseen".Por ello, el tribunal pide a Barbero que le informe de los indicios existentes para tramitar inmediatamente los suplicatorios. Igualmente le precisa que se abstenga de continuar el procedimiento hasta obtener la autorizaci¨®n de las c¨¢maras y, "mientras el Congreso o el Senado no resuelvan sobre la autorizaci¨®n pedida, han de suspenderse las diligencias, excepto las relativas a la detenci¨®n, prisi¨®n o procesamiento".

Sobre las nulidades de pruebas solicitadas por varias de las defensas, la Sala Segunda precisa que "no es procedente pronunciarse" por el momento, pues hacerlo exigir¨ªa un conocimiento en profundidad del caso que por ahora no se tiene.Voto particular

En el voto particular, Jos¨¦ Augusto de Vega se?ala que se ha producido indefensi¨®n respecto al partido socialista y los acusados, ya que "la instrucci¨®n se ha generalizado", y alude a la adopci¨®n de medidas de vigilancia para "corregir, si preciso fuere, los excesos jur¨ªdicos del instructor". De Vega considera que el tribunal deber¨ªa decidir sobre las peticiones de nulidad solicitadas por las defensas para evitar posibles perjuicios por haberse vulnerado el principio de proporcionalidad y haber causado indefensi¨®n.

Por otro lado, ayer declararon ante Barbero FranQois Georges de Boyer, consejero delegado de Pryca, y Jos¨¦ Luis de la Torre S¨¢nchez, director general de Saneamiento Urbano de Focsa, en relaci¨®n con los informes encargados a Filesa y por los que Pryca pag¨® 28 millones y Focsa, 106,4.

De Boyer se?al¨® que fue designado consejero delegado en octubre de 1992 y que los directivos de la ¨¦poca en la que se gestionaron los dict¨¢menes han sido trasladados a Turqu¨ªa y Taiwan. Agreg¨® que desconoc¨ªa cualquier dato sobre los informes relativos a un supuesto asesoramiento sobre inversiones en Albacete, Alcira y Almer¨ªa, ya que su empresa funciona de forma muy descentralizada.

Los informes, que se encuentran aportados al sumario, son, seg¨²n los abogados de la acusaci¨®n, fotocopias de ordenanzas municipales y recortes de peri¨®dicos, como La Verdad de Murcia, sin valor alguno.

De la Torre, por su parte, admiti¨® que contrat¨® con Luis Oliver¨® un informe sobre las posibilidades de implantaci¨®n de Focsa en Francia y Gran Breta?a y que autoriz¨® los pagos. A?adi¨® que desconoce el paradero del informe.