Gobernaci¨®n y representaci¨®n
?Cu¨¢nta violencia t¨¦cnica se est¨¢ dispuesto a infligir a la ley electoral, desfigurando incluso el principio pol¨ªtico de la representaci¨®n popular, en aras de garantizar la estabilidad de gobierno? ?ste es el escollo b¨¢sico que tiene que sortear toda ley electoral.El ejemplo espa?ol sacrifica sin contemplaciones el principio de la representaci¨®n necesaria de todos o casi todos los ciudadanos en el Congreso con tal de asegurar Gobiernos estables. La ley electoral italiana, por el contrario, consagra la pr¨¢ctica de la inestabilidad gubernamental con tal de garantizar que la C¨¢mara sea un reflejo fiel del electorado mediante la proporcionalidad pura entre votos y esca?os.
Espa?a e Italia representan las dos alternativas extremas para resolver el dilema con que se enfrenta el legislador en materia electoral. La desviaci¨®n t¨¦cnica impuesta a la ley espa?ola no tiene parang¨®n en ning¨²n pa¨ªs del mundo con un sistema de representaci¨®n proporcional. Lo parad¨®jico de la reflexi¨®n colectiva sobre el sistema electoral es que, mientras nadie, y mucho menos los especialistas, duda de los inconvenientes de la ley electoral italiana, son muchos todav¨ªa los que defienden la postura, opuesta, pero igualmente extrema, representada por la ley espa?ola.
En estos momentos est¨¢ de moda poner de manifiesto el aislamiento de algunas universidades como fuente del conocimiento con relaci¨®n al sistema productivo. La falta de canales de transferencia y de interlocutores v¨¢lidos del mundo cient¨ªfico en las empresas se apunta, con raz¨®n,. como una de las causas de la no incorporaci¨®n de Espa?a a la revoluci¨®n tecnol¨®gica. Igual ocurre en el ¨¢mbito de las ciencias sociales. En el campo sociolog¨ªa, sociolog¨ªa pol¨ªtica, ciencias pol¨ªticas y matem¨¢tica aplicada, un nutrido grupo de expertos est¨¢ identificando las amenazas que la perpetuaci¨®n del actual sistema electoral comporta para la consolidaci¨®n de una democracia verdaderamente participativa. Pero la labor de esos expertos no ha encontrado todav¨ªa los canales de transmisi¨®n adecuados ni los interlocutores v¨¢lidos en la clase pol¨ªtica para que suscitara una corriente impetuosa de reforma.
El ¨ªmpetu reformista lo apadrinan, sobre todo, sectores populares crecientemente hastiados de limitarse a refrendar, una vez cada cuatro a?os, una lista de candidatos al Congreso designados por la propia clase pol¨ªtica. La otra fuente de contestaci¨®n son la mayor¨ªa de los l¨ªderes de opini¨®n, que han intuido la estrecha correlaci¨®n que existe entre los fallos en los mecanismos de representaci¨®n y el abuso de poder.
Es cierto que ning¨²n sistema electoral puede garantizar la moralidad de las costumbres pol¨ªticas. Lo suyo consiste en articular la proporci¨®n adecuada entre estabilidad de gobierno y dispersi¨®n representativa. Pero la ley electoral es decisiva a la hora de instrumentar el grado de participaci¨®n de los ciudadanos en los mecanismos de decisi¨®n: ?cu¨¢ntos participan, cu¨¢ntos est¨¢n representados, y en qu¨¦ grado son tenidas en cuenta sus propias preferencias? En este sentido, la ley perfila el grado de concentraci¨®n del poder y, por tanto, los m¨¢rgenes para el abuso del poder y, por ende, el grado de corrupci¨®n.
La situaci¨®n espa?ola, en la que muy pocos deciden y en la que las preferencias de los ¨®rganos ejecutivos de los partidos pol¨ªticos prevalecen sobre las de los ciudadanos, deber¨ªa constituir un verdadero toque de alarma. En contra del parecer de algunos especialistas -que quisieran impregnar su rama del saber del aroma de la neutralidad cient¨ªfica-, lo cierto es que el sistema electoral acaba perfilando tambi¨¦n los propios comportamientos pol¨ªticos.
El objetivo de Gobiernos estables en el sistema espa?ol se ha logrado generando la din¨¢mica del llamado voto ¨²til, que es objeto de estudio particular en la ciencia pol¨ªtica comparada. Las desviaciones caracter¨ªsticas de la ley D'Hondt, al corregir el criterio de la proporcionalidad, as¨ª como el impacto de m¨¢s del 90% de peque?as circunscripciones con menos de siete esca?os, en donde se esfuman las posibilidades de representaci¨®n de los sectores no hegem¨®nicos, han educado al votante espa?ol a no desperdiciar su voto. Si de lo que se trata -y, lamentablemente, ¨¦sa sigue siendo la pauta de la pol¨ªtica en Europa- es de elegir gobernantes m¨¢s que representantes de los intereses ciudadanos, la psicolog¨ªa del votante se acumula al sesgo del propio sistema electoral hasta garantizar mayor¨ªas de gobierno, no s¨®lo estables, sino permanentes.
Llueve sobre mojado. El sesgo en favor de Gobiernos estables, en detrimento, como se ver¨¢ luego, del derecho de todo ciudadano a sentirse representado, se superpone a una tendencia hist¨®rica que est¨¢ en la base del cuestionamiento generalizado de la manera convencional de hacer pol¨ªtica y de ejercer el poder.
La fusi¨®n paulatina de las funciones de gobierno y representaci¨®n en una misma clase pol¨ªtica ha dejado a la sociedad indefensa frente a los abusos de poder. Tan absurdo parece delegar en quien gobierna la defensa de los derechos pol¨ªticos del ciudadano frente al Estado, como asignar al casero la defensa de los derechos del inquilino. A esta disfunci¨®n, caracter¨ªstica de todos los pa¨ªses europeos, se a?ade en Espa?a la ausencia de mecanismos institucionales que garanticen el control real de los abusos de poder y una ley electoral que tiende a concentrarlo.
?Cu¨¢l es el resultado de este estado de cosas? Simplificando: de los 29 millones de electores que hay en Espa?a, unos nueve se abstienen y unos tres millones votan a partidos que no obtienen ninguna representaci¨®n en su circunscripci¨®n. En otras palabras, m¨¢s del 40% de los electores no est¨¢n representados, e, hipot¨¦ticamente, el segundo partido de la oposici¨®n est¨¢ constituido por m¨¢s de tres millones de ciudadanos que, a pesar de cumplir con su obligaci¨®n de acudir a las urnas, no tienen quienes les representen. ?Se puede realmente considerar esta situaci¨®n como la de una democracia participativa?
La participaci¨®n en los mecanismos de decisi¨®n se ha convertido hoy en una exigencia de los procesos de ajuste que deben realizar los pa¨ªses para asimilar las profundas reconversiones con que se enfrentan. El mundo econ¨®mico se caracteriza por una complejidad tecnol¨®gica creciente, cuya asimilaci¨®n por los colectivos sociales interesados requiere un aumento simult¨¢neo del grado de su propia complejidad organizativa.
Frente a la complejidad creciente de las nuevas tecnolog¨ªas y concepciones de la gesti¨®n econ¨®mica hay que incrementar la complejidad de los esquemas organizativos. En t¨¦rminos de organizaci¨®n social, mayor complejidad equivale a mayor participaci¨®n. Ninguna persona razonable puede concebir que sin un grado de participaci¨®n mucho mayor de lo que ha sido hasta ahora la regla puedan impulsarse los profundos ajustes en el sector agr¨ªcola, por ejemplo, que dimanan del final de un ciclo hist¨®rico de cultivos en el mundo desarrollado y de un cambio radical en la pol¨ªtica agraria de la CE.
Lo que es verdad en la gesti¨®n de proyectos econ¨®micos lo es igualmente en la gesti¨®n de proyectos pol¨ªticos. ?Puede alguien concebir que la asimilaci¨®n de las nuevas complejidades pol¨ªticas se efect¨²e adecuadamente sin un grado de participaci¨®n, por parte de los agentes directamente afectados, mucho mayor que en el pasado? Un proyecto complejo como el de la Uni¨®n Europea, por ejemplo, ha encallado transitoriamente por la falta de participaci¨®n pol¨ªtica de los ciudadanos en los mecanismos de decisi¨®n instrumentados, con caracter¨ªstica arrogancia, por los jefes de Gobierno de los pa¨ªses miembros de la Comunidad.
Mientras los cauces de participaci¨®n popular sean tan exiguos, y -como sugiero luego- tan opacos, dif¨ªcilmente funcionar¨¢ en Espa?a el proceso de asimilaci¨®n de las nuevas tecnolog¨ªas, reconversiones o proyectos de elevada complejidad. Como ya est¨¢ demostrando la pr¨¢ctica cotidiana, las grandes transformaciones pendientes, como el proyecto de Uni¨®n Europea, la reindustrializaci¨®n, o la reactivaci¨®n del medio rural, se ven seriamente obstaculizadas por la falta de participaci¨®n
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Gobernaci¨®n y representaci¨®n
Viene de la p¨¢gina anteriorciudadana, ejemplificada en el actual sistema electoral.
Los efectos del peso excesivo del criterio de gobernabilidad en detrimento del de representatividad se acent¨²an todav¨ªa m¨¢s para el colectivo de ciudadanos que reside en los grandes n¨²cleos urbanos. La exigencia de una representaci¨®n m¨ªnima inicial de cada provincia y la proliferaci¨®n del n¨²mero de circunscripciones con menos de siete esca?os otorgan una sobrerrepresentaci¨®n, a las poblaciones rurales con relaci¨®n a las urbanas, que va mucho m¨¢s all¨¢ de las consideraciones hist¨®ricas y de cohesi¨®n nacional que podr¨ªan ser justificadas. En estas circunstancias, es dif¨ªcil afirmar la observancia del principio constitucional que establece "criterios de representaci¨®n proporcional" para las elecciones.
Pero la reprobaci¨®n del actual sistema electoral tiene su argumento de mayor fuerza en la existencia de lo que algunos autores califican de voto no preferencial, el eufemismo para indicar que el sistema no toma para nada en cuenta las preferencias concretas de los votantes respecto a sus representantes, designados por los propios partidos pol¨ªticos. Los espa?oles se limitan a refrendar cada cuatro a?os una lista de candidatos elegida por las c¨²pulas de los partidos pol¨ªticos, sin que los electores puedan mostrar sus preferencias personales ni el orden de salida en la carrera electoral.
En medios jur¨ªdicos responsables se especula con la inconstitucionalidad del actual ordenamiento electoral y la supuesta contravenci¨®n del art¨ªculo 30 del Primer Protocolo del Convenio para la Protecci¨®n de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
El sistema de listas cerradas y bloqueadas impuesto por la ley refuerza los aparatos de los partidos hasta tales extremos que convierte en muy problem¨¢tica la observancia del art¨ªculo 6? de la Constituci¨®n. A los partidos pol¨ªticos, la norma constitucional les exige que "su estructura interna y funcionamiento deber¨¢n ser democr¨¢ticos". En cuanto al art¨ªculo 30 del protocolo, establece la obligatoriedad de elecciones, en condiciones que "garanticen la libre expresi¨®n de la opini¨®n del pueblo en la elecci¨®n del cuerpo legislativo". ?Es esta disposici¨®n compatible con el sistema de listas cerradas y bloqueadas? ?No es este sistema un mecanismo electoral que excluye cualquier camino para manifestar las preferencias personales de los votantes?
El encorsetamiento de la voluntad del votante en los r¨ªgidos marcos fijados por la actual normativa electoral podr¨ªa estar generando una din¨¢mica distinta de la prevista por el legislador. La imposibilidad en que se encuentra el elector de matizar m¨ªnima y cr¨ªticamente la oferta electoral que los partidos pol¨ªticos le ofrecen para su refrendo -sin poder alterar siquiera el orden de los candidatos- genera un voto resignado en el inicio del l¨®gico proceso de contestaci¨®n por parte del votante, que termina depositando el voto en la oferta pol¨ªtica alternativa cuando varias citas electorales le han convencido de que la ¨²nica manera de manifestar su desagrado parcial yace en el rechazo a la totalidad que supone votar a la oferta opuesta. En contra del dise?o inicial del legislador en favor del principio de la estabilidad pol¨ªtica, la ley actual podr¨ªa estar fomentando una estructura excesivamente estable en el corto plazo y sometida a vaivenes demasiado radicales en el largo plazo.
La reforma de la ley electoral no equivale a la reforma deseada de la manera convencional de hacer pol¨ªtica y ejercer el poder. La reforma de la ley electoral tampoco eliminar¨¢ los comportamientos an¨®micos caracter¨ªsticos de los periodos de transici¨®n e incertidumbre. La experiencia comparada en este campo tambi¨¦n demuestra que las modificaciones de las leyes electorales son lentas y exigen transacciones minuciosas entre los distintos poderes establecidos, as¨ª como entre ¨¦stos y los sectores m¨¢s innovadores de la opini¨®n. Pero ninguna de estas convicciones deber¨ªa servir para eludir las transformaciones que, a todas luces, la gente reclama: reducir la legi¨®n de votantes sin representaci¨®n y hacer algo de caso a los electores.
es eurodiputado y presidente de FORO.
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