No hay fronteras para la c¨¢mara de gas

En M¨¦xico no hay pena de muerte, pero 18 ciudadanos mexicanos aguardan hoy en diversas penitenciar¨ªas de Estados Unidos el momento de ser ejecutados. La lista ha conmovido a la opini¨®n p¨²blica mexicana, y el Gobierno, empujado por la presi¨®n popular, remueve todos los c¨®digos jur¨ªdicos a su alcance para intentar detener legalmente esta cascada de ejecuciones que se avecinan y que, de aplicarse, podr¨ªan llegar a tener un impacto negativo en las relaciones entre ambos pa¨ªses.

En 1980, cuatro mexicanos fueron condenados a cadena perpetua en Chicago (Ilinois) por una disputa entre familias, que se sald¨® con varios muertos. Diez a?os despu¨¦s aparecieron pruebas que les exim¨ªan de tal culpabilidad. Hoy aquellos convictos est¨¢n en libertad.La posibilidad de que la justicia norteamericana incurra en errores de este tipo con alguno de los 18 condenados a muerte preocupa en M¨¦xico, m¨¢xime cuando el que se sienta en el banquillo es un compatriota, emigrante, sin conocimiento del ingl¨¦s y sin recursos econ¨®micos.

Lo que diferencia a M¨¦xico de Estados Unidos es que el primero de estos pa¨ªses est¨¢ en contra de la pena de muerte por principio. "Es cruel e inhumana", asegura el ministro de Exteriores Fernando Solana, quien opina que la pena no es ejemplar.

Del total de 190 hispanos que esperan ejecuci¨®n, 18 tienen pasaporte mexicano, lo que obliga al Gobierno de este pa¨ªs a brindarles protecci¨®n.

El caso m¨¢s pat¨¦tico ocurri¨® el pasado 26 de enero cuando faltaban s¨®lo seis horas para que una. inyecci¨®n letal acabara con la vida de Ram¨®n Montoya Facundo en la prisi¨®n de Ellis I, en Hunstville (Tejas). Montoya, convicto del asesinato de un polic¨ªa en Dallas, en 1988, hab¨ªa agotado todas sus posibilidades de seguir con vida.

A las 18 horas -el desenlace estaba previsto para el primer minuto del d¨ªa 27- lleg¨® por fax a la penitenciar¨ªa la orden de suspensi¨®n temporal de la ejecuci¨®n. Milagrosamente, el Tribunal Supremo hab¨ªa aceptado un recurso de su abogado, Duff Lewis, un experto contratado por M¨¦xico, en el que se argumentaba una violaci¨®n de las garant¨ªas constitucionales del reo durante su procesamiento. A Montoya se le hab¨ªa arrancado, sin la debida presencia de un abogado, una autorizaci¨®n para registrar su casa, donde se hall¨® el arma homicida.

Otros tres mexicanos han corrido similar suerte a escasas horas de su ejecuci¨®n. Ricardo Aldape, condenado por matar a otro polic¨ªa, se salv¨® de la inyecci¨®n letal el 24 de septiembre de 1992 gracias a un recurso de h¨¢beas corpus. Otro recurso similar impidi¨® que Irineo Trist¨¢n Montoya, condenado por asesinato y otros delitos, fuera ejecutado el 10 de septiembre de 1992. La pr¨®xima ejecuci¨®n de un mexicano est¨¢ se?alada para el 9 de marzo en la persona de Juan Alonso Caballero, acusado del homicidio de tres j¨®venes en Illinois.

Ram¨®n Salcido mat¨® a su esposa, a sus tres hijos, a su suegra y a su patr¨®n en California en 1989. Luego huy¨® a M¨¦xico, pero fue secuestrado en su pa¨ªs y devuelto ilegalmente a EE UU. Ahora, M¨¦xico, para evitar su ejecuci¨®n, alega que se viol¨® la ley y su propia soberan¨ªa con este secuestro. Pero tiene las de perder: EE UU, seg¨²n una reciente sentencia del Tribunal Supremo se considera legitimado para actuar fuera de sus fronteras en la persecuci¨®n del crimen. Es su propia ley de la selva, contra la que no admite apelaciones.