Militarismo y orden constitucional
Una de las cuestiones b¨¢sicas todav¨ªa por resolver para conseguir una implantaci¨®n real de la democracia en Espa?a concierne a la desmilitarizaci¨®n de la polic¨ªa, que supone, en primer lugar, la consecuente eliminaci¨®n de un tratamiento militar en los asuntos de orden p¨²blico. Meta que, aunque haya figurado en el programa de cambio de los socialistas, ni siquiera se ha intentado, despu¨¦s de m¨¢s de un decenio de gobierno; simplemente se ha borrado del cat¨¢logo de problemas que aguardan soluci¨®n. En pol¨ªtica, los asuntos que no se resuelven se suprimen; de modo que, impl¨ªcitamente, hemos terminado por aceptar, como si fueran de recibo, las f¨®rmulas autoritarias heredadas del pasado.En 1983 -algunos pensamos que muy oportunamente apareci¨® el libro de Manuel Ballb¨¦ Orden p¨²blico y militarismo en la Espa?a constitucional que se ocupa del tema capital que hoy hemos convertido en tab¨². Como pone de relieve el profesor catal¨¢n en una retrospectiva hist¨®rica que se remonta a comienzos del siglo XIX, en las cuestiones de orden p¨²blico, la sumisi¨®n a la jurisdicci¨®n y a los m¨¦todos militares no es un mal propio del absolutismo fernandino o del franquismo, sino que ha sido y contin¨²a siendo tambi¨¦n una caracter¨ªstica que hemos tenido en Espa?a, sin que la II Rep¨²blica ni siquiera este ¨²ltimo periodo constitucional hayan sido la excepci¨®n que confirma la regla.
El tratamiento militar de las cuestiones de orden p¨²blico es uno de los rasgos del absolutismo que en Espa?a se ha mantenido inc¨®lume en los reg¨ªmenes constitucionales, pese a ser incompatible con los principios liberales que los informa. Militarizaci¨®n del orden p¨²blico que, por otro lado, incide de manera decisiva sobre la pretendida, pero con ello altamente limitada, independencia de los jueces. En Espa?a, el choque entre el poder policial y el judicial tiene una larga historia, lamentablemente ininterrumpida, con la particularidad de que casi siempre el primero ha prevalecido sobre el segundo.
La militarizaci¨®n del orden p¨²blico -lo desempe?en institutos militares, como la mal llamada Guardia Civil, o civiles que act¨²an con procedimientos militares, como han puesto de manifiesto en m¨¢s de una ocasi¨®n los cuerpos policiales consiste en colocar como gu¨ªa de la acci¨®n el principio militar de eficacia, que implica que hay que conseguir el objetivo, cueste lo que cueste, sin que importen los medios a los que haya que recurrir. O dicho de otra forma, los medios que conduzcan al objetivo propuesto son siempre los adecuados. Desde la l¨®gica militar, no hay medio que no pueda emplearse con tal de alcanzar, de la manera m¨¢s r¨¢pida y contundente, el objetivo propuesto, objetivo que, por otro lado -y es un segundo rasgo de la militarizaci¨®n-, no se juzga ni se discute, sino que se acepta sin m¨¢s el que dicte la autoridad competente (principio jer¨¢rquico del mundo).
Desde el punto de vista del poder constituido, parece que no haya mejor forma de resolver los problemas de orden p¨²blico: se fijan los objetivos -eliminaci¨®n de los grupos subversivos, bandas criminales, elementos socialmente negativos- y se aplican todos los medios, sin distinci¨®n, que se reputen indispensables, aunque a veces haya que cercenar algunos derechos de los ciudadanos o haya que lamentar la sangre de alg¨²n inocente: el bien colectivo bien merece algunos sacrificios. A este comportamiento, t¨ªpico del absolutismo, lo he llamado principio de Caif¨¢s. El gran sacerdote lo formul¨® en los t¨¦rminos en que hasta ahora no ha dejado de invocarse: "Es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la naci¨®n".
En cambio, un r¨¦gimen liberal-democr¨¢tico parte del supuesto de que las libertades y derechos de los ciudadanos son un bien intocable, en cuanto constituyen el fin ¨²ltimo de la pol¨ªtica, que nada justifica su limitaci¨®n o cercenamiento. En consecuencia, el orden p¨²blico habr¨¢ que mantenerse dentro de normas jur¨ªdicas muy estrictas que garanticen que los derechos de los individuos, es decir, de cada uno de nosotros, est¨¦n por encima de cualquier objetivo pol¨ªtico, estatal o nacional que se quiera invocar. Principio democr¨¢tico que, por lo visto, en Espa?a todav¨ªa no han asimilado el Ejecutivo ni los aparatos policiales.
Pese al mal ejemplo que a este respecto nos puedan dar viejas democracias europeas, hay que decirlo con la contundencia debida: el principio militar de tratar de conseguir los objetivos propuestos en el menor tiempo, utilizando todos los medios que parezcan indispensables, no tiene aplicaci¨®n en un Estado democr¨¢tico de derecho; ergo, la militarizaci¨®n de la polic¨ªa y de las pol¨ªticas de orden p¨²blico resulta incompatible con un orden democr¨¢tico.
La Administraci¨®n civil es la ¨²nica que puede encargarse del orden p¨²blico, porque est¨¢ sometida a derecho en todas sus actuaciones. A la Administraci¨®n civil no le est¨¢ permitida el empleo de cualquier medio, con tal de lograr el objetivo, sea ¨¦ste construir un puente, prestar unos servicios sociales o educativos, o mantener el orden p¨²blico. Cualquiera que sea el objetivo, est¨¢ sometida a derecho, en los procedimientos y medios que emplee, y desde los supuestos del Estado democr¨¢tico de derecho resulta inconcebible que se pretenda resolver un problema, por grave que se repute -el terrorismo, el narcotr¨¢fico, la criminalidad internacional-, recurriendo a medios que vulneran el orden jur¨ªdico.
A la inversa, mantener la militarizaci¨®n de algunos ¨®rganos de orden p¨²blico -polic¨ªas militarizadas, comportamientos militares en la persecuci¨®n del delito- supone, de hecho, reconocer que el Ejecutivo no est¨¢ dispuesto, por muchas leyes de seguridad que se dicten, a renunciar por completo a los m¨¦todos militares, aunque s¨®lo sea como ¨²ltimo recurso.
Y no se diga que se trata de disquisiciones te¨®ricas, basadas en ideales que no se deben sacar a colaci¨®n, como no sea para legitimar el orden establecido. Lo cierto es que la incidencia de la militarizaci¨®n de la polic¨ªa en la descomposici¨®n y podredumbre de nuestra democracia es cada d¨ªa m¨¢s visible. Sin una militarizaci¨®n de la polic¨ªa, nadie hubiera apoyado desde el Ejecutivo una soluci¨®n militar para el problema del terrorismo -los GAL-, punto en el que la comprensi¨®n de la sociedad espa?ola ha sido excesiva, y no me cabe la menor duda de que lo pagaremos caro. Un mismo principio militar subyace en la aplicaci¨®n de la tortura para recabar una informaci¨®n que se considera fundamental, aunque inaccesible sin su uso.
De la misma manera, el principio de tratamiento militar de las cuestiones de orden p¨²blico -lo importante es el ¨¦xito- explica los procedimientos ?legales en la lucha contra el narcotr¨¢fico que abren de par en par las puertas a la inseguridad jur¨ªdica -cualquier polic¨ªa puede doblegar nuestra voluntad con la simple amenaza de colocar un poco de droga en el bolsillo-, adem¨¢s de que deja a los mandos policiales un amplio campo para actuaciones sin control que favorecen la corrupci¨®n.
Desde la mentalidad militar, propia del absolutismo, no se les puede pedir a los ¨®rganos policiales que combatan con ¨¦xito el terrorismo, sin que a su vez se les tolere el empleo de la tortura o de la violencia. Desde esta misma mentalidad se comprende que un instituto militar del que se espera eficacia en la
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lucha contra el narcotr¨¢fico exija un margen amplio de maniobra en la aplicaci¨®n de los procedimientos que considera efectivos.
Lo triste es que no faltan voces que corroboran esta opini¨®n; puede incluso que una buena parte de la p¨²blica est¨¦ convencida de que estos procedimientos policiales resultan tan imprescindibles como impresentables y prefiera callar. Hay temas, como los que afectan al comportamiento del Estado en cuestiones de orden p¨²blico, que tienden a constituirse en tab¨²es. Al fin y al cabo, una sociedad injusta, que atraviesa enormes desigualdades sociales, de suyo propende a renovar y fortalecer el viejo absolutismo.
El verdadero esc¨¢ndalo no consiste en que esta opini¨®n sea tal vez mayoritaria -tambi¨¦n la pena de muerte cuenta probablemente con un apoyo muy amplio-, sino en que un Ejectitivo que detenta un partido que se dice empe?ado en la modernizaci¨®n y democratizaci¨®n del Estado y de la sociedad, sin el menor reparo, haya fortalecido la militarizaci¨®n de la pol¨ªtica de orden p¨²blico, y, en consecuencia, sean cuales fueren las normas del Estado de derecho, encuentra siempre un truco para que la justicia tenga que detenerse ante las puertas de los centros policiales; m¨¢s a¨²n, salt¨¢ndose las sentencias judiciales y el orden constitucional, en vez de castigar, asciende a los torturadores.
Tampoco en su d¨ªa el Gobierno trat¨® de ocultar la satisfacci¨®n que le produc¨ªan las acciones de los GAL, sin hacer nada para impedirlas, y recientemente, en declaraciones del director general de la Guardia Civil, ha mostrado m¨¢s que comprensi¨®n por los comportamientos ?legales de los mandos policiales en la lucha contra el narcotr¨¢fico.
No se puede mantener una pol¨ªtica militar de orden p¨²blico y a la vez tratar de enraizar y desarrollar estructuras propias
Estado democr¨¢tico. Cabe discutir una pol¨ªtica econ¨®mica, ya que todas se justifican por perseguir los mismos fines -producir la mayor cantidad de riqueza para repartir entre el mayor n¨²mero-, pero llama la atenci¨®n, al menos a primera vista, el af¨¢n socialista de mantener a ultranza la militarizaci¨®n de la polic¨ªa. Cuando hay que ir acostumbr¨¢ndose a un paro estructural con car¨¢cter permanente, tal vez resulte imprescindible. Disciplinar a los de abajo, con las leyes del mercado o con la acci¨®n de la polic¨ªa, es principio universal de gobierno que, claro, cuesta legitimar democr¨¢ticamente, pero todo se andar¨¢.
Ignacio Sotelo es catedr¨¢tico de Ciencias Pol¨ªticas de la Universidad Libre de Berl¨ªn.
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