Censura en Murcia

EN TORNO a la moci¨®n de censura presentada por el Partido Popular (PP) contra el presidente socialista de la Comunidad de Murcia, Carlos Collado, que ayer se vot¨® en la Asamblea regional, parecen cruzarse al menos tres l¨ªneas diferentes: la sospecha de un comportamiento culpable del presidente murciano en relaci¨®n a la adquisici¨®n de unos terrenos a un precio muy superior al de mercado, la utilizaci¨®n de ese asunto por parte de un sector del PSOE local enfrentado con Collado y la explotaci¨®n por parte del PP murciano de esas sospechas y de ese conflicto interno.La moci¨®n no prosper¨® al votar en contra los parlamentarios del Grupo Socialista, que cuenta con mayor¨ªa absoluta en la C¨¢mara. Dado que la moci¨®n de censura exige la presentaci¨®n de candidato alternativo, los representantes del PSOE, cualquiera que fuera su opini¨®n sobre Collado -y no es un secreto que han solicitado su dimisi¨®n-, no ten¨ªan otro remedio que rechazar la moci¨®n para evitar el absurdo de elegir con su voto al candidato del partido rival. Ello no significa que la moci¨®n fuera pol¨ªticamente absurda. Su debate permiti¨® a la oposici¨®n, de acuerdo con las funciones que le corresponden, denunciar lo que considera "paralizaci¨®n de la Administraci¨®n" a consecuencia de las supuestas irregularidades y del enfrentamiento entre Collado y el Grupo Socialista.

Ese enfrentamiento viene de lejos, y es posible que tenga m¨¢s que ver con la defensa de posiciones de poder -en el partido y las instituciones- que con diferencias pol¨ªticas o divergencias, respecto a la gesti¨®n. El caso es que 22 de los 24 diputados regionales del PSOE han firmado un documento en el que retiran su confianza a Collado y piden a la direcci¨®n nacional del partido que le fuerce a dimitir. En principio resulta dudoso que unos cuantos pol¨ªticos, o la direcci¨®n de su partido, est¨¦n legitimados para forzar la destituci¨®n de un presidente cuya elecci¨®n, aunque formalmente indirecta, est¨¢ pol¨ªticamente avalada por los votos del 46% de los electores murcianos.

Pero es cierto que los cr¨ªticos de Collado cuentan con poderosos argumentos: el Tribunal de Cuentas y la comisi¨®n parlamentaria de Econom¨ªa, cada cual con arreglo a los m¨¦todos que le son propios, han apreciado en la documentaci¨®n analizada indicios de comportamiento delictivo, o al menos irregular, del presidente regional en relaci¨®n a la adquisici¨®n de unos terrenos destinados a la instalaci¨®n de una empresa multinacional. En funci¨®n de esos indicios, la comisi¨®n parlamentaria remiti¨® la documentaci¨®n correspondiente al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que de momento ha decidido enviarla al fiscal para su investigaci¨®n.

Con o sin retirada de confianza por parte de su grupo, los pronunciamientos de esos organismos deber¨ªan haber bastado para que Collado se adelantara a dimitir (del mismo modo que debi¨® hacerlo Hormaechea en Cantabria cuando fue procesado por los mismos delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n que figuran en la querella presentada por Izquierda Unida contra el presidente murciano). Esa dimisi¨®n en absoluto habr¨ªa prejuzgado la culpabilidad de Collado. La comisi¨®n de Econom¨ªa de la Asamblea murciana, tras analizar el caso con arreglo a los procedimientos parlamentarios, lleg¨® a la conclusi¨®n de que exist¨ªan responsabilidades pol¨ªticas evidentes en una decisi¨®n que cost¨® a la Administraci¨®n regional muchos millones de pesetas. Parece evidente que hubo, como m¨ªnimo, una grave falta de diligencia, y ello deber¨ªa haber sido suficiente para que Collado dimitiese. Si hubo m¨¢s que eso es algo que deber¨¢n dilucidar los tribunales de justicia.