IU pide al juez que ordene pruebas caligr¨¢ficas del quienes gestionaron el voto por correo del PP

La investigaci¨®n judicial sobre el fraude del voto por correo en Madrid est¨¢ llegando al formal del camino emprendido hace dos a?os por el juez encargado del caso, Rafael Mozo. Y antes de que su trabajo concluya para que se abra previsiblemente el juicio oral, Izquierda Unida -personada en la causa- ha anunciado que pedir¨¢ al magistrado una prueba caligr¨¢fica de las personas que gestionaron los sufragios postales en las ¨²ltimas elecciones municipales. Se trata de averiguar si sus escrituras coinciden con las de quienes falsificaron la firma del notario en la tramitaci¨®n de 3.400 votos.

Los testimonios de electores que ha recogido el juez indican que, presuntamente, tres miembros del PP imitaron la firma del notario Alberto Ballar¨ªn y votaron en lugar de varios miles de personas (la cifra no ha sido precisada). Los representantes del partido les invitaron a delegar en ellos la tramitaci¨®n del sufragio postal en las elecciones municipales de 1991, siguiendo los pasos previstos para las personas impedidas pese a que la mayor¨ªa de estos electores se encontraban perfectamente sanos. Y luego les pidieron que en lugar de su domicilio escribieran el de la sede del PP, a fin de que Correos les enviase all¨ª el certificado censal y las papeletas. Cuando estos papeles llegaron a G¨¦nova 13 alguien introdujo la documentaci¨®n, y los votos en los sobres y falsific¨® la firma del notario. Tambi¨¦n se falsificaron certificados m¨¦dicos que avalaban la supuesta enfermedad del votante. Finalmente, los voto fueron enviados a las urnas desde la sede del PP.Ballar¨ªn ya testific¨® en 1991 -tras revisar los documentos de las diligencias- que su firma figura falsificada en m¨¢s de 3.400 votos. Tambi¨¦n lo hizo, en parecidos t¨¦rminos, el m¨¦dico Fernando Vicente, cuyo nombre y n¨²mero de colegiado (el 96619) se emple¨® para el fraude. Izquierda Unida trata ahora de que, una vez probada la existencia de un delito de falsedad de documento p¨²blico, se averig¨¹e qui¨¦n lo cometi¨®. Hasta ahora han sido citadas a declarar como imputadas las personas que figuran en las diligencias en calidad de apoderados electorales del PP (Mar¨ªa Antonia Astudillo, Ricardo Hurtado, Cayetano Mesa y Mar¨ªa Asunci¨®n de la Pe?a).

Se rompe el secreto

La mayor¨ªa de los electores que han acudido ante el juez han testimoniado que, aunque no votaron pesonalmente, s¨ª quer¨ªan entregar su voto al PP. Por tanto, salvo algunos casos en que la suplantaci¨®n se ha de mostrado total, la voluntad pol¨ªtica del elector no parece conculcada generalmente. No obstante, IU entiende que el procedimiento empleado rompe la norma de que el voto es personal y secreto, y puede dar lugar a coacciones sobre los electores. M¨¢xime si se trata de personas de avanzada edad que residen en asilos o centros religiosos (en la sentencia dictada en Palencia, se dio por probado que "personas demenciadas" hicieron el tr¨¢mite del sufragio postal siguiendo las indicaciones de los miembros del PP).Izquierda Unida -representada por el abogado Juan Francisco Pla- pedir¨¢ tambi¨¦n al juez que llame a declarar a algunas de las personas cuyo voto fue suplantado totalmente, entre ellas una religiosa -Mar¨ªa de los ?ngeles Lumbreras- y el presidente de mesa electoral Pablo Juste (quien vio at¨®nito c¨®mo le llegaba un voto por correo que ¨¦l no hab¨ªa emitido, lo que permiti¨® demostrar el fraude y reforzar la investigaci¨®n).

No obstante, IU ha variado su estrategia en la instrucci¨®n del caso: en principio se dirig¨ªa a establecer la existencia de un delito electoral, pero el juicio de Palencia por un caso similar ha cambiado este criterio. El tribunal de la ciudad castellana declar¨® como hechos probados las irregularidades que relat¨® el fiscal, pero -tras condenar moralmente a las dos militantes del PP procesadas- dict¨® sentencia absolutoria por entender que este delito concreto no estaba tipificado penalmente en el momento de ocurrir los hechos (despu¨¦s, y a ra¨ªz de estos casos, s¨ª se especific¨® como tal).

El caso de Madrid, sin embargo, ofrece una caracter¨ªstica diferente: se falsific¨® la firma del notario. [En Palencia, el fedatario asisti¨® en los asilos al tr¨¢mite inicial de solicitud de voto postal -sin certificar el estado mental de los electores-, y posteriormente se produjo la suplantaci¨®n del votante. En Salamanca hubo igualmente una desviaci¨®n irregular de votos y suplantaci¨®n del e¨ªector en sedes del PP, pero el juez consider¨® que se trataba de "errores" sin intenci¨®n]. Por tanto, IU se encamina ahora a que se establezca judicialmente la falsedad del documento notarial, delito que s¨ª est¨¢ tipificado.

Negociaciones de PP

El partido Popular ha negado sistem¨¢ticamente que organizase las irregularidades en el sufragio postal. En los primeros momentos, Luis Eduardo Cort¨¦s, presidente del PP de Madrid, declar¨® que la denuncia era "una maniobra del PSOE y sus adl¨¢teres", y neg¨® incluso la falsificaci¨®n de la firma notarial. Recientemente, Alberto Ruiz Gallard¨®n, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, declar¨®: "Yo sigo creyendo, como me han dicho en mi partido, que no se ha hecho nada irregular". Actualmente, los representantes del PP en la causa han dirigido sus pasos a que el juez investigue tambi¨¦n los votos postales del PSOE.El supuesto fraude cometido en Madrid no tuvo repercusi¨®n -por 90 votos- en la adjudicaci¨®n de concejal¨ªas, si se tiene en cuenta el n¨²mero de falsificaciones reconocidas por Ballar¨ªn. En su denuncia inicial, el PSOE -que luego se retir¨® de la causa- cifr¨® los votos irregulares en 10.000, lo que s¨ª habr¨ªa influido en la adjudicaci¨®n de dos concejales (variar¨ªa la mayor¨ªa absoluta). No obstante, el Tribunal Superior convalid¨® los resultados de las elecciones.