Adi¨®s, corrala
Los vecinos denuncian que peligran 84 edificios catalogados del centro
![Ana Alfageme](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F9c68d2e5-1703-474b-a134-16b23abefee5.jpg?auth=5f59648e4b2b6fc4f430669d3b4c434e33164fb087b858e8b27e95e7f8671c6b&width=100&height=100&smart=true)
?Ha servido para algo proteger el casco hist¨®rico actual? El Plan Especial catalog¨® 3.000 edificios, pero no impidi¨® que el centro de la ciudad cambiara de cara. Llegaron las oficinas y arrinconaron a unos inquilinos cada vez m¨¢s viejos y pobres. Las asociaciones de vecinos denuncian que en el coraz¨®n de la ciudad hay 13.000 chabolas verticales y que la piqueta amenaza a decenas de familias que viven en al menos 84 casas sentenciadas a muerte.
Eduardo naci¨® hace 53 a?os en lo que fue un patio de caballos y es hoy la corrala de la calle de Carlos Arniches, en el Rastro madrile?o. Eduardo y su mujer, Alicia, viven en lo que ella llama una cueva: dos alcobas ciegas, balc¨®n y ventana a un patio y retrete colectivo. Eso les cuesta 11.000 pesetas al mes.La corrala, que se proyect¨® en el siglo XVIII, es el hogar de 23 familias. El escenario de los sainetes deja hoy ver los efectos de la ruina y la cochambre. Los vecinos son protagonistas de una lucha reivindicativa que tiene ya 12 a?os de historia.
En 1990, el Ayuntamiento rechaz¨® la petici¨®n de ruina del due?o porque el edificio se pod¨ªa arreglar. Entonces, el propietario acudi¨® a los tribunales y consigui¨® su prop¨®sito. Tiene en su poder, desde octubre de 1992, la declaraci¨®n de ruina. El documento implica que todos los inquilinos pueden ir a la calle y la corrala, catalogada en el plan Especial como un edificio de protecci¨®n integral, desaparecer.
El Ayuntamiento ha recurrido ante el Supremo, los inquilinos est¨¢n temblando y la Federaci¨®n Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) pide a gritos tres cosas: que intervengan el Ayuntamiento y la Comunidad, que alguna instituci¨®n restaure el edificio o que se le expropie al due?o por no conservar un bien de todos. Los vecinos amenazados han extendido una pancarta en los balcones y siguen en la lucha.
Ruinas judiciales
Nicasio Abramo, propietario del bar Chiky, en los bajos de la casa donde naci¨® Juli¨¢n Besteiro, entre la calle Mayor y la de Milaneses, 2, protagoniza una batalla similar. El edificio, catalogado como de protecci¨®n integral, empez¨® su cuesta abajo en 1977, cuando el Ayuntamiento inst¨® a la propiedad a reparar algunas deficiencias, especialmente las bajantes, recuerda Nicasio. "Pero nunca lo hicieron", afirma. El comerciante paga 11.000 pesetas al mes por el alquiler de su local.Desde 1986, los due?os quieren declarar la casa -de cuatro plantas y buhardilla- en ruina. Despu¨¦s de un largu¨ªsimo proceso, el Tribunal Supremo ratific¨® la declaraci¨®n de ruina y orden¨® el desalojo inmediato. "Fue el 3 de marzo y nos dieron 48 horas para marcharnos", explica Abramo.
Al menos, los pocos inquilinos que quedan -el due?o de otro negocio y un vecino m¨¢sser¨¢n o¨ªdos por un juez y, quiz¨¢, por el alcalde de Madrid. La cafeter¨ªa ha puesto unos cartelones con el lema de la FRAVM: ¨ªSalvemos el casco hist¨®rico!. Nicasio ha propuesto, incluso, pagar la rehabilitaci¨®n.
La corrala de Carlos Arniches y 5 y la casa natal de Besteiro no son casos ins¨®litos. Ahora mismo, y s¨®lo en el distrito de Centro, hay 84 edificios de m¨¢xima protecci¨®n que tienen abierto un expediente de edificaci¨®n deficiente, seg¨²n la FRAVM, y que pueden acabar declarados en ruina por orden judicial. "En cada casa viven, por t¨¦rmino medio, una diez familias. Son un mont¨®n de vecinos afectados", calcula Mar¨ªa Roces, la responsable de vivienda en la federaci¨®n.
"El Ayuntamiento no puede declararlos en ruina porque est¨¢n protegidos, pero aconseja al due?o que vaya por la v¨ªa judicial para conseguir la ruina", dice Mar¨ªa Roces. La portavoz vecinal calcula que cuatro de cada cinco contratos son de renta antigua y que la declaraci¨®n de ruina es el mecanismo que los caseros utilizan para desprenderse de sus inquilinos, derribar el edificio y especular..
"La cuesti¨®n es sencilla", asegura Roces, "el plan Especial del casco hist¨®rico catalog¨® muchos edificios, incluso por motivos sociales: son unos 3.000 de protecci¨®n integral. Pero luego lleg¨® el decreto Boyer, en 1985, y permiti¨® el cambio de uso del edificio". Eso empez¨® a mutar la atm¨®sfera de unas calles dise?adas como espacio residencial. "Las casas del centro se resienten. No es lo mismo vivir en ellas que usarlas como centro de trabajo. Por otro lado, los caseros prefieren tener oficinas que inquilinos porque pagan el triple".
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