Luces y sombras
LA SENTENCIA dictada por la Audiencia Provincial de Bilbao en el caso Brouard no deja de constituir, al mismo tiempo, un triunfo y un fracaso de la justicia, como suele ocurrir siempre que tiene que enfrentarse a procesos en que aparecen dudas, sospechas o indicios que relacionan los hechos con el turbio mundo de los servicios. Triunfo por cuanto que, aun con retrasos y dificultades, siempre llega a tiempo de juzgar y de aplicar la ley; y fracaso por cuanto que es incapaz de someter a su veredicto todas las ramificaciones del hecho criminal. Buen n¨²mero de indicios y de sospechas queda difuminado en los folios del sumario sin posibilidad de convertirlos en pruebas y certezas.En el caso Brouard, este escenario ambivalente es m¨¢s visible que en otros casos semejantes. La sentencia es una confesi¨®n de la impotencia de los jueces para investigar en toda su extensi¨®n una realidad que intuyen, pero que finalmente se ha hurtado a su conocimiento. Los 5.000 folios del sumario y los casi nueve a?os de instrucci¨®n se han materializado en una sola condena: la de Rafael L¨®pez Oca?a, un antiguo confidente policial, como autor material -junto a otra persona de la que se desconocen todos los datos- del asesinato del m¨¦dico y dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard, el 20 de noviembre de 1984, en Bilbao. Un "escaso y menguado resultado", seg¨²n los jueces, sobre todo si el crimen tuvo un m¨®vil pol¨ªtico, como afirman.
De ah¨ª que el tribunal deduzca la existencia de otras piezas del rompecabezas que, aunque no hayan alcanzado el car¨¢cter de material probatorio, le dan verosimilitud: un plan preconcebido y acordado por terceras personas no identificadas, otros protagonistas con identidad y papeles desconocidos para el tribunal y, en definitiva, una historia m¨¢s completa que la que consta en el sumario. S¨®lo a un cuadro de tales caracter¨ªsticas podr¨ªan corresponder las pinceladas judicialmente probadas: que los autores materiales del asesinato actuaron como simples ejecutores y que el m¨®vil del crimen fue pol¨ªtico.
No es, en todo caso, un balance pobre el conseguido por la justicia en el caso Brouard. El que casi nueve anos despu¨¦s de cometido aquel asesinato alguien haya respondido penalmente de ¨¦l es un ¨¦xito indudable. Sobre todo cuando es fruto de una investigaci¨®n que ha estado sometida a numerosas vicisitudes entre los encargados de llevarla a cabo: el fiscal Valerio, primer representante del ministerio p¨²blico que actu¨® en el proceso, fue sustituido de manera poco clara cuando dirigi¨® sus pesquisas hacia determinados servicios de informaci¨®n del Estado, civiles y militares; la colaboraci¨®n policial en la instrucci¨®n judicial no ha sido f¨¢cil, y el sumario ha pasado por las manos de ocho jueces antes de darlo por concluido en 1991.
Ello explicar¨ªa, fundamentalmente, el claroscuro de su desarrollo. En primer lugar, una exasperante lentitud que tiene un efecto distorsionador sobre el pronunciamiento judicial: el tiempo de la justicia nada o poco tiene que ver con el de los hechos, de modo que se hace necesario un considerable esfuerzo para comprenderlos desde unas coordenadas temporales muy distintas a las de entonces (los tensos y oscuros a?os de la batalla contra el terrorismo y de la guerra sucia de los GAL). Y en segundo lugar, que s¨®lo uno de los posibles implicados haya respondido de sus actos y que el resto de la trama haya quedado embozado entre indicios y conjeturas. Pero, en cualquier caso, el juicio por el asesinato del dirigente de HB Santiago Brouard muestra una vez m¨¢s que la justicia no distingue entre las diversas formas de criminalidad por m¨®viles pol¨ªticos. Retrospectivamente, el caso Brouard ha puesto tambi¨¦n de manifiesto algo muy importante: la criminalidad que amenaz¨® con articularse como respuesta a ETA no acab¨® con el terrorismo, pero tampoco pudo truncar el imparable proceso de pacificaci¨®n de la sociedad vasca impulsado en los a?os siguientes desde sus sectores m¨¢s responsables y din¨¢micos.
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