Imputaciones y datos

NO ERA necesario calificar de forma tan primitiva, como lo hizo el diputado del Partido Popular Jos¨¦ Manuel Otero Novas en el Congreso, el proyecto de ley de prevenci¨®n del blanqueo de capitales procedentes del narcotr¨¢fico para alertar sobre sus hipot¨¦ticos riesgos de ilegalidad o de inconstitucionalidad.Los trazos gruesos con los que el diputado describi¨® el proyecto -versi¨®n financiera de la patada a la puerta de la ley Corcuera, Gestapo financiera con fines no confesados- y las torvas intenciones que asign¨® al Gobierno en su presentaci¨®n -visi¨®n totalitaria y ejercicio de dictadura salv¨ªfica del estilo de la del f¨¹hrer, gran conductor, gran timonel o padrecito- no bastan, en todo caso, para ocultar una evidencia: que un partido que, como el PP, predica la represi¨®n pura y dura contra la droga, al punto de pretender castigar con la c¨¢rcel al mero consumidor, se muestra cauteloso cuando se trata de controlar donde m¨¢s les duele a los narcotraficantes: en los beneficios ingentes que obtienen y los bienes en que son invertidos. Que la l¨®gica represiva se pare justo donde est¨¢ m¨¢s justificada es todo un ejercicio de incoherencia.

No es extra?o que en esta ocasi¨®n el PP se haya quedado solo, vapuleado por el resto, y que ning¨²n otro grupo parlamentario se prestase a acompa?arle en su extravagante perorata. La impunidad con que una parte sustanciosa de las ganancias del narcotr¨¢fico (m¨¢s de 37 billones de pesetas al a?o en el mundo) se transfiere a los circuitos financieros es sencillamente escandalosa. Y que existan dificultades legales para hacerle frente -adem¨¢s de las pr¨¢cticas- no justifica actitudes que, en el fondo, s¨®lo pretenden que las cosas sigan como est¨¢n.

Los Gobiernos hace tiempo que idean f¨®rmulas para el seguimiento de las transferencias bancarias del narcotr¨¢fico sin por ello causar da?o al funcionamiento normal del sistema financiero. Otra cosa es que ello sea posible y que tales f¨®rmulas alcancen el ¨¦xito que se espera de ellas, en un contexto prohibicionista de la droga que dispara su valor en el mercado. De ah¨ª la reciente reforma del C¨®digo Penal que tipifica por primera vez como un delito espec¨ªfico el lavado de dinero negro procedente del narcotr¨¢fico y penaliza la negligencia culposa de quienes no alerten de tales operaciones si tienen indicios de ellas. De ah¨ª tambi¨¦n la ley que en el ¨¢mbito administrativo intenta coordinar todos los esfuerzos del sistema financiero en la prevenci¨®n y vigilancia de los movimientos de capitales sospechosos de tener un origen criminal. Por lo dem¨¢s, estas iniciativas legislativas responden a una concreta directiva comunitaria que, a su vez, recoge exigencias de los convenios internacionales de Basilea y de Viena sobre el control del blanqueo del dinero del narcotr¨¢fico.

A nadie se le oculta el riesgo de que este tipo de legislaci¨®n, que indaga en zonas oscuras de delincuencia camufladas a vaces en la propia ley, pueda invadir ¨¢mbitos reservados al ejercicio de derechos fundamentales del ciudadano. Pero en el caso de un proyecto de ley que ha recibido el visto bueno, en principio, de todos los grupos parlamentarios, salvo el Popular, es l¨®gico deducir que tal riesgo quede descartado.

Una mayor¨ªa parlamentaria num¨¦ricamente tan aplastante, a la vez que pol¨ªtica e ideol¨®gicamente tan diversa, tendr¨¢ sumo cuidado en hacer compatibles los; objetivos que persigue el proyecto de ley con el respeto de los derechos del ciudadano. En todo caso, es muy positivo que el sistema financiero haya mostrado su conformidad con la colaboraci¨®n legal que se le exige y que de hecho viene prestando voluntariamente desde hace dos a?os. A partir de ah¨ª ser¨¢ m¨¢s f¨¢cil al Parlamento despejar dudas, perfeccionar mecanismos y establecer cautelas que eviten los posibles usos torticeros de la norma. Como m¨¦todo legislativo es m¨¢s solvente que la espantada.

Por ¨²ltimo, no deja de llamar la atenci¨®n la acci¨®n parlamentaria del PP en los ¨²ltimos d¨ªas. Es leg¨ªtimo que la derecha mantenga o aumente la presi¨®n sobre el Gobierno, sobre todo en periodo preelectoral; pero sin esa sensaci¨®n de irresponsabilidad que el pasado jueves dio Otero Novas, o un d¨ªa antes su diputado Blas Camacho, con imputaciones exentas de dato concreto alguno. La debilidad program¨¢tica de los conservadores sigue siendo su tal¨®n de Aquiles.