Sumario robado, caso cerrado
Los ladrones de juzgados, adem¨¢s de destruir pruebas, intentan inculpar a los jueces
La destrucci¨®n de las pruebas de un juicio mediante la sustracci¨®n de efectos y documentos de los juzgados ten¨ªa como prop¨®sito com¨²n, al menos hasta ahora, dar al traste con el proceso y evitar la condena de los implicados. Sin pruebas no se puede condenar, y ¨¦se fue el prop¨®sito tanto de quien hizo desaparecer los casquillos de bala del caso Urquijo como de quienes intentaron robar el sumario del caso Ruiz-Mateos. Pero los ladrones han elevado el list¨®n y ya no se conforman con la exculpaci¨®n de sus c¨®mplices. Ahora pretenden hacer juzgar al juez, tomando como prueba para la condena los papeles que le han robado.
Es esta ¨²ltima modalidad la que se ha intentado poner en pr¨¢ctica para remover al juez Baltasar Garz¨®n de la instrucci¨®n del sumario contra el traficante de armas Monzer al Kassar. Utilizando unas notas aparentemente manuscritas por Garz¨®n y sustra¨ªdas de su despacho por un autodenominado Duende del Port¨®n, los abogados de. Al Kassar trataron de incriminar al magistrado en delitos de prevaricaci¨®n y falsedad por una imaginaria "reconstrucci¨®n" del sumario. La denuncia, sin embargo, ha ido al cesto de los papeles con el pl¨¢cet de la junta de fiscales de lo penal del Tribunal Supremo.Similares intenciones proyecta el espionaje a los jueces, del que tambi¨¦n Garz¨®n ha sido v¨ªctima, a cargo de dos equipos distintos de detectives privados. Pero no ha sido el ¨²nico. Poco despu¨¦s de que el juez de Sevilla Angel M¨¢rquez adquiriese notoriedad COMO instructor del caso Juan Guerra, los polic¨ªas que le ayudaban en su investigaci¨®n denunciaron la intervenci¨®n de sus tel¨¦fonos Desde entonces, cualquier consulta entre juez y polic¨ªas se realiza personalmente, hasta el punto de que el tel¨¦fono en la unidad policial es pr¨¢cticamente un elemento decorativo.
Estas sustracciones de documentos o el espionaje a los jueces son los ¨²ltimos episodios de una larga lista de indicencias que, en contra lo que pudiera parecer, rara vez consiguen desbaratar el juicio, prop¨®sito m¨¢s com¨²n buscado por los ladrones. Al menos, ¨¦sa parece ser la conclusi¨®n m¨¢s relevante en el desenlace de tentativas y robos de sumarios ocurridos en los ¨²ltimos a?os.
265 casquillos
El robo de pruebas judiciales por antonomasia fue la desaparici¨®n, nunca aclarada, de los casquillos de bala del caso, Urquijo. El mismo d¨ªa de iniciarse el proceso se tuvo conocimiento de que la principal prueba de cargo contra Rafael Escobedo Alday, acusado del doble asesinato de sus suegros, los marqueses de Urquijo, hab¨ªa desaparecido del juzgado de Instrucci¨®n un a?o antes. Se trataba de confrontar los 265 casquillos recogidos en una finca de los Escobedo con otros cuatro recuperados en el dormitorio de los marqueses asesinados, y todos hab¨ªan desaparecido.La sustracci¨®n pretend¨ªa causar la suspensi¨®n del proceso para que unos meses despu¨¦s Escobedo tuviese que ser excarcelado por cumplimiento del m¨¢ximo tiempo en prisi¨®n sin juicio. El esc¨¢ndalo fue may¨²sculo, pero ni siquiera la desaparici¨®n de esta prueba fundamental pudo impedir que el juicio siguiese adelante y concluyese con una sentencia de 53 a?os de c¨¢rcel para Escobedo.
No fue exactamente de un juzgado, sino del Ayuntamiento de Pelayos de la. Presa, de donde desapareci¨® la pistola del caso Urquijo. Unos ni?os encontraron el arma en el pantano de San Juan, donde la hab¨ªa arrojado Javier Anastasio de Espona por encargo de su amigo Rafi Escobedo. La pistola hubiese resultado inapreciable como prueba en el caso, pero su desaparici¨®n, tampoco aclarada nunca, no impidi¨® el procesamiento de Anastasio y que el fiscal pidiese para ¨¦l 60 a?os de c¨¢rcel como coautor de los asesinatos. Anastasio huy¨® a Brasil aprovechando su libertad provisional.
En Madrid, los robos a juzgados proliferaron con mayor intensidad a mediados de los a?os ochenta. Los juzgados de distrito de la calle Mar¨ªa de Molina, por ejemplo, fueron asaltados siete veces entre los a?os 1986 y 1987. Los ladrones tan pronto se llevaban escopetas de caza, radiocasetes o peque?as cantidades de dinero en met¨¢lico, como los documentos correspondientes a 300 juicios de faltas, 200 asuntos civiles o todos los libros de registro.
En el Palacio de Justicia de las Salesas, por entonces sin apenas vigilancia, la creciente inseguridad movi¨® al Tribunal Supremo a instalar en una c¨¢mara acorazada el dispositivo donde los magistrados y un equipo de secretarias redactaron la sentencia del 23-F para evitar sustracciones.
Escondido en un armario
La medida no era balad¨ª, como se demostrar¨ªa a?os despu¨¦s. El pasado 17 de diciembre, el magistrado de Sevilla Conrado Gallardo daba los ¨²ltimos retoques al fallo que condenaba a Juan Guerra a un a?o de prisi¨®n y 35 millones de multa por delito fiscal. Al regresar a su despacho tras una breve ausencia, comprob¨® que el borrador de la sentencia hab¨ªa desaparecido. Gallardo convoc¨® a la prensa para adelantar su resoluci¨®n y evitar as¨ª que alguien la aprovechara.El mismo caso Juan Guerra origin¨® que el juez ?ngel M¨¢rquez descubriese una ma?ana que la mesa de su despacho estaba desordenada y algunos objetos del escritorio, entre ellos el tel¨¦fono, hab¨ªan modificado su posici¨®n. La denuncia qued¨® archivada.
Con tales antecedentes, imposible evitar las suspicacias en torno al cambiazo de billetes del caso Ollero. En contra de la orden judicial de custodia de los 22 millones pagados por la constructora Ocisa a Jorge Ollero, entre el banco y los empleados de una empresa de transporte se deshicieron del precinto y dieron curso al cuerpo del delito, los billetes de 10.000 pesetas intervenidos por la polic¨ªa. Afortunadamente, en el acta judicial se hab¨ªan anotado los n¨²meros de serie y con ello qued¨® preservada la prueba.
El robo del sumario de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, de tintes rocambolescos y preparado en sus m¨ªnimos detalles, fall¨® por una simple coincidencia: en pleno mes de agosto, la secretaria de causas especiales del Tribunal Supremo, Herminia Palencia, traslad¨® los principales documentos a su despacho, dotado con aire acondicionado, para hacer algunas comprobaciones.
Jos¨¦ Luis Ruiz Parra, un individuo del entorno de Ruiz-Mateos que hab¨ªa pernoctado en un armario del Supremo, casi enloqueci¨® buscando entre legajos los tomos del proceso siguiendo las indicaciones que recib¨ªa por un transmisor. Su detenci¨®n condujo a la de sus otros dos c¨®mplices cuando acudieron a recoger las gu¨ªas de tel¨¦fono que la Guardia Civil hizo pasar por el sumario.
Desorden en dep¨®sitos
La desaparici¨®n de los casquillos del caso Urquijo dio pie al Ministerio de Justicia para crear dep¨®sitos en Bilbao, Sevilla, Valencia y Zaragoza, con el bienintencionado prop¨®sito de mejorar la custodia de las "piezas de convicci¨®n" o pruebas materiales que deben exhibirse ante el tribunal.Sin embargo, en diciembre de 1989, una representaci¨®n de los joyeros espa?oles denunci¨® ante Justicia que las alhajas recuperadas por la polic¨ªa como bot¨ªn de atracos no eran devueltas en su totalidad. El decano de los juzgados de Madrid, Antonio Garc¨ªa Paredes, reconoci¨® que la mayor parte de las p¨¦rdidas estaban relacionadas con el desorden en los dep¨®sitos judiciales. Otras desapariciones de joyas quedaron justificadas en sumarios abiertos a miembros de la mafia policial.
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