Reparaci¨®n debida

LA ADMINISTRACI?N ha hecho lo que deb¨ªa: no escurrir el bulto frente al drama de los hemof¨ªlicos contagiados de sida entre 1983 y 1985, aunque no sea jur¨ªdicamente culpable de lo sucedido entonces. Algunos ya han sentenciado por s¨ª y ante s¨ª que lo fue, y le han hecho la grav¨ªsima imputaci¨®n de haber contribuido a difundir activamente el sida mediante la transfusi¨®n de plasma contaminado. ?No es ¨¦sta una acusaci¨®n que deber¨ªa ir precedida de una investigaci¨®n exhaustiva, ser posteriormente comprobada por un tribunal y, sobre todo, venir avalada por quienes directamente han sufrido el da?o?Efectivamente, si no ha habido denuncia, ni procedimiento judicial, ni sentencia, es una temeridad hablar de negligencia criminal o de cualquier otro tipo de responsablidades penales en la transfusi¨®n de plasma contaminado. Un hecho que dio lugar al contagio por sida de 1.147 hemof¨ªlicos (el 47% de un total de 2.730) en un periodo de oscuridad cient¨ªfica sobre las v¨ªas de transmisi¨®n de la enfermedad. Lo cual no obsta para que exista una indiscutible responsabilidad objetiva del Estado que le obliga a asumir las consecuencias de unos da?os que, aunque no sean imputables a conductas negligentes, lo son al funcionamiento de un servicio p¨²blico como la Administraci¨®n sanitaria.

Es positivo -en cuanto significa un giro copernicano en lo que es un comportamiento habitual de la Administraci¨®n- que los responsables de Sanidad hayan asumido el compromiso de indemnizar a los afectados sin necesidad de que medien los tribunales. El contagio por sida del 47% de los hemof¨ªlicos entre 1983 y 1985, y la subsiguiente muerte de 416 de ellos, tiene todas las caracter¨ªsticas de una cat¨¢strofe sanitaria. De ah¨ª que un Estado eficiente y solidario no puede dejar de afrontar sus efectos. Si esta misma actitud hubiera prevalecido en casos como el de la colza o el de la rotura de la presa de Tous, no s¨®lo se habr¨ªan ahorrado sufrimientos innecesarios a miles de personas, sino que se habr¨ªa actuado como corresponde a una Administraci¨®n solidaria y previsora. La responsabilidad institucional de los poderes p¨²blicos en este tipo de situaciones es independiente de la que pudiera corresponderles por culpa o error y les es exigible en todo momento, incluso en periodos de vacas flacas presupuestarias.

?ste es el camino que han seguido los Estados europeos -es el caso del Reino Unido y Dinamarca- que se han visto afectados, en distinto grado, por el drama del contagio por sida de un gran n¨²mero de hemof¨ªlicos en los a?os inmediatos al descubrimiento de la enfermedad. Tambi¨¦n Francia adopt¨® esa v¨ªa en 1991, indemnizando con 24.000 millones de pesetas a los cerca de 1.500 hemof¨ªlicos contaminados, al margen de que los tribunales establecieran la negligencia criminal de varios responsables sanitarios porque sab¨ªan, en mayo de 1985, que determinados lotes sangu¨ªneos estaban infectados por el virus del sida y, sin embargo, no los retiraron. En Espa?a, adem¨¢s, esta v¨ªa de reparaci¨®n econ¨®mica est¨¢ avalada por sentencias judiciales que, al pronunciarse sobre casos concretos de infectados del virus del sida por hemoderivados, han establecido que la Administraci¨®n sanitaria, aunque no sea culpable, es objetivamente responsable "de la lesi¨®n que por su funcionamiento normal o anormal sufre todo particular".

En todo caso, es de lamentar que el compromiso que ahora asume la Administraci¨®n -el ministro de Sanidad, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, ha reconocido inequ¨ªvocamente la existencia del da?o y la obligaci¨®n de repararlo- no se tomase cuando se conoci¨® la magnitud del da?o causado. Probablemente lo impidi¨® un concepto de la gesti¨®n excesivamente economicista. Si fuera as¨ª, el de los hemof¨ªlicos ser¨ªa un caso paradigm¨¢tico de las inconveniencias que se siguen cuando el responsable pol¨ªtico es s¨®lo un gestor. No decidir en su momento lo que pol¨ªticamente es justo y necesario deriva, m¨¢s tarde o m¨¢s temprano, en incitaci¨®n al alarmismo y en reclamo de pescadores en r¨ªo revuelto.