Una sociedad radicada en un 'para¨ªso fiscal' est¨¢ detr¨¢s de varios pagos a Filesa

Los fondos entregados a Filesa por la multinacional sueco-suiza Asea Brown Boveri (ABB) se deben a un acuerdo entre esta ¨²ltima y la sociedad Arbobyl, radicada en un para¨ªso fiscal y propietaria de las f¨¢bricas adquiridas despu¨¦s por ABB. Esta empresa factura 70.000 millones de pesetas al a?o en Espa?a (el 21,10 de su negocio mundial) y ha explicado la entrega de 112 millones a Filesa en 1990 como una obligaci¨®n de un acuerdo anterior con Arboby1 para que le traspasara sus f¨¢bricas en Espa?a. En el correspondiente plan de saneamiento de esta, operaci¨®n se utilizaron ayudas oficiales (de miles de millones de pesetas.

Xabier de Irala, de 46 a?os, consejero delegado de ABB en Espa?a, desvel¨® el acuerdo entre ¨¦sta ultima y Arbobyl en su comparecencia del 2 de febrero pasado ante el juez Marino Barbero. Asegur¨® que su compa?¨ªa nunca hab¨ªa mantenido contactos con Filesa, ni ¨¦sta ¨²ltima figura entre los consultores o asesores externos utilizados por ABB entre 1988 y 1991. ?Por qu¨¦ pag¨®, entonces? S¨®lo para cumplir un compromiso con Arboby1, anterior propietaria de sus f¨¢bricas en Espa?a, seg¨²n la versi¨®n del citado directivo.La multinacional era consciente de que esos pagos eran fiscalmente dudosos. Cuando estall¨® el esc¨¢ndalo Filesa -hace casi dos a?os- la central de ABB en Z¨²rich dio instrucciones a su filial espa?ola para que no dedujera cantidad alguna por esos pagos a efectos del impuesto de sociedades. As¨ª lo demuestra tina carta remitida a su filial en Espa?a, ABB Energ¨ªa, que se reproduce en esta misma p¨¢gina. En ese documento se daban instrucciones para regularizar la situaci¨®n fiscal.

Entre M¨®naco y las Seychelles

Este peri¨®dico ha comprobado que la sociedad Arbobyl no figura registrada en Espa?a. "Operaba desde un para¨ªso fiscal-, informa uno de los ejecutivos que trabajaron alg¨²n tiempo para ella, quien cree que estaba radicada en las islas Seychelles, si bien sus directivos resid¨ªan en el Principado de M¨®naco. La informaci¨®n ha sido confirmada por un ex alto cargo del Ministerio de Industria.

Arbobyl era -y sigue si¨¦ndolo- una entidad de capital muy peque?o, constituida por un grupo de especialistas en el tratamiento de empresas en crisis. A lo largo de los a?os ochenta se hizo con las acciones del grupo Cenemesa, el m¨¢s importante del sector de bienes de equipo el¨¦ctrico en Espa?a, cuando las multinacionales que lo hab¨ªan mantenido -Westinghouse, General Electric- pr¨¢cticamente hab¨ªan abandonado el mercado espa?ol. Las f¨¢bricas, con m¨¢s de 5.000 trabajadores, acumularon deudas de miles de millones de pesetas con Hacienda, el Gobierno vasco, la Seguridad Social y el Banco de Cr¨¦dito Industrial.

Arboby1 trat¨® de discutir un plan de reconversi¨®n con el Ministerio de Industria, que exig¨ªa un fuerte coste para el erario p¨²blico. Pero ni Carlos Solchaga ni Luis Carlos Croissier, titulares sucesivos de dicho departamento, reconocieron a Arboby1 capacidad tecnol¨®gica ni inversora como para ser el interlocutor v¨¢lido de un plan semejante.

Ante la negativa del Gobierno, Arbobyl cedi¨® a ABB los derechos sobre sus empresas en Espa?a, y en pocos meses la Administraci¨®n aprob¨® el plan de salvamento de las empresas de bienes de equipo el¨¦ctrico, con Claudio Aranzadi como ministro de Industria y Carlos Solchaga al frente de Econom¨ªa y Hacienda.

Dicho plan fue ejecutado por medio de un convenio extrajudicial, por el cual los activos de las f¨¢bricas de Cenemesa, Cadernesa y Conelec -que integraban el grupo en cuesti¨®n- fueron traspasados a ABB, que asumi¨® a su vez un pasivo de unos 5.000 millones de pesetas, entre otras obligaciones.

La Administraci¨®n, por su parte, renunci¨® a exigir miles de millones de pesetas adeudados por dichas empresas y encontr¨® fondos para facilitar la baja de 1.700 de los 5.000 empleados de sus plantillas, despu¨¦s de llegar a un acuerdo con los sindicatos, que anteriormente se hab¨ªan opuesto.

De este modo se salv¨® la. actividad de un grupo industrial que estaba en crisis. En coincidencia con la instrumentaci¨®n de dicho plan, Filesa, la entidad presuntamente vinculada a la financiaci¨®n del PSOE, recibi¨® dinero en junio de 1990.

El inter¨¦s del Ministerio de Industria por quitar a Ar15oby1 sus derechos sobre las f¨¢bricas de Cenemesa figura en el acta donde se trasncribe la comparecencia del consejero delegado de ABB, Xabier de Irala, ante el juez Marino Barbero. "Industria puso como condici¨®n para ABB que se acordara con los antiguos propietarios del grupo Cenemesa que no intervinieran y que no perturbaran para nada un proceso de negociaci¨®n", se lee en dicho acta.

"Paguen 112 millones"

"Esas gestiones se llevaron en Suiza y, por lo que tiene entendido el declarante [Irala], en esas gestiones el grupo ABB adquiri¨® unos compromisos para atender obligaciones y de esa forma poder permitir que Arboby1 no tuviera que venir a Espa?a a perturbar ese proceso", contin¨²a el acta.

Los pagos a Filesa se realizaron por instrucciones de la. casa matriz a su filial espa?ola. Instrucciones que "eran una formalizaci¨®n de unos compromisos que hab¨ªa adquirido ABII con los antiguos propietarios de las empresas del grupo Cenernesa", asegur¨® Irala.

El abogado del Estado, Luis Gayo de Arenzana, pregunt¨® si el Ministerio de Industria hab¨ªa estado relacionado con los pagos a Filesa. El directivo de ABIB respondi¨® negativamente, aclarando que era un compromiso entre su compa?¨ªa y unos propietarios privados. E insisti¨® en que ABB Energ¨ªa, la filial que dio la orden de pago, lo hizo por instrucciones recibidas desde la central en Z¨²rich.

"Preguntado si tiene ABB por costumbre pagar deudas u obligaciones sin reflejo contable, sin existencia de soporte alguno, siguiendo instrucciones que le dan desde Suiza, por importe de 112 millones de pesetas, [Irala] manifiesta que cree que este tipo de situaciones es una relaci¨®n que existe entre los directores y Suiza. ( ... ) Preguntado si es posible o admisible que por tel¨¦fono se diga: 'Oye, paga 112 millones' sin m¨¢s, manifiesta que en este caso concreto cree que s¨ª", se lee en el acta mencionada.

Seg¨²n su consejero delegado, la diferencia entre los 112 millones reconocidos por ABB y los 161,8 millones que figuran en el Tribunal Supremo se debe a que la multinacional niega que se abonaran las dos ¨²ltimas facturas de Filesa, enviadas en octubre de 1990.