El Gobierno de la rapi?a

Por el respeto que sent¨ªamos hacia Giovanni Conso titulamos la primera p¨¢gina de La Repubblica, hace unos d¨ªas, 'Medio borr¨®n y cuenta nueva', pero el respeto hacia la verdad nos obliga hoy a afirmar que, por lo menos respecto a la financiaci¨®n de los partidos, el borr¨®n y cuenta nueva ha sido total. No favorece al Gobierno protegerse tras las indicaciones del Senado; nuestras actuales asambleas parlamentarias no est¨¢n seguramente deslegitimizadas para deliberar, a excepci¨®n de un tema que es precisamente el de las sanciones relativas a la corrupci¨®n pol¨ªtica y a las violaciones sistem¨¢ticas y masivas de la ley de 1974 sobre la financiaci¨®n p¨²blica de los partidos.Se pod¨ªan y se deb¨ªan cambiar las normas que regulan esa financiaci¨®n, pero no se deb¨ªan ni se pod¨ªan despenalizar las violaciones, sobre todo sabiendo que ¨¦sas habr¨ªan sido ampliadas incluso para los delitos cometidos durante el periodo de vigencia de la antigua ley y habr¨ªan interferido de forma violenta en muchos de los procesos pendientes actualmente.

El presidente Amato y el ministro Conso, en su respuesta del viernes pasado a las preguntas de los periodistas sobre el decreto-ley reci¨¦n aprobado por el Consejo de Ministros, dijeron tres mentiras. La primera cuando afirmaron que el decreto no menoscaba en lo m¨¢s m¨ªnimo la investigaci¨®n judicial Manos Limpias.

Mentira: el decreto sustrae de las manos de los jueces todos los delitos derivados de la violaci¨®n de la ley de 1974; pero quiz¨¢s Amato y Conso ten¨ªan raz¨®n; no es realmente una interferencia, sino una confiscaci¨®n; el Gobierno ha confiscado una gran parte de los procesos pendientes sustray¨¦ndolos a la magistratura; acto grav¨ªsimo, sobre cuya constitucionalidad tendr¨¢ ahora que reflexionar muy atentamente el jefe del Estado antes de firmarlo para su promulgaci¨®n.

Segunda mentira: ellos afirmaron que la despenalizaci¨®n implica un alejamiento de la vida pol¨ªtica de las personas que han violado o violen la ley. Falso: esas personas no podr¨¢n ocupar puestos administrativos y oficiales, pero podr¨¢n como antes presentarse como candidatos en las elecciones y ser votados. El alejamiento de la vida pol¨ªtica por tanto no existe.

Pero la tercera mentira es la m¨¢s grave de las tres y concierne a la afirmaci¨®n hecha por Amat¨® y por Conso sobre el rigor inflexible con el que las nuevas normas del decreto ser¨¢n aplicadas y hechas respetar. Mentira, enorme y grav¨ªsima mentira. El decreto confisca no s¨®lo al juez penal, sino a cualquier juez, a la categor¨ªa judicial en su totalidad, la materia de la financiaci¨®n de los partidos.

Las posibles violaciones deber¨¢n ser comprobadas y sancionadas por una autoridad de vigilancia instituida para ese prop¨®sito, que no tendr¨¢ ning¨²n instrumento, ninguna herramienta, ning¨²n poder para llevar a cabo una investigaci¨®n judicial y abrir un sumario.

Ser¨¢n, m¨¢s o menos, como lo que han sido hasta ahora los revisores de los presupuestos presentados por los partidos en el Parlamento: sombras, sin ninguna funci¨®n excepto la de revisar con los ojos cerrados lo que se les transmit¨ªa.

En realidad, el delito de financiaci¨®n il¨ªcito no ha sido despenalizado, pero ha sido, en primer lugar, sustra¨ªdo al juez competente y, despu¨¦s, cancelado tanto para el futuro como para el pasado. Y el presidente del consejo y el ministro de Justicia se han atrevido a afirmar que con este decreto no se bloqueaban las investigaciones judiciales abiertas, sino que se agilizaban.

Algunas veces pensamos que no hay nada peor que un rostro inocente para dejar pasar una medida vergonzosa. Claudio Martelli, con ese peso en el est¨®mago que era la cuenta protecci¨®n, probablemente no habr¨ªa firmado un decreto tan claramente a favor de la vieja nomenklatura; han llamado a Giovanni Conso para realizar este atraco en plena regla, y Conso ha firmado. Es imposible no recordar la escena manzoniana sobre la monja de Monza, cuando Egidio trata de corromperla: 'La infeliz respondi¨®".

Se dice, lo dice el honrado Martinazzoli: "Una cosa es robar para uno mismo, y otra es aceptar dinero il¨ªcito para el partido".Claro que s¨ª, se trata de dos actos diferentes, pero que no se escandalice el honrado Martinazzoli si decimos que el segundo delito es peor que el primero. Robar para uno mismo es un robo como todos los dem¨¢s. Robar -y si el verbo no gusta, conseguir dinero il¨ªcito para el partido- ensucia las instituciones, distorsiona su funcionamiento, contamina la pol¨ªtica y la degrada, provoca el desafecto de la gente hacia la democracia.

Quiz¨¢s para un honrado cat¨®lico como Martinazzoli, el s¨¦ptimo mandamiento s¨®lo se aplica a los actos privados. Para nosotros, se aplica en primer lugar a los p¨²blicos. ?sta es la diferencia y seguramente no es poca. Pero lo grave es que Amato y Conso son dos laicos, por lo que la trahison des clercs es completa.

Naturalmente, hay que contar con el compromiso moral de los hombres de Gobierno que han aprobado el decreto, con su compromiso de pasar la p¨¢gina y de aprobar un c¨®digo ¨¦tico que deber¨¢ ser respetado de ahora en adelante por los pol¨ªticos.

Pero, se?ores m¨ªos, ?es que quieren tomarnos el pelo? Hace dos d¨ªas hemos vuelto a publicar en La Repubblica los temas principales del informe que acompa?aba a la ley de 1974 con la que se instituy¨® la financiaci¨®n p¨²blica. Espero que lo hayan le¨ªdo muchas personas, pero sobre todo espero que lo tengan bien presente Amato y Conso. E incluso nuestro presidente de la Rep¨²blica.

Se explic¨® al pueblo que esa ley, y el informe que la acompa?aba, era el ¨²ltimo remedio contra la corrupci¨®n pol¨ªtica, que ya desde entonces se iba extendiendo. Hab¨ªa salido a la luz con gran clamor en esos d¨ªas el esc¨¢ndalo del petr¨®leo, y el presidente de la Unione Petrolifera, Vincenzo Cazzaniga, hab¨ªa sido arrestado por haber obtenido favores ll¨ªcitos del Estado tras haber pagado con gran generosidad a los partidos del Gobierno.

Ante la amplitud del esc¨¢ndalo, se aprob¨® la financiaci¨®n p¨²blica y todas las fuerzas pol¨ªticas juraron solemnemente que a partir de ese momento, puesto que vivir¨ªan a cargo de los contribuyentes, la honradez guiar¨ªa cada uno de sus pasos. Los culpables -esto fue lo que prometieron p¨²blicamente y lo que convirtieron en normas legales- ser¨ªan castigados con la c¨¢rcel. Ahora se ha comprobado que los culpables eran legi¨®n, que han convertido esa ley en papel mojado, que los partidos han conseguido il¨ªcitamente millares, digo millares, de miles de millones, y la respuesta, en un periodo tan dram¨¢tico, es el hurto de las penas y la cancelaci¨®n del delito. S¨ª, borr¨®n y

cuenta nueva, amnist¨ªa. Aqu¨ª lo que ha pasado es que se ha cancelado un delito justo en el momento en el que se ha comprobado que se hab¨ªa convertido en una actuaci¨®n extendida y practicada por toda la clase dirigente nacional.

Si yo fuera el ministro Conso dimitir¨ªa ma?ana por la ma?ana, tras haber pedido perd¨®n a los italianos, a trav¨¦s de la televisi¨®n, por el error cometido.

Se dice incluso: "Devolver¨¢n lo robado, es m¨¢s, tres veces la cantidad robada". Y ¨¦sta es la cuarta mentira.

Ustedes, que han redactado y firmado ese decreto, saben a cuanto asciende lo robado-?no es verdad?

No hablo de los presuntos c¨¢lculos, que llegan a cifras de mareo, sino simplemente del importe revelado hasta ahora por las investigaciones, de las cifras del Anas reveladas por Zamorani, de las cifras del ENEL reveladas por Bitetto y por Faletti, de las cifras ecol¨®gicas reveladas por Pisante, de las reveladas por Prada, por Frigerio, por Ligresti, por Papi. Y a¨²n estamos en el principio en lo que concierne a la cooperaci¨®n internacional, el Enimot, el terremoto en Irpinia. Todav¨ªa no se ha movido la fiscal¨ªa de N¨¢poles, y la de Roma est¨¢ dando los primeros pasos.

La financiaci¨®n ilegal, por lo que ya se sabe gracias a las fiscal¨ªas, supera tranquilamente el bill¨®n de liras. ?Qui¨¦n tendr¨ªa que devolver ese dinero? ?Prada? ?Zaffra? ?Craxi? ?Citaristi? ?Larini? ?Frigerio? ?O la DC, el PSI, y los dem¨¢s partidos, todos implicados hasta el cuello?

Las personas privadas seguramente se habr¨¢n quedado con algo: como es natural lo habr¨¢n depositado en el extranjero, en cuentas a nombre de terceras personas' por ejemplo, a nombre de las secretarias que ya, han tenido el honor de salir en las cr¨®nicas. Por lo que se refiere a los partidos, ¨¦stos no tienen ojos para llorar, est¨¢n inundados de deudas, venden inmuebles, no pagan a los empleados, han derrochado todo y en sus cajas no hay ni una lira.

Y en estas condiciones, se?or ministro Conso, ?nos viene usted a contar con orgullo que los culpables devolver¨¢n lo robado multiplicado por tres? Y por qu¨¦ no por cinco o por diez, pues multiplicar no cuesta nada.

En realidad, no devolver¨¢n ni la sombra de una lira. Si existiera la prisi¨®n por deudas, se podr¨ªa introducir en el decreto una norma por la que por cada uno de los miles de millones no restituido se castigar¨ªa, por ejemplo, con un mes de c¨¢rcel. Pero nuestra cultura jur¨ªdica ha abolido, afortunadamente, la prisi¨®n por deudas, y de esta forma el que ha robado al pa¨ªs estar¨¢ tranquilo y en paz, y quien quiera seguir haci¨¦ndolo podr¨¢ hacerlo sin miedo porque el delito ya no existe y es imposible comprobar lo il¨ªcito por falta de jueces.

Una obra maestra.

Habr¨ªa que ocuparse del dise?o legislativo del pacto pol¨ªtico. ?ste obedece a una filosof¨ªa: nada de c¨¢rcel, quien confiese, que pague y se le proh¨ªba ocupar cargos p¨²blicos. La finalidad es la de llegar con rapidez a sentencias definitivas.

Nosotros estamos de acuerdo con esa finalidad, ya lo hemos publicado. Pero pedimos que se nos consienta tambi¨¦n hacer algunas preguntas, para entender mejor.

1. Que paguen. ?Y si no tienen con qu¨¦ pagar, qu¨¦ pasa? El pacto se rompe.

2. Que confiesen. ?Y si s¨®lo confiesan una parte del delito? ?Los jueces podr¨¢n seguir investigando sobre las mismas personas, o el pacto lo excluye y subsana de hecho incluso lo no confesado? ?Tendremos muchas personas que confiesen haber sido corrompidas o de haber corrompido con un juego de t¨¦ y obtendr¨¢n un salvoconducto que cubra los tr¨¢ficos millonarios?

3. Que se les proh¨ªba la actividad p¨²blica. Pero la prohibici¨®n es una pena accesoria impl¨ªcita en la pena principal. Conso afirma que no ser¨¢ as¨ª, pero no puede asegurarnos que el Tribunal Supremo, ma?ana o pasado ma?ana, no dicte una sentencia diferente; o que el Tribunal Constitucional no declare equivocada la interpretaci¨®n de la norma que endurece la pena accesoria mientras reduce y perdona la principal.

La gata que tiene prisa puede parir gatos ciegos. Tengo miedo de que pase precisamente esto.

Estamos esperando que el Gobierno se pronuncie sobre el encarcelamiento preventivo, pero la perspectiva es p¨¦sima.

Nosotros no creemos que haya nada que innovar de una legislaci¨®n que prev¨¦ esa medida s¨®lo en los casos de peligrosidad social del sujeto, de riesgo de contaminaci¨®n de la prueba, o de la repetici¨®n del delito.

Record¨¢bamos el otro d¨ªa que, para vigilar que se respeten estas condiciones, basta el juez de instrucci¨®n, el presidente del Tribunal, el Tribunal de la Libertad y la Audiencia. ?No es suficiente? ?Qu¨¦ otras garant¨ªas quieren?

Pero quisiera hacer una pregunta a Conso y a Amato: ?si ninguno de los implicados en Tangentopolis, empezando por Mario Chiesa, hubiera sido arrestado, la investigaci¨®n judicial que ustedes, por lo menos verbalmente, aplauden se habr¨ªa llevado a cabo? Respondan, se?or presidente y se?or ministro; respondan con un s¨ª o con un no y nos bastar¨¢.

Post scriptum. Se ha hablado bastante estos d¨ªas de la supuesta petici¨®n que el juez Di Pietro ha hecho al Gobierno y al Parlamento para encontrar una salida pol¨ªtica a las investigaciones judiciales. Se ha dicho: ?de qu¨¦ se quejan? Nosotros no hacemos nada m¨¢s que satisfacer la petici¨®n de Di Pietro.

Aparte el hecho de que creemos que un fiscal, por mucho que valga, no tiene la suficiente autoridad para absolver preventivamente presuntos errores o culpas del Gobierno, hemos vuelto a leer lo que dijo ese magistrado cuando habl¨® el 12 de febrero de 1993 en B¨¦rgamo en el cuartel del batall¨®n Legnano.

Habl¨® de la necesidad de que la pol¨ªtica se ocupara de los problemas planteados por las investigaciones judiciales e indic¨® tres campos posibles de intervenci¨®n: la reforma electoral, la reforma de los contratos p¨²blicos y la elecci¨®n t¨¦cnica y no distributiva pol¨ªticamente de los dirigentes de empresas p¨²blicas.

Esto es lo que dijo Di Pietro y no les pidi¨® borrones y cuentas nuevas. Cuando citen alg¨²n texto, antes de hacerlo, l¨¦anselo.