Las empresas de trabajo temporal aseguran que el proyecto de ley del Gobierno las hace inviables

La patronal de las empresas de trabajo temporal (Geesta) afirm¨® ayer que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno para regularlas "es inviable desde el punto de vista empresarial". La obl¨ªgaci¨®n de depositar una fianza en el Inem equivalente al 10% de su facturaci¨®n no es financieramente soportable "porque el beneficio medio de estas empresas en Europa es entre un 2% y un 4%", explica Javier Benavente, su presidente.

El documento que ha enviado el Gobierno al Consejo Econ¨®mico y Social (CES) para su consulta preceptiva establece que las empresas de trabajo temporal (ETT) requieren, para empezar a funcionar, una autorizaci¨®n administrativa previa y depositar una fianza equivalente al 10% de la facturaci¨®n del a?o anterior. Adem¨¢s deben pagar una indemnizaci¨®n a los trabajadores cuando se acabe el contrato temporal y destinar un 1% de la masa salarial a formaci¨®n. "Todo esto incrementa los costes un 16%, como m¨ªnimo", se queja Javier Benavente. En Espa?a funcionan desde hace a?os unas 200 empresas de este tipo pese a no estar legalizadas. A la patronal Geesta est¨¢n asociadas 50 de estas empresas, que el ano pasado encontraron ocupaci¨®n a 100.000 personas. Esta patronal anuncia que est¨¢ elaborando un documento alternat¨ªvo.Geesta tambi¨¦n denuncia un trato discriminatorio con el resto de las empresas a la hora de contratar. "Nosotros tendremos que pagar una indemnizaci¨®n del 5% cada vez que finalice un contrato temporal, y la empresa de enfrente no". Y lo mismo dicen de la obligaci¨®n de destinar un 1% a formaci¨®n: "S¨®lo nosotros estamos obligados a ello". "Otra cosa poco realista es que los periodos de prueba para los trabajadores sean de entre cuatro y seis d¨ªas, porque no le ha dado tiempo al contratado ni a sentarse en la silla". Las ETT piden que se ampl¨ªe este periodo hasta 15 d¨ªas.

Tambi¨¦n se sienten discriminadas en relaci¨®n con las empresas de contratas y subcontratas. "A la responsabilidad subsidiaria de la empresa contratante, en nuestro caso, se une la garant¨ªa de despositar en el Inem una cantidad equivalente al 10% de la facturaci¨®n". A juicio de Javier Benavente, el proyecto de ley "est¨¢ lleno de buenas intenciones, pero no tiene en cuenta la viabilidad".

Tampoco est¨¢n de acuerdo con limitar a seis meses la duraci¨®n m¨¢xima de los contratos, y proponen que sea prorrogable hasta tres a?os.

Para Miguel Alfageme, director general de Ecco, una de las tres multinacionales que operan en Espa?a, este proyecto de ley no cumple los objetivos previstos. "No ayuda a flexibilizar el mercado de trabajo ni a la creaci¨®n de una nueva herramienta de pol¨ªtica de empleo". Esta legislaci¨®n "es la m¨¢s dura detr¨¢s de la alemana y tiene muchas lagunas", a juicio de Alfageme. "La legislaci¨®n francesa prohibe cubrir puestos amortizados tres meses antes y aqu¨ª han adoptado esta norma pero multiplicando el n¨²mero de meses por cuatro", a?ade.