Pol¨ªtica y ruinas

LAS OBRAS de restauraci¨®n del teatro romano de Sagunto son ilegales, seg¨²n una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Los jueces se acogen a una interpretaci¨®n de la Ley del Patrimonio Hist¨®rico Espa?ol, seg¨²n la cual las actuaciones en bienes de inter¨¦s cultural "s¨®lo podr¨¢n hacerse cuando se utilicen partes originales de los mismos y se pruebe su autenticidad". Los jueces se han inclinado, pues, por el principio de m¨ªnima intervenci¨®n para la salvaguarda de un monumento hist¨®rico, aunque la misma ley admite un resquicio: la posibilidad de a?adir materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, siempre que tales adiciones sean reconocibles y eviten confusiones mim¨¦ticas.Quiz¨¢ uno de los defectos mayores que han surgido en tomo a la discutida rehabilitaci¨®n fue el de situarla con presteza en el ¨¢mbito no de la est¨¦tica ni de la funcionalidad, sino de la pol¨ªtica local. Todo hace pensar que acometer unas obras de estas caracter¨ªsticas exigir¨ªa previa y prioritariamente un debate p¨²blico en el que el punto de vista de t¨¦cnicos y pol¨ªticos permitiera formarse una opini¨®n al ciudadano. El tema no era urgente ni sencillo. Ciertamente, un criterio radicalmente respetuoso exigir¨ªa dejar los restos del teatro romano casi como un descampado, pues han sido muchas las restauraciones, los retoques y los parches que las ruinas han soportado (s¨®lo en este siglo, cerca de cuarenta). Pero tambi¨¦n es cierto que la ciudadan¨ªa tiene derecho a conocer las razones que exigen rehabilitar un monumento -y no s¨®lo en los niveles ordenancistas o legislativos-, m¨¢xime cuando est¨¢ incorporado a los usos sociales y culturales, a su disfrute. Las connotaciones de despotismo ilustrado no son en absoluto paradigma de modernidad.

Naturalmente, la ausencia de un debate previo ha favorecido la dicotom¨ªa pol¨ªtica: un dirigente del PP provincial es el que ha plantado frente judicial, de tal modo que las opciones est¨¦ticas y culturales han aterrizado en afinidades partidistas: con la derecha o con el progreso. Cabr¨ªa preguntarse por qu¨¦ pas¨¦ sin grandes alarmas preventivas ni alegaciones la exposici¨®n p¨²blica y preceptiva que hizo la Generalitat del proyecto, pues en el caso del dirigente provincial s¨ª es exigible su conocimiento. De igual modo, resulta cuando menos sorprendente la rapidez de la Generalitat valenciana en difundir un manifiesto suscrito por un centenar de arquitectos y artistas en apoyo de las obras. Apenas pasaron unas horas desde que se conoci¨® la sentencia. La complejidad de la cuesti¨®n se ratifica por las opiniones de arque¨®logos, coincidentes con el criterio del manifiesto.

Lo importante ahora es que el debate tard¨ªamente abierto pueda proseguir y que la sentencia recurrible del tribunal valenciano no vaya acompa?ada de una orden imperativa de ejecuci¨®n, que supondr¨ªa demoler todo lo hecho. Hay suficientes argumentos para no anticiparse a la demolici¨®n de algo que puede tener una segunda rev¨¢lida, la de su resurrecci¨®n funcional. Argumentos que, no obstante, deben aclarar algunas preguntas, y entre ellas no es la menor la relativa al cumplimiento de la ley.